He dejado pasar unos días para que la conmoción mediática de las marchas mundiales contra las guerrillas colombianas —y contra la petición, siempre compulsiva, de Hugo Chávez de reconocerlas como beligerantes en el marco del Derecho— nos dejase un espacio para la reflexión no cautiva de las emociones. Las crueldades, con los secuestrados, que cuentan los liberados, amarrados de día a los árboles y encadenados en las noches, incluida Ingrid Betancourt, no dejan dudas sobre la contradicción, patente, entre cualquier proyecto liberador y las consecuencias, terribles, de aceptar la violencia y el terror como una norma transformada en una gigantesca anomia ética y política. Los secuestros, la indudable conexión con el narcotráfico y la aceptación de la tortura como cotidianidad, ilegitima y destruye cualquier versión ideológica. El mundo lo ha comprendido. La protesta universal es un hecho aceptado.

La más vieja e inútil guerrilla del planeta no tiene otra salida moral que su fin y la liberación de todos los secuestrados y el encuentro con la Política como fuerza concluyente: el debate armado es sólo, la razón. Entre los años 2001 y 2008, la flagrante violación del derecho, en el caso de los presos de Guantánamo, ha sido reconocida por los Tribunales estadounidenses de la misma manera que el propio gobierno tuvo que asumir que el pretexto para la invasión de Irak era falsa: la existencia de las armas de destrucción masivas. El blindaje del patriotismo —bajo la enseña del 11-S— se agotó.

Colombia, a su vez, convoca graves problemas concienciales. En primer lugar, ese noble país hermano, ha sufrido, desde el siglo XIX las luchas implacables entre los partidos liberal y conservador y para muestra de ello valen los comentarios, sobre la magnitud de la crueldad, en mi artículo del domingo pasado, del general San Martín y Bolívar y que se trasladaría al siglo XX. Jean-Aimé Stoll, director adjunto de los Programas de Desarrollo de la ONU en Colombia, en su texto, clásico, (1969) L’étiologie de la violence colombienne, nos proporcionó ya un relato trágico. Comenzaba con el asesinato, en Bogotá, del líder liberal, Jorge Eliezer, en 1948, en el cuadro de la Conferencia Panamericana. Asesinato que puso en pie de guerra al país. Por cierto, en el grupo de estudiantes cubanos que asistían a la Conferencia, estaba Fidel Castro. Fue en Bogotá —se olvida como se olvida o elude todo lo esencial— donde Fidel Castro, sin más (el mismo día que mataron al líder liberal el grupo cubano estaba citado con él para conversar) tomó las armas en las calles. El grupo regresó a Cuba en un avión de ganado.

En agosto de 2000, en Foreign Affairs, Rafael Pardo, consejero del presidente Virgilio Barco, señalaba lo siguiente: “En los pasados 15 años Colombia sufrió 200 bombazos (la mitad del tipo de la que se usó en Oklahoma City), un partido democrático fue eliminado por los paramilitares. Asesinados cuatro candidatos presidenciales, 200 jueces e investigadores, la mitad de los magistrados de la Suprema Corte, mil 200 policías, 151 periodistas y más de 300 mil colombianos ordinary murieron”. Añádanse los efectos del narcotráfico que se desplazó, en sus redes dirigentes, a México.

El Informe 2008 (datos 2007) sobre los Derechos Humanos (Human Rights Watch) dice: “Los conflictos armados internos de Colombia se continúan con la ampliación de los abusos de grupos armados irregulares, incluyendo las guerrillas de extrema izquierda y los paramilitares (en teoría han dejado las armas) que permanecen activos… Las Fuerzas de Seguridad también están comprometidas en los abusos y en años recientes ha habido un alarmante aumento de ejecuciones extrajudiciales de civiles por los militares”. (Página 199). Medítese, no sólo allí.

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