La verdadera reforma estructural, la única que puede marcar un quiebre definitivo, no es la fiscal, ni la del sistema de justicia penal, ni la laboral; es la educativa. El sistema educativo presenta déficit y anacronismos que tienen múltiples impactos en la vida social, en la esfera productiva y en el bienestar de las personas y sus familias.

La educación que reciben niños y jóvenes no está a la altura de los retos del país. Las deficiencias son evidentes y hacen imperativo revisar la educación desde sus cimientos. Pero la transformación de gran calado que demanda la sociedad mexicana, la revolución de contenidos y métodos de estudio que responda a los estándares de excelencia de la sociedad del conocimiento, solo podrá realizarse si todos —gobiernos, sociedad organizada, empresarios, académicos, políticos, padres de familia y relevantemente los maestros y su organización sindical— se comprometen a elevar la calidad de la educación y fortalecer la escuela pública.

La Alianza por la Calidad de la Educación tiene objetivos ambiciosos y extraordinariamente complejos: reformar el contenido curricular de la enseñanza básica; mejorar sustancialmente la formación de profesores y reformular los programas de superación académica y profesional del personal docente; garantizar que el acceso y la promoción de maestros y personal directivo sea producto de rigurosos mecanismos de concurso y selección; consolidar en el mediano plazo un auténtico Sistema Nacional de Evaluación Educativa autónomo, integral e imparcial; impulsar la participación de padres de familia y sectores académicos mediante la fórmula de los consejos escolares en cada plantel, entre los puntos más destacados.

Todo esto, sin olvidar las asignaturas pendientes y las nuevas exigencias del sistema educativo: rezagos en materia de infraestructura y acceso de toda la población en edad escolar a los niveles de primaria y secundaria; dotación de equipos de informática y nuevas herramientas tecnológicas para la enseñanza; atención especial a los problemas de bajo rendimiento en la educación bilingüe y la telesecundaria; respuesta planificada a la creciente demanda en los niveles de secundaria y bachillerato que atienda las modificaciones de la pirámide demográfica…

Durante los últimos lustros, el SNTE se ha llevado la peor parte en el reparto de culpas, salida fácil que parece ignorar que no es competencia del sindicato la formación del personal docente, ni la puesta al día de los programas de superación y actualización magisterial, ni los contenidos y programas en las escuelas.

Con esta alianza, el SNTE se compromete, no es poca cosa, a no obstruir ninguna de las reformas necesarias para elevar la calidad de la educación, a asegurar que quienes presten el servicio educativo sean los mejores y resulten seleccionados mediante la aplicación de exámenes de oposición, a favorecer que la evaluación sea parte del proceso educativo pero que sea integral y analice todos los factores de los que éste depende.

Los propósitos de esta alianza encaran obstáculos mayores tanto en el gobierno (el compromiso interinstitucional, la asignación presupuestal que requiere su aterrizaje) como dentro del propio sindicato por una burocracia que durante mucho tiempo se ha beneficiado del comercio de plazas.

Por ahora, la alianza es sólo una promesa; para ser realidad deberá cumplirse paso a paso, con responsabilidad compartida, verificada por la sociedad. No se valen las descalificaciones a priori. Lo central será evaluarla, como dijo el presidente Felipe Calderón, por “el impacto que tenga en la calidad de la educación de los mexicanos”.