Terminaron miedo y sometimiento, pero importa más el voto libre

El milagro de la ‘mediocracia’ unificó a todos, pero en su contra

Más allá de los aspectos cuestionables de la reforma electoral que en días pasados aprobó el Congreso de la Unión —el control del IFE por parte del propio Congreso, la inamovible fórmula para seleccionar a su Consejo General y el fortalecimiento de la partidocracia—, nadie le puede escatimar el carácter de histórica a la decisión de acabar con el control mediático de los procesos electorales.

Como se dijo en este espacio en incontables ocasiones, el “imperio del rating” no sólo se había metido hasta la médula de los procesos electorales —al grado de subordinarlos al poder de la televisión y la radio—, sino que el poder mediático alteró la jerarquía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta colocar sobre todos ellos a la “mediocracia”. Todo, o casi todo lo que interesaba a los ciudadanos pasaba por el tamiz de los medios electrónicos, capaces no sólo de la denuncia de tal o cual irregularidad —lo que de suyo no se cuestiona—, sino del juicio sumario y la sanción mediática. Se llegó al extremo de que la verdad mediática imperaba sobre la verdad jurídica, por sobre la verdad a secas.

El debate público y la arenga político-partidista pasaron de los foros universitarios y la plaza a la televisión y a la disputa por la popularidad mediática. La investigación periodística sobre los grandes problemas nacionales y la exhibición de buenos o malos gobiernos pasó del saludable ejercicio informativo a la filtración interesada y hasta a la campaña facciosa. Las barras informativas olvidaron la jerarquía de las noticias y llenaron los espacios con el “paqueteo” informativo, que incluía notas, entrevistas y reportajes a modo, a cambio del pago de publicidad. La política y el ejercicio del poder se convirtieron en rehenes de los titulares, de quienes tienen el poder de la comunicación.

Así, el poder de la televisión y la radio se extendió a toda o casi toda la vida nacional, desde la construcción de liderazgos, candidaturas de elección popular y el desempeño mismo de los cargos públicos —porque en el centro de todas esas actividades se introdujo el germen de la popularidad, medida por el rating— cuyo ejercicio era muy difícil o casi imposible sin la gracia de la popularidad, el más acabado producto de la televisión y la radio. “Nos necesitan para ganar elecciones, para gobernar y mantener la aceptación social, para continuar con sus carreras políticas”, solían decir de políticos y gobernantes los barones de los medios.

Y es que la tecnología y la globalización generalizaron el fenómeno de la “comunicación”, que muy pronto desplazó a la “información”. De esa manera, quienes detentan el poder de la “comunicación” y por ello la capacidad de construir o destruir popularidades, se convirtieron en un poder nuevo que muy pronto revirtió la jerarquía de los poderes del Estado. Incluso, en no pocos casos, sometió a grandes sectores del propio Estado.

En apenas un par de décadas pasamos de la saludable apertura de los medios, motor para impulsar la cultura democrática —al poner la información al servicio de toda la sociedad y con ello formar y detonar la opinión—, al virtual secuestro de la información. Y es que en la construcción y ejercicio del poder público, los constructores de la opinión eran los dueños de la “comunicación”, que no de la “información”. Así, el veredicto de la opinión creada por el poder de la televisión y la radio se convirtió en la verdad absoluta. ¡Ay de aquel que se atreviera a enfrentar esa opinión!

Voto libre

Por eso, uno de los grandes logros de la reforma electoral —el de acabar con la relación perversa de “dinero igual a popularidad, igual a triunfos electorales, igual a ejercicio del cargo público con el beneplácito mediático, igual a sumisión frente a los dueños del poder mediático”— es el de revertir el imperio de la “mediocracia” y restablecer la jerarquía de los poderes institucionales.

En efecto, terminan el miedo y el sometimiento que mantenía la “mediocracia” sobre la política y el ejercicio del poder, pero acaso lo más importante, lo que verdaderamente resultaría histórico, es que se intenta devolver libertad y legitimidad al voto ciudadano —y con ello su capacidad de mandante para construir poderes del Estado legítimos y gobernantes legitimados— libertad y legitimidad que habían sido secuestradas por el imperio de la popularidad, del rating, dirigidos más por el mercado que por la razón. Y decimos que se trata de un intento, porque falta el complemento de esa reforma, que es la nueva ley de radio y televisión.

Si la reforma logra realmente que el voto llegue a la urna sin el peso y la distorsión que generan en el ciudadano las campañas de mercadotecnia electoral —en lugar del resultado de la información a secas, que crea y detona la opinión— la democracia habrá dado un paso histórico en su consolidación. Pero ese paso se podrá confirmar en los hechos, porque más allá de buenas intenciones y de discursos grandilocuentes, no existen garantías para nadie de que en la lucha por el poder —que siempre es descarnada y en la que los contendientes se valen de todo— en el futuro partidos y medios no desarrollen otros caminos ilegales y tramposos para darle vuelta a la tuerca.

Pero en el otro extremo, en el de los medios, se abre la posibilidad de una hipótesis nada desechable. Es decir, que ya sin las amarras contraídas por los acuerdos producto de la relación política-dinero, la comunicación a secas y la propaganda cedan terreno a la información y a la crítica. Si es cierto que la nueva reglamentación electoral no atenta y no atentará contra la libertad de expresión, como aseguran los creadores e impulsores de la nueva reforma —y contrario a lo que pregonan los barones mediáticos—, se abrirán amplios espacios para la información dura y la investigación periodísticas de fondo, para la crítica y para el ejercicio más pleno del periodismo televisivo y radiofónico.

Y es precisamente en este cambio —el que tendrán la televisión y la radio para el ejercicio periodístico plural y crítico— donde la sociedad podría tener una ganancia adicional, y en donde los propios medios podrían recuperar una importante porción de su influencia. Es decir, en el supuesto de que se respeta escrupulosamente la nueva ley electoral, y que no existen elementos que atenten contra la libertad de expresión, radio y televisión regresarán a la información dura, lo que podría redundar en una mejor toma de decisiones para los electores.

Pero ese es el ideal, porque también se corre el riesgo de generar “el tráfico ilegal” de spots en tiempos electorales o, en el extremo, podríamos ver una venganza mediática de la televisión y la radio, a partir de la información. Y eso no sería nada complicado, ya que los políticos suelen tener “la lengua larga”, pero “la cola más larga”. ¿Aguantarán los partidos, candidatos y gobernantes? Ese es el dilema.

El pacto

Pero si bien resulta histórico que el Congreso sacara a la televisión y la radio de la política electoral, de la construcción de candidaturas y del ejercicio del poder, lo cierto es que en el ambiente político y social quedó un tufo de venganza hacia los medios y hacia el árbitro electoral, el IFE.

En todo caso, lo interesante del asunto es tratar de entender la razón por la que se hizo posible ese fenómeno inimaginable hace 12 meses: la existencia de un acuerdo político entre PAN, PRD y PRI, capaz no sólo de impulsar una reforma impensable, sino de cerrar filas para resistir una presión bárbara de uno de los poderes económicos y mediáticos más importantes en México. ¿Cuál es la savia que nutrió ese acuerdo? ¿Qué clase de cemento hizo el milagro de unir con esa fuerza a tres partidos no sólo antagónicos, sino enemigos a muerte hace meses?

Primero hay que decir que si esa reforma la hubiera encabezado y promovido de manera abierta el señor López Obrador —y en caso de concluir bajo esa hipótesis—, en este momento el señor “legítimo” estaría en las nubes nuevamente. Pero prefirió el camino de la confrontación, que terminó en una farsa ridícula y risible a causa de los compromisos contraídos por el PRD con el PAN y con el PRI. Hoy ya a nadie asusta AMLO con sus bravatas y amenazas de rebelión, porque todos saben que negoció con el PRI y con su odiado PAN, y hasta con el señor “espurio”. Las reformas electoral y fiscal no habrían sido posibles sin una negociación política del PRD con el PAN y el PRI, acuerdo que conocieron y avalaron AMLO y el presidente Calderón.

Pero más allá de ese descomunal error político —consecuencia por cierto de los errores que le hicieron perder la elección— nadie puede negar que la reforma electoral, pero en especial la decapitación del IFE y la expulsión de la radio y la televisión de las elecciones y el ejercicio de la política y del poder, son triunfos que se deben acreditar PRD y PRI, en ese orden. ¿Por qué? Porque, en efecto, tanto López Obrador como la porción del PRI cercana a Roberto Madrazo se dijeron víctimas del árbitro y del poder mediático en el pasado proceso electoral. Con razón o sin ella, esos partidos reclamaron que la integración del Consejo General del IFE en 2003 no les favoreció o, incluso, les perjudicó, y que fueron víctimas del poder mediático, a pesar de que AMLO fue el candidato que más gastó en radio y televisión.

PRD y PRI tenían odios suficientes como para lanzar un golpe mortal al IFE y para acabar con el poder de los medios electrónicos, que humillaron a todos antes, durante y después de julio de 2006. Pero a pesar de sus “razones políticas” y venganzas personales, el PRD y el PRI no podían, por sí mismos, mover una hoja del árbol institucional que soporta al IFE y menos enfrentarse a los barones de los medios. Requerían del PAN, y claro, de Calderón. Y en lo que a la distancia parece uno de los más grandes errores de la soberbia mediática, Televisa le dio al PRD y al PRI el aliado que requerían.

Si, Televisa pretendió destruir a Santiago Creel, el ex precandidato presidencial del PAN —y hoy poderoso senador de ese partido y jefe del Senado de la República—, quien se dijo traicionado por Televisa y se empeñó en echar abajo la ley Televisa —lo que consiguieron un grupo de hoy ex senadores— y en sacar de los procesos electorales a las televisoras.

Todos saben que desde Gobernación, Creel fue un aliado incondicional de Televisa y en general del poder de los medios, y que al final de cuentas resultó agraviado por la soberbia y los excesos mediáticos. Creel le entregó todo a la televisión y a la radio —y en una suerte de reedición del caso Montiel—, y recibió como pago una descomunal campaña de desprestigio que, incluso, se metió con su vida personal.

En resumen, el poderoso monopolio que en poco más de una década construyó la televisión y la radio en torno al poder público y los procesos electorales, la soberbia y la prepotencia con la que trataron al poder político, y los escandalosos chantajes a que sometieron a toda la clase política —de la que reclamaban dinero, prebendas y toda clase de privilegios, y a los que destruían a su antojo, como ocurrió con Arturo Montiel y con otros— hicieron el milagro de unir agua con aceite: PRD, PAN y PRI. De unir a todos, pero en su contra.

Los abusos de la “mediocracia” eran ya insoportables no sólo para la clase política, sino para la sociedad en general. Pero falta saber el detalle. ¿Por qué Santiago Creel, Carlos Navarrete y Manlio Fabio Beltrones —y sus respectivos partidos y legisladores— llegaron a la impensable conclusión del ¡basta! respecto al poder mediático?

Los hombres y las razones

El primero, Creel, tenía poderosas razones personales —como ya se dijo—, además de que al gobierno de Calderón no le quedaba mucho margen de maniobra. O aprobaba la reforma electoral o no tendría la fiscal. La de Creel era una afrenta personal y la manera de salvar lo que quedaba de su imagen, si es que quedaba algo. Y hoy en Televisa deben estar, si no arrepentidos —porque en su soberbia no aceptan errores—, sí sorprendidos por la respuesta recibida a causa de sus excesos.

El de Carlos Navarrete es un caso aparte. Aquí se mezclaron, primero, un reclamo de venganza de López Obrador porque cree que el IFE y la “mediocracia” fueron elementos determinantes para “robarle la elección”; segundo, una bandera histórica de la izquierda mexicana —en el caso de sacar a los medios electrónicos de las elecciones—, y tercero, la convicción personal de que el voto del 2 de julio a favor del PRD debía servir para algo más que lloriquear por plazas y pueblos del país. En realidad, Navarrete fue pieza clave para convencer a López Obrador —con todo lo que eso significa— de que una alianza con el PRI y el PAN era más productiva que la confrontación. Y en efecto, tenía razón. Hoy los bonos de Navarrete están por las nubes, y no son pocos los que lo ven como candidato para presidir al PRD.

Y por otras razones, pero en una ruta convergente, aparece Beltrones, jefe de los senadores del PRI. Se trata de un político de colmillo largo y retorcido, que se ha propuesto llegar a Los Pinos y marcar el regreso de los sonorenses a la Presidencia. Midió perfectamente el momento, las condiciones, y empujó detrás del PAN y el PRD para sacar a los medios de los procesos electorales. ¿Qué ganó con ello? Poca cosa, despejar el camino de su candidatura presidencial, obstaculizar la de su adversario, Enrique Peña Nieto, el gobernador mexiquense, y colocarse en las nubes de la popularidad. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx

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