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Dos siglos de libertad de imprenta en México

La Constitución de Cádiz marcó el primer paso para declarar este derecho cuya defensa se mantiene vigente
Miércoles 02 de mayo de 2012 Abida Ventura | El Universal
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La libertad de imprenta en México dio sus primeros pasos hace 200 años con la promulgación de la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812. En su artículo 371, La Pepa, como popularmente se le conoce, suprimió toda clase de censura hacia la libertad de imprenta, que por casi tres siglos había permanecido bajo las disposiciones de la Iglesia y la monarquía. A pesar de que su efectividad se logró hasta 1820, ya que Fernando VII la derogó en mayo de 1814, con la Constitución de Cádiz se abrió paso a un largo camino hacia la libertad de prensa.

En la Nueva España, respetar las disposiciones de este documento no fue nada fácil para unas autoridades que veían amenazados sus intereses. En este territorio, la Carta Magna estuvo en vigor del 30 de septiembre de 1812 al 17 de septiembre de 1814, pero en ese lapso fue suspendida por el virrey Francisco Javier Venegas.

Ya desde 1810, las Cortes Generales y Extraordinarias de España e Indias, que se reunieron en la ciudad de Cádiz, aprobaron decretos como el de la libertad de imprenta, que permitía la libre expresión de opiniones políticas a través de publicaciones. Aunque estos decretos eran válidos para todo el territorio español, incluyendo los virreinatos, en la Nueva España, el virrey Francisco Javier Venegas hizo caso omiso de las disposiciones porque temía que la libertad de expresión favoreciera a los insurgentes.

Sería hasta 1812 que la libertad de prensa se comienza a hacer evidente en Nueva España. Periodistas como Fernández de Lizardi y Carlos María de Bustamante comenzaron a valerse de esta norma para divulgar sus ideas políticas e impulsar la participación en los procesos electorales que se avecinaban. La influencia de sus textos fue tal que el virrey suprimió la libertad de prensa y emprendió una persecución en contra de Lizardi y Bustamante.

“Aunque exista libertad de imprenta en Cádiz y sea ordenada por el gobierno peninsular, aquí en la Nueva España no se va llevar a la práctica. El virrey argumenta que no es posible dada la existencia de la insurgencia y que no hay condiciones para decretar la libertad de expresión”, explica la historiadora y profesora de la Facultad de Filosofías y Letras, de la UNAM Cristina Gómez Álvarez.

Los beneficios de “La Pepa”

Una de las aportaciones de esta Carta Magna española es que puso fin a casi 300 años de torturas y censuras aplicadas por el Tribunal del Santo Oficio, que tenía entre sus funciones controlar la producción y circulación de libros y toda clase de escritos.

Desde el siglo XVI y hasta el XIX cientos de escritos fueron vetados por rígidas medidas de control. Los lectores y autores de las obras prohibidas eran amenazados con el castigo de la ex comunión y penas monetarias.

Gómez Álvarez explica que en los tres siglos en que predominó el Tribunal del Santo Oficio la censura hacia las publicaciones se dio de dos formas: la censura previa, es decir que para publicar un impreso se necesitaba la licencia de la autoridad correspondiente, y la censura represiva, la prohibición de libros y textos considerados por la Inquisición como peligrosos por su contenido o temáticas opuestas a los ideales monárquicos y religiosos.

El historiador José Abel Ramos Soriano, autor de Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España (1571-1820) (FCE/ INAH), en el que documenta el control que la Inquisición ejerció en la producción y circulación de los impresos, coincide con Gómez Álvarez al asegurar que la censura, que ya había tenido una época enérgica en la Contrarreforma en el siglo XVI, se incrementó más durante la Revolución francesa en el siglo XVIII, época de la Ilustración.

“A partir del siglo XVIII, los edictos promulgados por el Santo Oficio se convierten en largas listas de obras que no deben ser leídas. Es la época de la Ilustración, los filósofos franceses están produciendo a grandes cantidades. La actividad de la Inquisición por reprimir la lectura de libros aumenta de manera muy notoria. Aumentan también las denuncias de que libros de este tipo andan circulando en la Nueva España”, asegura el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, cuya investigación se basa en los documentos inquisitoriales que resguarda el Archivo General de la Nación (AGN).

Gómez Álvarez, autora de Navegar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España (1750-1820) (Trama/UNAM), donde indica que a pesar de las medidas de censura, España encontró en Nueva España un buen mercado para la venta de libros, comenta: “En los 300 años va cambiando el tipo de censura que ejerce la Inquisición. Van modificándose las lecturas que se consideran peligrosas para los intereses de la monarquía. En el siglo XVIII Lutero ya no tiene importancia, son otros los libros prohibidos; se comienza a prohibir todo aquello que genera la Revolución Francesa, que exige luchar por una sociedad con privilegios, igualdades y libertades”.

Por su parte, Camilo Ayala Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, comenta que aunque en los libros había un control muy fuerte, poco a poco fue cediendo. “Tan es así que la figura de Carlos de Sigüenza y Góngora, en el siglo XVI, no la podríamos entender sin cierta tolerancia”, dice. En el periodismo, añade, hubo mayor libertad: “Había hojas sueltas desde principios del siglo XVI donde hay poemas, picaresca e incluso, en el siglo XVIII, crítica social, como es el caso de El Negrito Poeta”.

Un nuevo panorama

La influencia de La Pepa fue tal que influyó en las propuestas de los insurgentes como José María Morelos y Pavón, y los diputados del Congreso de Anáhuac, que retomaron algunas de las ideas plasmadas en sus páginas al redactar los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán, entre otras la libertad de expresión. Para 1821 el panorama había cambiado, las imprentas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Mérida, Guadalajara ya comenzaban a publicar opiniones políticas.

“Con la Independencia muchas cosas cambian y una de las banderas de los movimientos independentistas es precisamente la libertad de expresión”, comenta Ramos Soriano.

Poco a poco, los intelectuales comienzan a defender sus derechos de libertad de expresión. Uno de ellos, destaca la investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, María Teresa Camarillo Carbajal, es Pablo de Villavicencio González, mejor conocido como El Payo del Rosario, que en 1923 se enfrentó al gobernante de la época porque prohibió el voceo de periódicos. “Se inconforma contra la medida gubernamental, dice que eso es un atropello a los papeleros y a la ‘libertad de palabra’, y hace una defensa lúcida, oportuna y hasta picaresca: argumenta que si en la ciudad de México el amanecer es un concierto de gritos, por el que vende tamales, el que vende pájaros, por qué los periódicos no se venderían de igual manera”, comenta.

Poco a poco, la libertad de imprenta promulgada por la Constitución de Cádiz se abría paso entre una avalancha de medidas restrictivas, algunas más severas que otras. Primero con la Constitución Federal de 1824, que protegió la libertad política de imprenta; luego la consignación en su artículo 6to de la Constitución de 1857 de la libertad de expresión, hasta que en la Ley de Imprenta de 1917 de Venustiano Carranza, se sientan las bases jurídicas de la libertad de imprenta.

Pese a que las bases jurídicas de la libertad de imprenta están plasmadas en la Constitución vigente, su aplicación sigue siendo arbitraria, comentan los historiadores:

“Ahora se supone que hay libertad de expresión y que la gozamos completamente, pero vemos que la censura se sigue ejerciendo de una manera u otra. Una característica fundamental es que durante la Colonia la limitante para escribir, para trasmitir las ideas, está establecida, hay una institución, un tribunal dedicado a eso, con reglas claras. Después se habla de libertad de expresión, pero sigue la censura, sigue ahora y viene desde tiempos antiguos, por parte de gobiernos autoritarios”, opina Ramos Soriano.

“Aunque la ley establece que hay libertad de expresión, hay muchas maneras de acallar. En este último sexenio vemos cómo han sido silenciado y cómo han sido asesinados diversos periodistas, rebasan los 20, son ya casi 30. Y esa es otra manera de reprimir”, advierte Camarillo Carbajal.



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