Algunos lectores encontraron motivos para escribirme y compartir sus puntos de vista al respecto. Varios me dicen que los aborígenes reciben apoyos y subsidios multimillonarios por parte del gobierno, lo cual los induce al alcoholismo y la haraganería. Otro lector me reprocha amablemente el uso de la palabra “aborigen”, que él considera peyorativa y también que no me ocupe de los relatos de las “víctimas”, que me imagino entre comillas para mostrar su escepticismo sobre lo por ellos sufrido.

Transcribo a continuación uno de estos comentarios: “El índice de alcoholismo entre este grupo de canadienses es alarmante. El dinero que el gobierno les otorga, sin límites y sin impuestos, les ha resuelto la vida económicamente. Tienen casa y todos sus gastos pagados. No tienen otro aliciente. ¿Para qué trabajar si pueden ir a pescar? ¿Para qué estudiar si se pueden ir a pescar? El alcohol se consume con exageración desde temprana edad y como consecuencia, la tentación surge de experimentar con otras substancias estimulantes. El daño cerebral sufrido durante la gestación cuando la madre ingiere alcohol o drogas, es irreparable y cada vez más prevalente (sic). Esto provoca retraso mental y problemas de aprendizaje que, una vez más el gobierno tratará de enfrentar en el sistema de educación pública, financiado por los que trabajamos y pagamos impuestos. Oportunidades de trabajo, abundan en este país. Para quien quiere trabajar.”

Entiendo, aunque no comparto los argumentos de quienes han logrado, con su esfuerzo, construirse una vida digna y decorosa en Canadá. Si bien esa nación es efectivamente un crisol de culturas y nacionalidades, ejemplo en muchos sentidos de lo que una mente abierta y sin prejuicios puede lograr para absorber a sus inmigrantes respetando sus costumbres, es cierto asimismo que en Canadá los pueblos originarios no encontraron de parte de los colonizadores esa misma apertura y flexibilidad que, con el paso de los años, ha hecho de esa nación un auténtico paraíso para los recién llegados.

Los testimonios de quienes padecieron el sistema de las “escuelas residenciales” son desgarradores no sólo por los abusos individuales sino porque reflejan lo que fue una política de Estado que buscaba la asimilación forzosa de un sector de la población cuyo único pecado consistió en llegar antes que los colonizadores.

En documentos de la época queda de manifiesto el profundo desprecio de la clase gobernante por los indígenas, a los que había que “civilizar” haciéndoles olvidar sus raíces y costumbres, sus idiomas y creencias. Esta perversa lógica fue “hay que matar al indio (es decir a lo indígena) para salvar al hombre”, según decía Henry Pratt por ahí de 1879, mientras que años más tarde el encargado del Departamento de Asuntos Indígenas, Duncan C. Scott, hablaba de “acabar con el problema indígena... hasta que no quede uno solo que no haya sido integrado”.

Es loable, sin duda, el reconocimiento que de sus responsabilidades hace el gobierno canadiense y la unanimidad con que la clase política asumió el mea culpa que pretende ser nacional. Vendrá ahora un largo y doloroso proceso de cicatrización que naturalmente comenzó con el acto oficial y que seguirá con los trabajos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo mandato no será fácil si algunos persisten en querer negar la existencia de un “problema indígena”.

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