Hace unas semanas se destrabó en el Consejo Coordinador Empresarial y en el Congreso la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Su fin? Fortalecer las facultades de la Comisión Federal de Competencia (CFC), a través de mayores sanciones, mayores facultades de comprobación y que sus opiniones sean vinculantes, fundamentalmente. Examinemos cada una de ellas.

Mayores sanciones: esto obedece a la visión económica del derecho que reduce a la ley de la oferta y la demanda la comisión de sanciones (si aumentó la penalidad, que ya era alta, disminuyó el número de infracciones). Pero creemos que el problema no va por ahí. Falta fundamentar y motivar bien las sanciones, llevar a cabo mejor los procedimientos y perseguir a los peces "gordos", no a "pescaditos".

En segundo lugar: mayores facultades de comprobación, otorgando la facultad de realizar visitas de inspección a los particulares. Esto lo consideramos acertado, pues -por experiencia propia- no se podía sancionar a las empresas monopólicas por falta de proporcionamiento de la información. Una atribución de facultades similares a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales iría en la línea de lo perseguido.

Sin embargo, el otorgamiento de este tipo de facultades hace más vulnerable a la Comisión al tener que llevar a cabo mejor sus procedimientos, con la posibilidad de anularlos por violación de la garantía de legalidad y al derecho a la intimidad. Que tenga cuidado en el ejercicio de tales facultades a la CFC.

Que sus opiniones sean vinculantes. Antes no lo eran. Esto, sin embargo, considera a la CFC -que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, no lo olvidemos-, como un órgano por encima de las dependencias de la administración pública federal. Y esto nos coloca en el quid de la cuestión, que no se ha tocado en la reforma -razón por la cual ésta se ha quedado en la periferia.

La CFC no puede ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Por su naturaleza y funciones específicas: velar por el cumplimiento de la democracia en la economía, su función se parece más a lo que se llaman organismos públicos autónomos, como Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFE. Estos órganos no dependen propiamente de ninguno de los tres poderes, son -como su nombre lo indica- autónomos, por lo que no dependen de cuestiones políticas o de intereses empresariales. Haría falta volver a la CFC un organismo público autónomo -no sé si le dolería a AMLO, que busca aprovechar todos los resquicios de poder-, con facultades de un verdadero tribunal, como el Federal Electoral.

A lo anterior habría que añadir una tropicalización de la Ley Federal de Competencia -copia de la ley americana-, con un sistema de corte anglosajón, para un país de tradición romanista como el mexicano, razón por la cual, en más de 10 años de política de competencia en México, ésta ha sido muy exigua en sus resultados

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