Consideran que la discusión no está acabada y que es factible apostar por una iniciativa que atienda aspectos que el precio único no resuelve por sí solo, como beneficios para los autores, la protección a la propiedad intelectual, tarifas postales preferenciales y apoyos para traducciones, entre otras medidas que existen en países donde aplica la norma del precio único y que inciden en forma importante en la cadena de producción del libro.

Convocados por EL UNIVERSAL para participar en un foro sobre esta legislación, acudieron Jorge Velasco, director general de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos; María Ortega, del Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa; Paloma Saíz, promotora del programa Para leer en libertad; el periodista y escritor Humberto Musacchio y el economista Ernesto Piedras.

Asimismo, el escritor Alberto Ruy Sánchez; Henoc de Santiago, presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos; Tomás Granados, editor de Hoja por Hoja; el priísta Alejandro Sandoval, ex asesor de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, e Inti Muñoz, ex legislador perredista de la Comisión y Cultura de la Cámara de Diputados, algunos de los cuales firmaron hace unos días un desplegado en favor de la ley.

La Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro fue vetada el pasado 1 de septiembre y será en esta 60 Legislatura cuando vuelva a ser evaluada por las cámaras de Diputados y Senadores a partir de las observaciones que realizó el presidente Vicente Fox con respecto al punto de establecer un "precio único", al considerar que "suprime la libre competencia y los incentivos a la reducción de costos de distribución, por lo que los consumidores se verían afectados al no poder acceder a precios menores".

El futuro de la ley está en manos de los legisladores, quienes podrían enterrarla en los próximos días o aprobarla tal y como está, haciendo caso omiso de las recomendaciones del primer mandatario.

En todo caso, hay quienes creen que se podría optar por una nueva legislación, que elimine la medida del precio único, como Eduardo Pérez Motta, quien hizo la recomendación del veto al presidente de la República.

El presidente de la Cofeco dijo que el precio único "no es la norma internacional" y que en lugar de esta medida "se puede impulsar la creación de más bibliotecas públicas, subsidios directos a lectores, nuevos métodos de entrega, exenciones de impuestos, asesorías para eficientar la cadena de distribución, mecanismos de promoción, asesorías empresariales a pequeñas librerías, promoción de redes de librerías independientes y fomento a medios alternativos de distribución".

Por su parte, Alberto Ruy Sánchez aclaró que la ley "no está buscando una reivindicación gremial para robarle el descuento a los libros, como se ha querido pintar" y que todos los que apoyan esta iniciativa "estamos buscando la mayor ventaja para el lector y para eso tenemos que acabar con los precios inflados".

Mientras que el economista Ernesto Piedras habló de la necesidad de redimensionar al libro más allá de lo únicamente cultural, y de "reconocerle esos atributos económicos" por eso, dijo, "es importante hablar de economía de la cultura y de políticas públicas, integrales para la cultura, salir de ese enfoque caritativo que se le ha adjudicado a la cultura, para ver su contribución productiva".