Su argumento fundamental es que "la Comisión tiene el mandato legal de hacer cumplir el artículo 28 de la Constitución". Es el artículo que prohíbe los monopolios, del cual cita fragmentos que le sirven para desarrollar su explicación. Lo que no cita es el fragmento que la deja sin fundamento: "Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras".

La Constitución reconoce una serie de monopolios que no deben considerarse tales, para efectos del artículo 28: la acuñación de moneda y la emisión de billetes, los servicios de correo y telégrafos, el petróleo, la electricidad, las patentes, la producción de obras autorales, etcétera. Estas excepciones no pueden ser ignoradas. Si la Constitución prohibiera el monopolio autoral, los editores pirata tendrían derecho de competir con precios más bajos.

Es un hecho que los piratas venden más barato. ¿Por qué no se aboga, entonces, en defensa de la piratería, y en beneficio inmediato de los lectores? Jurídicamente, por el artículo 28. Económicamente, porque los beneficios inmediatos son engañosos. A largo plazo, la piratería no beneficia a los lectores: destruye una buena parte de la oferta, desanimada por la competencia desleal. Los lectores que, por lo pronto, pagan menos, están de hecho subsidiados por los que pagan más. Pero éstos van desapareciendo, hasta que la situación se vuelve insostenible.

Sucede lo mismo con los descuentos artificiales que ofrecen algunas librerías. Están de hecho subsidiados por los lectores que compran en otras librerías, mientras queden suficientes. Pero, a medida que esos lectores se vuelven menos, la situación se vuelve insostenible. Las otras librerías van desapareciendo, lo cual es precisamente lo contrario de favorecer la competencia, y no le conviene al público lector.

Pérez Motta cree que la discusión sobre el precio fijo del libro debe apoyarse en la "evidencia empírica", pero no presenta ninguna. ¿La Cofeco ha hecho estudios sobre las diferencias en descuentos que los editores conceden a las librerías que están en la misma ciudad? ¿Ha hecho estudios sobre los abusos cometidos por los editores cuando existió de hecho en México el precio fijo en libros? Ahora que existe el precio fijo en los periódicos, ¿ha hecho estudios sobre los daños que esto causa a los lectores? ¿Está actuando para acabar con semejante abuso contra los lectores de periódicos?

Ojalá que Eduardo Pérez Motta nos presente mejores argumentos.

*Poeta y ensayista