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abida.ventura@eluniversal.com.mx
En Nueva Zelanda, la Junta Maorí de las Artes (Te Waka Toi) lanzó desde hace más de 15 años la marca Toi Iho, una idea que nació desde 1936, cuando el líder y político maorí Āpirana Turupa Ngata planteó la importancia de crear una etiqueta de calidad y autenticidad para proteger las artes aborígenes de su pueblo.
Luego de décadas de discusión, la creación de esa marca legal comenzó en 1997 y tras años de elaboración y trabajo para lograr consensos, fue lanzada en 2002. Hoy, esa iniciativa que es reconocida como un modelo excepcional para los pueblos indígenas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es considerada la marca nacional de calidad y autenticidad para la cultura maorí.
“Los patrones y diseños particulares pertenecen a cada tribu. La apropiación indebida cultural es un problema crítico para nosotros. Lamentablemente, otros grupos culturales copian y venden descaradamente nuestras artes tradicionales y los productos se importan desde China, Taiwán, Corea. La marca indígena es una forma de identificar que los productos realmente son hechos por maoríes”, dice vía correo electrónico.
Estos modelos de certificación frecuentemente son citados como ejemplos de éxito por la OMPI para la protección del patrimonio y propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Sin embargo, según ese organismo internacional, su funcionamiento radica en gran parte en el nivel de organización y gestión de los artesanos y las comunidades interesadas.
Las marcas, un fracaso en México. En México, apunta el abogado José Manuel Hermosillo Vallarta, se han ensayado algunos modelos de marcas colectivas o denominaciones de origen, pero hasta ahora ninguno ha sido eficaz o suficiente para proteger la propiedad intelectual de productos identitarios o de las creaciones de los pueblos indígenas.
“México, creo yo, es el más desprotegido en cuanto a propiedad intelectual. Mientras que países como Francia, Italia y España tienen entre 700 o mil denominaciones de origen, o China, que tiene más de mil, México cuenta con apenas 16 y sólo funciona la del tequila. México es parte de convenciones internacionales o de instituciones mundiales para la protección de la propiedad intelectual, como la OMPI, pero las leyes en el país no las hacen valer. La prueba está en la cantidad de empresas que están apropiándose de figuras, ideas del arte popular que luego comercializan, y lo más triste es que no reconocen ni hay una sola cita al pie para decir de dónde se inspiran”, señala.
Por ello considera que la creación de marcas o certificaciones sólo funcionarían si se hace de una manera más estructurada. “Muchos dirán que cuesta caro, pero ¿quién es el rector de la cultura? el Estado, así que debería garantizar eso”, plantea el asesor e investigador jurídico en materia de cultura.
El abogado, junto con los gestores culturales Carlos Lara y Carlos Arturo Martínez Negrete, ha trabajado recientemente en una demanda legal que artesanos de Tenango de Doria interpusieron contra Nestlé por supuesto plagio de una serie de diseños de tenangos. Con esa comunidad también emprendieron hace unas semanas diversas denuncias en redes sociales de casos de apropiación; ante la presión mediática, Liverpool, una de las empresas señaladas por comercializar un modelo de tenis con tenangos estampados, retiró los productos de la venta y firmó un acuerdo de colaboración con la comunidad. Uno de los recursos que han usado en estos casos ha sido denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el despojo y apropiación de las creaciones indígenas como una violación de los derechos culturales, una vía que, según Carlos Lara, ha sido poco explorada, pero que ha empezado a dar frutos tanto en México como en otros países, como Guatemala.
Esta iniciativa, explica Sandra Xinico, una de las participantes en este movimiento, se da para frenar los constantes abusos de empresas de ropa y diseñadores de moda hacia el trabajo de las tejedoras, quienes incluso recibieron amenazas por parte de diseñadoras que les pedían derechos de exclusividad. “Tuvimos casos en que diseñadoras pedían a tejedoras no hacer réplicas o reproducciones de los tejidos que les habían vendido porque si no decían que podían ir a la cárcel; eso provocó que presentáramos ante la Corte una denuncia de inconstitucionalidad porque las leyes sobre protección de derechos de autor en Guatemala no incluyen la propiedad intelectual de los pueblos indígenas”.
Uno de los casos que ejemplifica esto, dice, son las bolsas Maria’s Bag, una marca creada por la ex miss Guatemala Alida Boer, quien usa diseños de huipiles guatemaltecos en costosas bolsas. En su publicidad, la firma suele promocionar los bolsos como productos hechos por manos de “Marías” de Guatemala, término que en ese país es usado para hablar de las mujeres indígenas. “Referirse a las mujeres indígenas como ‘Marías’ es una forma racista que persiste para despersonalizarnos, no es posible que marcas que se supone que promocionan y usan esos textiles entren en ese discurso”, dice.
Tras la audiencia con la CIDH, la asociación de tejedoras tiene esperanzas de que la ley que impulsan se concrete para tener, por fin, los instrumentos legales para decidir sobre el uso de su iconografía y sus textiles tradicionales.
En Colombia, de acuerdo con investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana, no hay normas jurídicas que protejan específicamente las creaciones artesanales colectivas.
Los investigadores, que han elaborado trabajos en torno a la protección de creaciones artesanales colectivas indígenas, consideran que una de las medidas que puede funcionar es otorgar a las comunidades autonomía para decidir libremente sobre la protección y uso de sus creaciones artesanales y su conocimiento ancestral, como lo han hecho artesanos del Pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, Putumayo. Este pueblo, explican, “ha construido la Autonomía Artesanal como un camino posible de defensa y protección del territorio simbólico, la vida de las comunidades y su dignidad”. En 2011, en un Manifiesto, declararon el carácter sagrado del conocimiento tradicional artesanal.
“Consideramos ese camino, el de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas una ruta efectiva para la defensa de lo propio, a- institucional, contra-hegemónico y emancipatorio”, señalan.
