La decisión —parece ser el mensaje de Hacienda y de Presidencia— es de los estados: ¿quieren excedentes petroleros?, apoyen la aprobación de la reforma. Si no, paguen la factura en las campañas del próximo año

En un acto casi de prestidigitación, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció —cual mago que enseña la chistera vacía— que se acabaron los excedentes petroleros y que la caída de la plataforma petrolera dejó al gobierno federal sin los millonarios recursos extraordinarios por el aumento en los precios del petróleo. La noticia cayó como balde de agua fría entre gobernadores, congresistas y líderes políticos de oposición, que ya esperaban, casi frotándose las manos, el reparto de un pastel que algunos calculan hasta en 31 mil millones de pesos.

Justo en el momento más candente del debate sobre la iniciativa petrolera, y cuando la percepción en la opinión pública indica que el gobierno y el PAN van perdiendo en la confrontación de argumentos a favor y en contra de las reformas a Pemex que propone el presidente Felipe Calderón, Hacienda se sacó de la manga un anuncio que desató ya un jaloneo por el reparto cancelado de los ingresos extraordinarios por la venta de petróleo.

Los gobernadores fueron los primeros en saltar ante el anuncio de Hacienda. El veracruzano, Fidel Herrera, acusó de “opacidad” al secretario Carstens y exigió que se diga claramente el destino de esos excedentes y por qué se terminaron. Desde el Congreso, priístas y perredistas lanzaron amenazas de auditorías a la SHCP, y hablaron de una “misteriosa desaparición de los recursos”. Curiosamente, ningún panista, ni gobernador ni congresista, se ha quejado al respecto, y varios blanquiazules, desde el Congreso, han reforzado los argumentos de Carstens en el sentido de que “no hay nada que repartir”.

En principio, algunos atribuyeron el extraño anuncio del secretario a una burda intentona por negarles a los gobernadores la tajada que por ley les corresponde de los recursos económicos que obtiene el gobierno por el diferencial entre el precio real del barril del petróleo mexicano y el monto en que se presupuestó en la Ley de Ingresos. Y es que en el presupuesto federal de este año está establecido que de los excedentes petroleros que se generen, el reparto se hará como sigue: una tercera parte va a subsanar el déficit que pudiera haber en las finanzas públicas; otra se destina al pago de servicios adelantados de deuda pública, y la tercera parte restante se distribuye equitativamente entre los estados.

Esa última parte, la que tocaría a los estados, según anunció Hacienda, no será entregada este año. El anuncio, en términos estrictamente financieros, tendría sustento si, como dice el gobierno, la caída de la plataforma petrolera, sumada al gasto creciente que representa el subsidio a las gasolinas, o a una caída en la recaudación fiscal, obliga a la Federación a utilizar los excedentes petroleros.

Pero en términos políticos, abre un frente nuevo para el gobierno de Calderón. “¿Quién se llevó mi queso?”, dicen los gobernadores, que a través de diputados y senadores de sus partidos empezarán a presionar al gobierno para que rinda cuentas claras sobre los montos reales de la renta petrolera y el destino final de esos recursos.

¿Necesita en estos momentos Calderón un nuevo frente? Justo cuando libra una guerra abierta contra el narcotráfico, cuando Estados Unidos presiona por tener injerencia en la política de derechos humanos de México, cuando la carestía y el alza de precios suben peligrosamente la inconformidad social, y para colmo cuando le acaba de nacer un desafiante “frente sindical” contra la reforma laboral, que encabezan nada más y nada menos que su aliada Elba Esther Gordillo y el intocable Carlos Romero Deschamps?

Está claro que no; el Presidente no necesita nuevos frentes y, por lo tanto, ese no sería el objetivo del anuncio sorpresivo de Agustín Carstens. ¿Cuál es entonces la intención?

Todo indica que se trata de una estrategia política por la que decidió apostar el presidente Calderón. Negarle a los estados la entrega de los excedentes petroleros, dice el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, es una “medida de presión para buscar que se apruebe la reforma petrolera”.

Y no anda tan errado el priísta. La jugada política trazada desde Los Pinos y ejecutada por Hacienda tiene dos dimensiones políticas. Una en lo inmediato, que es presionar a los gobernadores para que cabildeen con los diputados de sus estados la aprobación de la reforma, bajo la lógica de que “si quieren excedentes, entonces ayuden a que se apruebe la reforma”. Y otra en lo mediato: con miras a la elección parlamentaria de 2009, el mensaje a los gobernadores es que “si no hay reforma, no habrá excedentes”, y entonces los mandatarios locales no tendrán dinero para hacer campañas ni para impulsar a sus candidatos a diputados.

La influencia de los gobernadores en las elecciones intermedias está más que medida por encuestas y probada por los resultados electorales. Si a los mandatarios estatales les amarran las manos y les impiden el manejo discrecional de los recursos que hacen para beneficiar a sus candidatos y a su partido, el beneficio sería para el PAN y para el propio Presidente porque aumentaría sus posibilidades de ganar diputaciones el año entrante.

Así que la decisión —parece ser el mensaje de Hacienda y de Los Pinos— es de los estados: ¿quieren excedentes? Apoyen la aprobación de la reforma. ¿No quieren? Paguen la factura en las campañas del próximo año.

La presunta estrategia calderonista tampoco es nueva. Un esquema similar de “amarrarle las manos a los gobernadores” lo utilizó Ernesto Zedillo en la elección presidencial de 2000 cuando cerró la llave de los envíos federales y de los excedentes petroleros para evitar que desde los estados se apoyara a Francisco Labastida; y más recientemente, la misma jugada la hizo Vicente Fox en los comicios de 2006, cuando también “se acabaron los excedentes” y hubo retrasos intencionales en la entrega de programas sociales para neutralizar y disminuir el activismo electoral de los estados.

En la ejecución de este maquiavélico plan económico-político hay un personaje clave: el subsecretario de Egresos de Hacienda. Con Zedillo el responsable de “secar” y “amarrar” a los gobernadores fue Santiago Levy, quien en el 2000 les llegó a decir a los gobernadores que reclamaban que no había excedentes petroleros, que “eso de los excedentes es un mito”.

Con Fox, el encargado del trabajo sucio fue Carlos Hurtado, a quien después los priístas le cobraron cara esa jugada cuando lo vetaron para llegar al Banco de México.

Dionisio Pérez-Jácome Friscione es ahora el subsecretario que operará la estrategia, por cierto, el mismo que hace unas semanas promovió una iniciativa para que la entrega de recursos federales a los estados sea motivo de mayores controles y auditorías. Y por si quedan dudas de la jugada de Calderón en busca de asegurar la aprobación de su reforma petrolera, es cuestión de recordar quién estuvo hasta hace unos meses en la citada Subsecretaría de Egresos y hoy maneja, en un perfecto cierre de pinza, los recursos sociales del país.

La pregunta es si funcionará la estrategia calderonista o si la tensión que generará con los gobernadores y con la oposición en el Congreso no terminará siendo contraproducente. Pronto se verá.

NOTAS INDISCRETAS... Increíble pero cierto. En medio del conflicto que revive en Oaxaca, con la lupa federal que tiene encima el gobierno estatal por la desaparición de los dos dirigentes del EPR, con un Ulises Ruiz asediado y tan autista como siempre, la lucha por la sucesión en la gubernatura local ha comenzado. Faltan dos años para que termine el desastroso sexenio de Ulises y ya empezaron a moverse los aspirantes a sucederlo. Gabino Cué, eterno enemigo del gobernador, irá nuevamente como candidato de una coalición de partidos, y son varias las fuerzas que buscan postularlo. El problema es que Cué, senador por Convergencia, que llegó a ese cargo apoyado por el FAP y por Andrés Manuel López Obrador, también coquetea con el PAN que, a través de su mentor Diódoro Carrasco Altamirano, buscaría que fuera su candidato. ¿Cómo van a hacer para juntar el agua y el aceite? Porque Diódoro, ex gobernador y actual diputado federal, sabe bien que la presencia del PAN en Oaxaca es tan reducida, que necesariamente Gabino requeriría de una coalición de partidos que lo postulara. ¿Y cómo lograran que Convergencia se deslinde del FAP y de AMLO para ir en una alianza con el PAN en tierras oaxaqueñas? La ecuación se ve más que difícil... Nayarit vive un proceso electoral inmerso en un ambiente de control político de los órganos electorales, inequidad, amenaza y falta de respeto a la legalidad por parte del PRI. La posibilidad de que el doctor Miguel Ángel Navarro, que encabeza las encuestas para Tepic por medio de la alianza PRD y PVEM, ha encendido los focos rojos para el gobierno de Ney González y su candidato a la capital, Roberto Sandoval. Apoyado en el propio aparato gubernamental, que gasta por lo menos 300 mil pesos diarios en pagar medios, Roberto Sandoval Castañeda, candidato priísta a Tepic, la capital del estado, ha aparecido profusamente en diarios y medios electrónicos, a pesar de que ha comenzado el periodo de restricción para hacer cualquier acto de propaganda política, una vez que terminaron las precampañas y se está en espera del inicio de la campaña formal, que por primera ocasión será de un mes a partir del próximo 3 de junio hasta el 6 de julio, día de las elecciones.

Las elecciones nayaritas se van a calentar porque al final no es sólo Tepic lo que está en disputa, sino la sucesión en la gubernatura dentro de tres años, que en mucho se define por el que gane la capital del estado. Veremos de qué más echa mano el “compadre” Ney… Los dados se recargan. Fin de semana con escalera doble.

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