Quiere echar abajo el aborto, ¿y la transparencia? Esa no importa

Los gobiernos estatales son feudos; hacen lo que les place

Entre los corrillos del sector público —instituciones y secretarías de Estado—, es un secreto a voces que la Procuraduría General de la República (PGR) es una de las dependencias federales que más se resiste a la transparencia. El problema, sin embargo, va más allá de sus resguardados muros.

Y es que si a la PGR no le interesa transparentar su desempeño, si sus titulares se empecinan en blindar a piedra y lodo lo que ocurre tras sus muros, parece que la dependencia también está dispuesta a solapar el más escandaloso embate contra la transparencia; escalada que han iniciado de manera conjunta Congreso y gobierno de Querétaro. ¿De qué estamos hablando?

Pues resulta que durante el más reciente proceso de discusión y aprobación de reformas que promovieron los poderes del estado de Querétaro, el Congreso local aprobó una iniciativa para fusionar la Comisión Estatal de Acceso a la Información y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De acuerdo con especialistas en ambas materias y a partir de la opinión de juristas, la deformación que aprobó el Congreso de Querétaro terminará por cancelar las dos garantías básicas.

En el fondo nadie sabe bien a bien de dónde salió el Frankenstein jurídico y legislativo de fusionar en una sola institución a los órganos encargados de garantizar los derechos humanos y la transparencia. Según versiones locales, el gobierno del panista Francisco Garrido Patrón habría llegado a un acuerdo político con el PRI, según el cual, el gobierno azul habría aceptado la fusión de las dos instituciones, a cambio de que el PRI aprobara otras reformas. Es decir, el mandatario estatal habría avalado un peligroso y muy cuestionable retroceso democrático.

Por eso, cuando se presentó la propuesta de fusionar las comisiones de Derechos Humanos y de Transparencia, se alzaron las voces entre juristas y políticos de PAN, PRD y PRI, por la notoria inconstitucionalidad de la reforma. Sin embargo, en esa tierra de nadie en que se han convertido los gobiernos estatales —verdaderos virreinatos en donde los caciques de la política hacen todo lo que les plazca, sin tomar en cuenta la Constitución general—, a ninguna de las dirigencias partidistas locales de PRI y PAN, y de sus respectivos legisladores, les interesó la inconstitucionalidad en la que incurrían y, sin más, aprobaron la reforma. ¿Quién gana y quién pierde con esa barbaridad?

La respuesta está a la vista de todos. El Frankenstein legislativo y jurídico no es más que una burda maniobra legal de una clase política aldeana que decidió echar a caminar una peligrosa contrarreforma que lesiona símbolos fundamentales de la convivencia democrática. Pero además, se refuerza la tesis de que vivimos en un muy grave proceso de feudalización del poder. Es decir, que la alternancia y la naciente democracia electoral llegaron acompañadas de la consolidación de los feudos estatales en donde cada gobierno, del partido que se quiera, hace lo que le plazca, sin tomar en cuenta que se violenta la Constitución.

Frente al golpe nada democrático, se prendieron los focos rojos y menudearon las voces que advirtieron el riesgo y por ello reclamaron una inmediata acción de inconstitucionalidad. En efecto, aún existían recursos legales para echar abajo la barbaridad que aprobó el Congreso de Querétaro y que sea por omisión o por comisión, avaló el gobierno de Francisco Garrido Patrón. ¿Pero qué creen?

Pues sí, corresponde a la PGR presentar ante la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad contra el Congreso del estado de Querétaro. Algo así como “dejar la Iglesia en manos de Lutero”. Si en la PGR se niegan de manera sistemática a la transparencia de lo que ocurre en su casa, menos le importa recuperar la transparencia en el estado de Querétaro. Y en efecto, cualquiera podría preguntar: ¿por qué la PGR se niega a presentar el recurso de inconstitucionalidad?

Porque son muchas las evidencias de que en esa institución, en la PGR, habita un sector de lo más conservador de la derecha gobernante, una PGR que, por ejemplo, sí decidió recurrir de manera pronta y efectiva a la Corte para intentar echar abajo la reglamentación del aborto que aprobó la Asamblea Legislativa del DF. ¿Y la transparencia? Esa no le importa a nadie, y menos a la PGR. ¿Por qué es urgente que la PGR acuda a la Corte para reclamar una acción de inconstitucionalidad en el caso del Frankenstein queretano?

Por un pequeño detalle, porque el 30 de abril próximo se vence el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y si la PGR no reacciona, la feudalización habrá iniciado la destrucción de instituciones fundamentales para la democracia, como los institutos de transparencia.

En el camino

“El que se enoja pierde”, dice el refranero popular. Y en efecto, el presidente Calderón parece haber perdido la cordura, la calma, armas fundamentales de la política. Y es que al declarar que el asalto al Congreso por parte del FAP “es ridículo”, lo cierto es que Felipe Calderón no sólo acusó recibo de la estrategia del “legítimo”, sino que mordió el anzuelo. Por cierto, en una crisis similar que se llevó a cabo entre el 28 y 31 de agosto de 1997 —cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y los opositores en conjunto se adueñaron de esa parte del Congreso— también intervino el entonces presidente Ernesto Zedillo. Y es claro que hay una diferencia. En la sede del “legítimo” seguro están de fiesta… Por cierto, debemos insistir en que el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, no da paso sin guarache y no deja escapar una sola. Sí, ahora se aventó la puntada de sumar a sus filas a la velocista Ana Guevara. Otra que colaborará a su carrera más importante, esa que tiene su meta en julio de 2012.

aleman2@prodigy.net.mx