Es de agradecerse su súbita disposición al diálogo, por lo que conviene aprovechar que, por unos instantes, no habrá tapones de cera que excusen a sus miembros de oír el canto de las sirenas culturales. Estoy seguro de que el herramental económico y jurídico, al que son tan afectos, puede servir para convencer a los propios comisionados de competencia.

Tiene razón la Cofeco cuando enarbola el artículo 28 de la Constitución como cimiento de su accionar. Pero hace una lectura sesgada de ese ordenamiento -que es excesivamente amplio, pues también reserva para el estado algunas "áreas estratégicas" y establece las bases del banco central-, el cual especifica que no "constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras", de donde se deriva la Ley Federal del Derecho de Autor. Las industrias culturales son, así, una excepción expresa a la prohibición de monopolios en nuestro país, pues se busca arroparlas con un derecho que equilibre los intereses de la sociedad y los de los autores. Parafraseando a la propia Cofeco: no es excepción cultural, es la Constitución.

Es casi una obviedad afirmar que la industria editorial sí es diferente de casi todas las demás, y no me refiero a sus méritos intelectuales sino a su naturaleza operativa y comercial. No es que haya más pureza o más altruismo, como sugiere con sorna la comisión. Lo que hay es un conjunto de características que distinguen, dificultándolo, el funcionamiento de esta industria. Tómese en cuenta, por ejemplo, que el número de nuevos productos anuales supera el de casi todas las demás industrias -salvo, acaso, la de la música-: en 2004, por citar los datos más recientes del gremio, en México se publicaron más de 14 mil novedades; y no nos torturemos sumando las eventuales importaciones españolas (de entre un total de más de 77 mil obras nuevas que en ese año aparecieron en la península) o argentinas (que superaron los 18 mil títulos), por mencionar únicamente a los dos colosos en nuestro idioma. Y no sólo eso, sino que los "productos antiguos", o sea el fondo editorial, son esenciales para la supervivencia tanto de las editoriales como de las librerías, rasgo impensable en el negocio automotriz o el de la moda. Además, a diferencia de las frutas en el supermercado, por dar un ejemplo, los ejemplares suelen estar en consignación en el punto de venta -el librero sólo "presta" al editor el espacio de exhibición-, lo que enturbia la información que los productores reciben sobre las preferencias del mercado.

Encima, el libro requiere algo que el productor no puede ofrecer: alfabetización y hábitos de lectura, que hoy nos parecen ya una inobjetable, aunque incumplida, responsabilidad del estado. Y por si aún no quedara claro que la industria del libro sí es diferente, agréguese el hecho de que el Estado es su principal actor, como productor y como consumidor: de cada dos libros impresos en México, poco más de uno sale de las prensas estatales. Podríamos abundar en el ambiguo carácter del libro, que es a la vez un bien público y un bien privado, o en el arduo proceso por el que se busca convencer a un lector para que compre una obra -casi tan arduo como si enfrentara una decisión de compra en materia de tecnología-, pero me parece que con esto es suficiente para mostrar las diferencias de la industria editorial en tanto industria.

Es plausible, por otro lado, que la Cofeco se esfuerce al máximo -hemos de reconocer que no con mucho éxito- por limitar la concentración de mercado, como se precia de haber hecho a propósito de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Uno de los mejores efectos del sistema de precio único es precisamente frenar la tendencia a la concentración que vivimos en el mundo del libro. Cuando se trata de competir sólo con armamento monetario, quien lleva las de ganar es el que posee la cartera mejor blindada, no el que puede echar mano de la panoplia cultural, que en el caso de las librerías es la calidad del servicio, la imaginación para construir una oferta editorial con propuesta, la paciente erudición de quien elige las obras para su público. Sin reglas que privilegien el componente cultural del comercio de libros, seguirán desapareciendo los editores y libreros que, aun logrando "trabajar con mayor eficiencia, reducir sus costos y transmitir esos ahorros a sus clientes", no puedan resistir los embates de los grandes corporativos. El resultado será que habrá cada vez menos actores, tanto en la producción de libros como en su venta al público. En consecuencia, al oponerse al sistema de precio único, la Cofeco está incumpliendo su mandato de mitigar la concentración de mercado.

No hay aquí espacio para extender la discusión hacia nociones como capital cultural o diversidad bibliográfica, otras dos piedras de toque del sistema de precio único. Cerremos estas cavilaciones con una nueva consulta a nuestra carta magna, esa remota fuente de sabiduría. El ya muy citado artículo 28 prevé que "las leyes fijarán bases para [.] imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos [se refiere a ´los que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular´], a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios". El sistema al que se opone la Cofeco es una de estas modalidades, aunque es fácil imaginar su arrogante negativa a asignar al libro el rango de bien necesario para el consumo popular. Por último, la Constitución prescribe: "La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses".

El mejor cuidado de esos intereses no significa que unos pocos lectores -los que frecuentan las librerías de descuento- puedan comprar unos pocos títulos -los de mayor rotación- a precios muy favorables, como ocurre hoy; los intereses del lector incluyen los económicos; pero van más allá. En ello está el interés público.

*Matemático, escritor y editor