La propuesta de la reforma más importante del sexenio se vio arrinconada al tener sólo tres semanas para ser considerada en la sesión ordinaria de la Legislatura

Finalmente, el gobierno del presidente Felipe Calderón no tuvo más opción que participar de manera activa en el debate sobre la reforma energética. Hasta la presentación de las iniciativas de reforma de la semana pasada, había optado por presentar un diagnóstico y dejar que la dinámica de la discusión se desarrollara en el Congreso de la Unión.

Esto era así por razones tácticas más que estratégicas: no se quería proporcionar a Andrés Manuel López Obrador una plataforma para que reviviera; no se quería afectar la elección interna del PRD; luego, no se quería anunciar ni el diagnóstico ni las propuestas antes del aniversario de la expropiación; tampoco antes de la asamblea del PRI el 5 de abril. Por otro lado, se quería evitar que la reforma energética fuera un tema de campaña para la elección de diputados de 2009.

Así, la propuesta de la reforma más importante del sexenio se vio arrinconada al tener sólo tres semanas para ser considerada en la sesión ordinaria de la legislatura que termina el 30 de abril.

Aunque se llegó a esta situación sin pretenderlo, las actuales circunstancias se están prestando para que el debate sobre el petróleo se convierta, como debe ser, en el debate sobre la modernidad del país. Un debate que no se puede perder.

Las circunstancias pueden incluso orillar a lo que los políticos querían evitar que el debate se prolongue mucho más y la elección de 2009 se convierta en un referendo sobre la reforma. Quizá sea esto lo que se necesita: que se consulte a los mexicanos qué tipo de reformas y país quieren y no se deje en unos cuantos tomar tan importantes decisiones.

El debate va a ser una prueba sobre qué tanto se ha avanzado en la construcción de una democracia deliberativa. Es imprescindible que el PAN y el PRI logren crear un espacio plural en que puedan escucharse todas las ideas y plantearse todas las propuestas. Que el ala democrática del PRD opte por las instituciones y la democracia, participe en el debate y se separe del ala intolerante que tanto daño hace al país y al partido.

El debate obliga a toda la sociedad a responder a cuestiones fundamentales en materia de energía, muchas de ellas todavía no en la mesa. Entre ellas:

1. ¿Cuándo conviene explotar los yacimientos potenciales del país? ¿Por qué explotarlos ahora y no en 50 años? ¿Cómo encontrar la justicia intergeneracional de la explotación? Hay dos fuertes argumentos para hacerlo ahora: Uno, México tiene un bono demográfico importante e irrepetible que debe aprovecharse. El petróleo puede convertirse en la infraestructura física y en el capital humano que sirvan de plataforma para el auténtico desarrollo. Dos, el alto precio del petróleo envía una poderosa señal de mercado de que el momento para producir más es ahora. Si el país espera para hacerlo, la demanda de petróleo podría ser menor por el cambio tecnológico. Por otro lado, si el petróleo que se extraiga se va a utilizar sólo para gasto corriente y el pago de pensiones de Petróleos Mexicanos, el óptimo podría ser dejar las reservas donde están.

2. ¿Qué política energética necesita el país? ¿Una basada en el mercado u otra en la rectoría del Estado y un monopolio estatal?

3. ¿Se puede pensar en un esquema en que se tenga el monopolio en la propiedad de los yacimientos pero competencia en la oferta de todos los productos energéticos?

4. ¿Las pensiones de los trabajadores de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro e IMSS son deuda pública? Estas pensiones son producto de contratos colectivos de trabajo firmados por el director general de cada una de las empresas, pero no aprobados por el Congreso de la Unión. El artículo 73, fracción VIII, reconoce como facultad exclusiva del Congreso la aprobación para celebración de empréstitos.

5. ¿Cómo puede hablarse de salvar y fortalecer a Pemex sin resolver el problema de las pensiones sin fondos?

6. ¿Cómo debe cumplir el Estado con su obligación fiduciaria de maximizar la renta petrolera (diferencia entre el precio de venta del petróleo y el costo de producción)? El artículo 134 de la Constitución obliga a que las adquisiciones del gobierno se hagan de la manera más eficiente y al menor costo. Optar por esquemas costosos por razones políticas es una violación de la Constitución.

7. ¿Cómo preparar al país para el caso de que no se puedan encontrar y explotar grandes yacimientos—por cualesquiera razones—y haya necesidad de importar todo tipo de energéticos? ¿Qué hacer si quiebra Pemex?

Además del debate energético, la naturaleza de la discusión hace que se aborden al mismo tiempo otros temas fundamentales:

1. La rectoría del Estado de la economía bajo el artículo 25 de la Constitución.

2. El respeto a los derechos de propiedad.

3. Las finanzas públicas sanas y el sistema impositivo.

4. La distribución del gasto para evitar que se disipen las reservas petroleras y su renta en gasto corriente.

5. La política energética y la política industrial.

Participar en este debate es una necesidad para todos, académicos, empresarios, organismos empresariales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, analistas y comentaristas, gobiernos, y público en general. Es también una responsabilidad que no deben eludir ni gobierno ni ciudadanos.

buzon@cmmsc.com.mx