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Luis de la Calle
El Universal

Miércoles 30 de abril de 2008



Debate mínimo sobre energía

Es insuficiente que el debate se circunscriba a la reforma presentada por el Ejecutivo, sino que debe cubrir todos los temas fundamentales

Las acciones de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores son claras indicaciones de su poco interés por debatir y ponderar cualquier reforma en materia de energía. El punto no es si la reforma que propone el gobierno es la apropiada, sino que más bien se opondrán a cualquiera, independientemente de sus méritos, de si la necesita o no el país, o de si se parece a la de AMLO en su Proyecto Alternativo de Nación. Tal oposición se dará, además, sin relación ninguna con el grado de ambición de la reforma.

Es de suma importancia que el debate sobre la reforma de energía sea ejemplar: por su apertura, su cobertura, su amplia participación social y, sobre todo, sus ideas. Sin amplio debate, ninguna reforma será legítima por más tibia que sea.

Es insuficiente que el debate se circunscriba a la reforma presentada por el Ejecutivo, sino que debe cubrir todos los temas fundamentales. La inclinación natural de los políticos será restar a la iniciativa para alcanzar el mínimo común denominador que la haga políticamente posible, pero insuficiente e incluso, no deseable.

El debate mínimo sobre energía debe considerar los siguientes temas:

1. El establecimiento de un mercado de energéticos. Uno de los principales problemas del sector y un freno importante para la competitividad del resto de la economía es que en México no hay un mercado de productos energéticos en que se fijen precios, se asegure el abasto y se negocien contratos de compra venta de largo plazo.

2. La libre comercialización de todos los productos energéticos. La Constitución no reconoce a la comercialización de productos energéticos —con la excepción del servicio público de energía eléctrica— como una actividad estratégica que deba ser monopolizada. Al contrario, el artículo 28 prohíbe las prácticas monopólicas aun para las empresas del Estado. Es necesario debatir la conveniencia de la libre comercialización de productos energéticos para establecer un mercado con competencia. La libre comercialización no es sólo un derecho ciudadano, sino la mejor herramienta para evitar la dilución de la renta petrolera.

3. La propiedad de los yacimientos de petróleo. Debe refrendarse que pertenecen a la nación y que la obligación constitucional fiduciaria es darles un buen uso para beneficio de todos los mexicanos. Esto tiene importantes implicaciones:

i. Definición de la renta petrolera: es la diferencia entre el precio de venta y el costo de exploración y extracción.

ii. Justicia intergeneracional: ¿Por qué beneficiar a la presente generación y no a futuras? Hay tres razones: la moral, por la extendida pobreza; la de mercado, por los altos precios del petróleo; y, la del desarrollo, para aprovechar el irrepetible bono demográfico.

4. Maximización de la renta petrolera. Es responsabilidad del Estado conseguir la máxima renta petrolera. Esto implica vender siempre el crudo al máximo precio posible y producirla al menor costo posible. La maximización de esta renta refleja precisamente la intención de los artículos 27 y 134 de la Constitución. El primero da a la nación el dominio inalienable de los yacimientos y de su aprovechamiento (renta), y el segundo obliga a la administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos y a asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. No utilizar las mejores tecnologías disponibles para la exploración y extracción viola el espíritu y la letra de la Constitución.

5. El uso de la renta petrolera. Si la renta va a dilapidarse en canonjías y gasto corriente, puede ser mejor dejarla bajo tierra.

6. Actividades sucedáneas a la explotación de crudo. Todas las actividades posteriores a la explotación del crudo no forman parte de la renta petrolera. La transformación, transporte y distribución del crudo y sus refinados son sólo actividades económicas que pueden generar o no valor agregado. Debe discutirse la conveniencia de permitir o no la participación privada en estas actividades, pero de forma independiente de la maximización de la renta petrolera.

7. El impacto de actividades sucedáneas en la administración de la renta petrolera. En la medida que la entidad que administre la renta petrolera participe en otras actividades económicas, la posibilidad de que diluya la renta a favor de algunos y en contra de todos es muy grande. Una empresa con una alta renta que participa en refinación, transporte, contratación de personal y muchas otras actividades puede ser sujeta de prácticas comerciales tendientes a mermar la renta que no le pertenece. Son conocidos los privilegios, sufragados con la renta petrolera que pertenece a todos, a favor de sindicatos, contratistas, empleados de lujo, transportistas, proveedores.

8. Pemex y la ley de adquisiciones. Aunque la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo quiera eximir a Pemex de la ley de adquisiciones, en ningún caso puede quedar exento del artículo 134 de la Constitución.

9. Los contratos colectivos de trabajo y la carga actuarial de las pensiones. Deben discutirse las condiciones de privilegio de los trabajadores de Pemex, CFE y Luz y Fuerza, en particular las relacionadas con el régimen de pensiones:

i. Estas pensiones no son deuda pública ya que no fueron aprobadas por el Congreso como señala la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución.

ii. Su carga actuarial insostenible que sólo puede sufragarse dedicando una parte significativa de la renta petrolera que pertenece a todos.

iii. Equidad: sus condiciones de privilegio para el retiro que son muchas veces mejores a las del resto de los mexicanos.

La apuesta de AMLO es no sólo impedir cualquier reforma sino la disrupción social y la merma de las instituciones. Sólo un debate abierto y de altura puede contribuir a mostrar a la mayoría que la democracia deliberativa es la única manera de abordar temas tan complejos como el de la energía.

Menudo reto el que tienen enfrente el Congreso y el presidente Felipe Calderón. Los ciudadanos se preguntan, con razón, si estarán a la altura de las circunstancias.

buzon@cmmsc.com.mx



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