Para la ciencia, 1% del PIB

En respuesta a la demanda de la comunidad científica en México, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología en el 2003, la cual prevía otorgar un presupuesto anual equivalente a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) antes de que concluyera el pasado sexenio.

A pesar de que esa medida fue elevada al rango de ley, ni los legisladores, ni el Ejecutivo, han contemplado ese incremento en el presupuesto de 2007, por lo que lejos de incrementar los recursos económicos a la ciencia y la tecnología, lo disminuyeron de 0.37% en 2006 a 0.35% el próximo año.

El otorgar 1% del PIB a ciencia y tecnología responde también a una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a sus miembros, con el fin de aumentar la competitividad e incrementar el bienestar de vida de las poblaciones en cada una de esas naciones.

Marco jurídico de Conaculta

A poco más de 18 años de haber sido creado por un decreto presidencial, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes carece aún de un marco jurídico que le otorgue una solidez legal, por lo que se convierte en uno de los grandes pendientes que deberán resolver tanto el gobierno federal como el Congreso de la Unión.

Antes de ser aprobado un marco legal, es preciso que los legisladores y el gobierno federal, con la participación de la comunidad artística, acuerden lo que quieren hacer del Conaculta: si se convertirá en una Secretaría de Estado o en un órgano desconcentrado de la SEP.

Ley de Clonación

La discusión que se mantiene en el mundo en torno de la manipulación genética con fines reproductivos o terapéuticos no es ajena a México, dado que uno de los grandes pendientes que en materia legislativa se tienen hasta el momento es la iniciativa de la Ley de Clonación, la cual está en espera en el Congreso de la Unión para su posible aprobación. Aunque diversas leyes en materia científica fueron aprobadas durante la pasada legislatura, la Ley de Clonación nunca pudo ser discutida en el pleno de la cámara por la oposición que han ejercido diversos grupos.

Pese a las protestas en su contra, la citada ley prohíbe la clonación con fines reproductivos y sólo estipula su uso con fines terapéuticos, es decir, técnicas para regenerar o crear órganos humanos, que actualmente de acuerdo con los científicos han obtenido excelentes resultados en algunas pruebas in vitro o con animales.

Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo

A poco más de un año de haber comenzado la polémica en torno del nombre del premio que otorga anualmente la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la representación legal de dicho reconocimiento confía en que a mediados del 2007 el ahora Premio FIL de Literatura recupere su nombre original de Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo.

José Luis Caballero, abogado de la asociación que otorga el galardón, ha interpuesto una contrademanda contra Juan Francisco Pérez Rulfo, uno de los herederos del autor del Llano en llamas y Pedro Páramo, quien se ha opuesto a que el reconocimiento que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lleve el nombre de Juan Rulfo.

Caso Dolores Creel

Uno más de los pendientes que heredó Sari Bermúdez a la actual administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es el caso de las irregularidades financieras encontradas en la desaparecida Unidad de Proyectos Especiales (UPX) de Conaculta, durante la gestión de Dolores Creel Miranda, hermana del ex secretario de Gobernación y actual líder de la bancada panista en la Cámara de Senadores, Santiago Creel.

En abril de 2005, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades que hacían presumir un daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de 633 mil 361 pesos, correspondiente a los recursos que se destinaron para la realización de la película en homenaje a Octavio Paz en la India, dirigida por Dolores Creel Miranda.

La auditoría realizada a la gestión de Creel como directora de la UPX, arrojó la necesidad de aplicar 17 acciones, de las cuales dos eran solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control para realizar las investigaciones y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo para fincar las posibles responsabilidades administrativas y sanciones.

A pesar de esa solicitud y de la denuncia que presentaron los diputados del PRD en la pasada Legislatura ante la Procuraduría General de la República por esas irregularidades, hasta el momento ni Conaculta ni la PGR han emitido ningún dictamen al respecto.