Alfonso de Maria y Campos, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, está renunciando a la capacidad jurídica del instituto, como órgano desconcentrado de la SEP, al decir que éste sólo puede emitir dictámenes u opiniones técnicas en torno del concierto de Plácido Domingo, que se pretende hacer en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Así lo dijo el investigador Bolfy Cottom, al cuestionar la posición de la dirección general, y lo expresado por el titular de Difusión del INAH, Benito Taibo, respecto de que la SEP tiene la última palabra frente al tema.

“Si aceptamos las palabras del director —algo nunca dicho en los 70 años del instituto—, es como aceptar que el INAH pierde su autonomía y se convierte en un departamento dependiente de la SEP. Así, todo lo que se refiere a preservación del patrimonio lo tendría que resolver la SEP”.

El especialista en legislación cultural señaló que sí es importante celebrar los 20 años de la declaratoria de esa zona como Patrimonio de la Humanidad, pero cuestionó el método:

“Cuando se redactó la ley de Bienes Nacionales se planteó que esos bienes no podían usarse como escenarios, porque eso contraviene su dignidad cultural, porque tienen un sentido en sí mismos, no se necesita de un show para que se les conozca”.

Cottom recalcó que no se puede perder de vista que el INAH es el que tiene las funciones de protección, preservación, investigación de los monumentos y zonas arqueológicos.

“El asunto es serio si el instituto lo que quiere ahora es echarle la pelota a la SEP que, en estricto sentido no le toca resolverlo. Aseguró que el concierto contraviene el “uso común” que plantea en la legislación y que, además, no se pueden desconocer voces de especialistas en la materia. “La opinión del Consejo de Arqueología es especializada, es la que le da todos los elementos técnicos. Señaló ya varios, y no por capricho sino porque hay un perjuicio a la estructura”.

A pregunta expresa acerca de a dónde va este debate, Cottom dijo: “Vamos al terreno político y al económico. Si esta dimensión del estado de derecho no funciona es porque son otros los criterios que están orientando el funcionamiento de las instituciones”.

“El turismo cultural, que es relativamente nuevo, ha desplazado las atribuciones de las instituciones culturales y sobrepone las de la Secretaría de Turismo, en el afán de que, a como dé lugar, hay que obtener divisas. El servicio de estos bienes tiene que ver con el turismo, es claro, y tiene una función educativa, que busca que se informe, capacite a la gente en el conocimiento de las culturas y de la historia. El problema es que no ha habido capacidad o voluntad para que ese modelo de turismo sea construido de manera coordinada y respetuosa entre instituciones de cultura —que deben establecer las bases—, y los proyectos de la Secretaria de Turismo.