yanet.aguilar@eluniversal.com.mxEl argumento por el que se negó la inscripción en letras de oro del nombre de Octavio Paz en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados hubiera evitado que el nombre de sor Juana Inés de la Cruz ingresará en abril de 1995, porque en el siglo XVII, cuando ella vivió, no existía siquiera la idea de un Estado Mexicano.
La razón que esgrimieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, es que “Octavio Paz no colaboró en la construcción del Estado mexicano”, pero tampoco lo hicieron personajes como Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl o Margarita Maza de Juárez.
La historiadora Patricia Galeana asegura que la falta de una norma que otorgue las bases a los legisladores para incluir o no a tal personaje o cual institución, reduciría las polémicas y evitaría que la inclusión, o no, en el Muro de Honor, estuviera determinada por los criterios personales de los legisladores. “Si vamos a ser objetivos, el Estado mexicano no existía en el siglo XVII, por lo tanto sor Juana Inés de la Cruz no estaría; pero como no es un reglamento puede variar de acuerdo a las interpretaciones que le de cada legislatura”, señaló la historiadora, a cargo de las celebraciones del Senado de la República por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.
Sin embargo, no le cabe duda que la llamada Décima Musa trascendió las fronteras de la Nueva España y que es fundamental para la literatura de habla hispana.
En el caso de Margarita Maza de Juárez, dijo que si bien ella no era parte del aparato institucional que luchó por el establecimiento de la República y la defensa de la soberanía nacional contra la intervención francesa, su papel no se limitó como esposa y madre. “Fue una mujer que contribuyó con acciones políticas y diplomáticas, función poco conocida”.
El problema es de raíz. No hay una norma o reglamento que sirva de base para elegir a los personajes o instituciones que han hecho alguna contribución al Estado mexicano. Si antes la inclusión en letras de oro era un mandato o propuesta del presidente, hoy es tarea de los legisladores. Uno de ellos encabeza la iniciativa, expone sus argumentos en una sesión plenaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara, la propuesta entra a discusión y los diputados aprueban el ingreso por decreto y lo publican en el Diario Oficial de la Nación, o emiten un dictamen en el que esgrimen los argumentos de su negativa.