Los partidos políticos llegaron a un consenso para regular la relación de los candidatos en campaña y los medios. Pero es ridículo, por limitado y medroso

En una conferencia sobre las elecciones de 2006 que organizó la Universidad de Yale esta primavera, el ex candidato del PAN al gobierno del Distrito Federal, Demetrio Sodi, estimó que entre 40% y 50% de los recursos que gastó en la campaña no fue facturado. Es decir, casi la mitad de lo que gastó Sodi entró sin ser contabilizado, vigilado o revisado. Al admitir esa anomalía, Sodi extrapoló su caso al de los gastos jamás facturados de sus contendientes del PRD y del PRI, y de los candidatos a la Presidencia en 2006.

Sodi daba apenas un bocadillo de ese dinero oculto y subrepticio que navega entre las enormes lagunas que mantienen lo ilegítimo en el campo de lo legal, pero que castran el avance democrático y amputan las piernas de la incipiente democracia mexicana. Como prólogo de su afirmación, el año pasado el entonces candidato perredista al gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, le declaró al periodista Ciro Gómez Leyva que tenía 50 mil promotores en las calles apoyándolo en la campaña, quienes lo ayudaban en forma voluntaria y sin ganar un peso. La duda no acumula evidencia, pero sí estimula la sospecha. La sospecha crea una percepción y la percepción, en este contexto, lleva a suponer que la campaña de Ebrard fue ilegítima. ¿Es cierto? No lo sabemos. Lo que sí se puede argumentar es que en un esquema de transparencia, tendríamos la certidumbre de que sepultaría las percepciones.

Pese a que se ha avanzado en forma significativa en la fiscalización de los gastos de campaña en medios durante la última década, todavía persisten recursos no contabilizados a la vista de todos, y excesos y abusos por parte de los políticos. En el primer caso, se mantienen sin ser fiscalizadas algunas de las herramientas utilizadas de manera ruin durante el último proceso electoral federal, como el correo directo o los espectaculares en los que se llegó a difamar a candidatos, o los llamados call-centers, que fueron salvajemente empleados para agredir a los contendientes o para tratar de inyectar temores en la ciudadanía, induciendo abiertamente el voto. El segundo caso es más grave aún. No necesitamos remontarnos al pasado para encontrar lo obsceno de las prácticas derivadas de la falta de leyes para frenar los apetitos de nuestros políticos con ambiciones. Tenemos los casos, hoy en día, de cómo varios de ellos con miras futuras están comenzando sus promociones personales. El gobernador de Sonora, Eduardo Bours, es uno de ellos, y contrató espacios en televisión para darse a conocer bajo la promoción nacional de sus obras locales.

La recién asumida gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, está comenzando a gobernar, como antaño, para el centro, privilegiando a noticiarios de televisión de cobertura nacional que, como Bours, empiecen a llevar su nombre al conocimiento nacional. Por más que se quiera alegar lo contrario, estos son actos de precampañas políticas.

¿A dónde puede aspirar a llegar un gobernador? A la Presidencia de la República, por supuesto. Pero si los casos de Ortega y Bours son de un claro futurismo, no hay nadie más abusivo en el espectro político nacional que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien está aprovechando al máximo las lagunas en la ley electoral. Su vehículo son los noticiarios de Televisa, donde cotidianamente aparece un spot de Peña Nieto inaugurando obras de microlocales ante una audiencia nacional, en la tierra de nadie entre los contenidos y el espacio de los spots comerciales.

Exacerbando más aún la inequidad en las contiendas, Peña Nieto ha añadido a los spots de promoción de su obra —con su cara siempre de por medio— su promoción a través de contenidos. Esto no es ciencia espacial: la promoción a nivel nacional lo coloca, como dicen los mercadólogos, en el top of mind de los electores a nivel nacional.

Peña Nieto, supuestamente, tiene un contrato anual de 700 millones de pesos con Televisa. Esto le da derecho no sólo a spots en esas zonas grises donde un consumidor ordinario de la televisión —86% de los mexicanos reciben su información de la televisión, y Televisa tiene un market share de siete de cada 10 televisores encendidos en el país de seis de la mañana a 11 de la noche— no distingue que lo que le están presentando más que información es un anuncio, sino también a ser entrevistado sobre temas de interés nacional de manera única y discriminada, pues a ningún otro gobernador recurren para darle un seguimiento cotidiano, y buscan su reacción sobre aspectos que trascienden su ámbito local.

No es una confusión ética y técnica de Televisa sobre el manejo de información. Es un convenio político-comercial donde lo que está haciendo la televisora son infomerciales, el eufemismo de lo que antes se conocía como gacetillas, o sea, propaganda disfrazada de información. Pero ni Peña Nieto ni Televisa están infringiendo ley alguna. La ausencia de un marco regulatorio y de instrumentos legales para fiscalizar y sancionar precampañas políticas, permite que los políticos saquen la mejor raja para sus fines personales.

¿Hay posibilidades de cambio? Los partidos políticos llegaron el viernes pasado a un consenso sobre lo que sería una reforma electoral, que establece algunos controles en la relación de los políticos con los medios. Por ejemplo, se pretende impedir que los servidores públicos realicen en todo tiempo campañas institucionales de comunicación social para su promoción personal, y que no puedan aparecer en voz o imagen en los mensajes que se difundan a través de medios electrónicos, con lo cual tendrían que desaparecer los spots y las gacetillas de los gobernadores, mediante lo cual se pondría un acotamiento a las precampañas y se buscaría nivelar la competencia. Apunta, sin entrar en detalles, a un modelo donde en tiempos de campaña los spots en medios electrónicos se den únicamente en tiempos oficiales y fiscales, y que se revise la regulación legal de la propaganda electoral.

Los puntos consensuados son notoriamente vagos y de tan limitado alcance que deberían darles vergüenza. Son propuestas tímidas y pusilánimes, misma categorización que se podrá hacer de los legisladores que buscan una nueva reforma electoral si no entran al fondo de la reforma, a la relación con los medios. Esta reforma es el único detonante para poder avanzar hacia campañas más justas, más equitativas, más cortas y menos onerosas. Sin una nueva ley en la materia, lo demás es inútil. Bien lo saben los legisladores. De hecho, en el documento aceptan que el financiamiento de los partidos y sus gastos en campaña están condicionados a lo que resulte en materia de acceso a radio y televisión, pero parecen estar aterrados de enfrentarlas. Por esa actitud, hasta que nos demuestren lo contrario se les podrá seguir aplicando la vieja frase que los engloba: los políticos son como las moscas: mueren a periodicazos.

rriva@eluniversal.com.mx

r_rivapalacio@yahoo.com