*Reunión ayer en Los Pinos con ANTAD, meta contener alzas y presión en autoservicios en tortilla y pan; Cemex primera oferta de Venezuela para indemnización; Banobras hoy 75 años; galardón a González Calvillo

LA PENOSA CONTROVERSIA entre la ferroviaria Kansas City Southern México (KCSM) que encabeza José Zozaya y la firma de auditoría Mancera Ernst & Young se litiga en los tribunales desde hace más de año y medio.

Ya hubo una sentencia a favor de la estadounidense que tanto ésta como Mancera que preside Alberto Tiburcio apelaron en un recurso que se desahoga en la Novena Sala del Tribunal de Justicia.

KCSM suma este expediente en su aún joven presencia en México, a la maraña de juicios que tiene contra Ferromex de Germán Larrea. Incluso hace unos días amagó a SCT de Luis Téllez con demandar al gobierno mexicano en el ámbito del TLCAN en caso de que se decida a proponer ajustes a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

En este lío la ferroviaria se niega a liquidar lo pactado en un contrato de servicios que suscribió con Mancera y el fiscalista Herbert Bettinger.

El compromiso de éstos era lograr que el gobierno, en este caso SHCP con Francisco Gil Díaz, reconociera a favor de TFM un certificado de devolución de IVA por 2 mil 200 millones de pesos que estaba en el balance de Ferrocarriles del Noreste, una de las empresas en las que se dividió FFCC para su privatización.

Cuando Mancera y Bettinger tomaron el caso la balanza se inclinaba en contra de TFM que llevaba José Serrano, y de hecho el certificado se había cobrado por SCT.

El expediente llegó hasta un tribunal colegiado que finalmente condenó a la SHCP a devolver lo vinculado al certificado.

Justo el compromiso de los abogados estaba sustentando en lograr que esto último sucediera, para lo cual se fijó un porcentaje de apenas 1 por ciento, convencionalmente bajo para los estándares de cualquier despacho.

El reclamo incluidos intereses llegó a 12 mil millones de pesos, lo que significa que a Mancera le correspondían 120 millones de pesos.

El argumento de KCSM es que Mancera se había comprometido a comprar el certificado y que esto sólo era válido en un 50 por ciento del monto, ya que en el camino TFM estableció con el gobierno un contrato de transacción de tipo complejo.

El punto es que SHCP sí quería pagar y le urgía por los intereses que se acumulaban, pero no disponía de una partida presupuestal y había que esperar a que el Congreso la aprobara con la complejidad de lo político.

Fue así que se llegó a ese acuerdo para que 6 mil millones de pesos se cubrieran con el 20 por ciento que el gobierno se había reservado de TFM y los otros con beneficios fiscales.

La orden de ajustar las remuneraciones de Mancera vinieron de Michael Haverty presidente de KCS. De hecho Javier Quijano y Javier Cortina, abogados que patrocinan el caso puesto que se trata de un colega, exploran una interferencia de funciones a su subsidiaria, situación que en EU se penaliza.

Esto con otros elementos irregulares del juicio, incluso podrían motivar más adelante llevar el expediente a EU.

En la última sentencia se condenó a pagar a KCSM la mitad de los honorarios. No lo ha hecho, puesto que se depositaron 34 millones 875 mil pesos.

Mancera reclama otros 61 millones 758 mil pesos, más intereses, descontados anticipos que KCSM realizó durante el juicio.

Hay confianza en que la apelación prospere dado que el contrato transaccional entre el gobierno y TFM nunca modificó el convenio de las partes involucradas.

Como le platiqué en 70 años de historia de Mancera, es la primera vez que se ve obligada a ir a los tribunales contra un cliente que incumplió.

Además el asunto la tomó en pésima circunstancia, que fue al momento del traslado de sus oficinas corporativas a Antara. Incluso requirió un crédito, elemento que forma parte de su alegato.

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AYER POR LA tarde estaba programada una reunión en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón y los miembros de ANTAD que preside José Manuel Sánchez y que lleva Vicente Yáñez. Aparentemente estuvieron Eduardo Solórzano de Wal-Mart, Ricardo Martín Bringas de Soriana, Carlos González Zabalegui de Comercial Mexicana, Antonio Chedraui de Chedraui, por citar algunos. Hay enorme preocupación en el gobierno por la carestía y según esto su intención es comprometer al comercio a contenerla en la medida de lo posible. El problema es que los márgenes de maniobra de la ANTAD se han estrechado por la misma presión de los proveedores, o sea la industria representada por Concamin que lleva Ismael Plascencia y Canacintra de Miguel Marón, renuentes al establecimiento de pactos o convenios que generen situaciones ficticias. Hay incluso expertos que no descartan el establecimiento de subsidios por Economía de Eduardo Sojo y Sagarpa de Alberto Cárdenas, con productores para detener la espiral. El riesgo es trastocar las cadenas productivas. Los subsidios deben ir directo al consumidor. Un ejemplo excelente es el de la gasolina, variable que mantiene contenida la inflación. Un tema básico en el tintero es el de la tortilla que algunos autoservicios mantienen por debajo de los 6 pesos, contra 12 pesos en tortillerías. El problema es que las presiones han hecho insostenible mantener esos precios. De ahí que no se descartan ajustes, lo mismo que en el bolillo, cuya pieza está en 1.20 pesos vs 1.50 y 2 pesos en panaderías. Los jaloneos apenas comienzan en este asunto que no es una burbuja sino que es un problema que estará presente al menos un par de años, con sus implicaciones, considerando que hoy los más pobres destinan 48 por ciento de su ingreso para comer.

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ESTE JUEVES EN Caracas fue la primera junta de Cemex que preside Lorenzo Zambrano con el gobierno de Hugo Chávez para conocer el monto de la posible indemnización a recibir por sus activos en ese país. Estaba prevista la presencia de Juan Romero, director de la regiomontana en Sudamérica y Ramón Villarreal su cabeza jurídica. Habrá que ver si los montos establecidos dan pie a un pronto arreglo.

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Y ESTA MAÑANA Felipe Calderón arrancará un seminario sobre Financiamiento y Desarrollo de Infraestructura con el que Banobras que dirige Alonso García Tamés conmemorará 75 años de historia. El banco de desarrollo tiene en este sexenio una enorme responsabilidad en ese ámbito, para empujar compromisos de inversión por 270 mil millones de pesos de aquí al 2012 junto con el Fondo Nacional de Infraestructura que lleva Federico Patiño. Estarán por ahí Agustín Carstens de SHCP, Óscar de Buen de SCT, Bernardo Quintana de ICA por citar algunos.

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EL QUE ESTARÁ en Sao Paulo la próxima semana será el abogado Enrique González Calvillo para recibir el premio “Franco Montoso” junto con el vicegobernador de esa entidad Alberto Goldman por el aporte a la integración económica de ambas naciones. González Calvillo está a cargo del Consejo de Empresarios de AL y la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Brasil. Han recibido en el pasado ese galardón el ex presidente José Sarney y empresarios mexicanos como Gastón Azcárraga, Roberto Albarrán y Enrique Madero Bracho.