Algo poco claro está ocurriendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En una suerte de albazo, la madrugada de ayer el pleno del máximo órgano electoral del país sesionó a puerta cerrada para conocer que su magistrado presidente, Flavio Galván Rivera, presentó su renuncia al cargo —por motivos de salud— y en la misma sesión fue designada por unanimidad como presidenta la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.

La renuncia y el relevo del presidente del TEPJF no debía tener nada de extraño, si no fuera por una combinación de acontecimientos poco claros en la forma y el fondo, además de que se produce a horas de concluida la votación de un controvertido proceso electoral como el de Baja California —que al final mostró un rostro de negociación, ya que amenazaba con llegar precisamente al TEPJF, pero al parecer el PRI decidió recular—; de que distintos actores políticos como el PRI y el PRD condicionaron la reforma fiscal a una reforma electoral —y con ello la desaparición del IFE—, y porque los antecedentes de la nueva presidenta del Tribunal la vinculan con la familia presidencial.

¿Por qué el máximo árbitro electoral, como el TEPJF, que debiera tener en la transparencia una de sus divisas fundamentales de credibilidad, sesionó a las 12 de la noche del lunes y en la madrugada resolvió relevar a su presidente y nombrar a su nueva presidenta? ¿Por qué si el presidente saliente del TEPJF estaba tan enfermo como para dejar el cargo de presidente, no renunció también a su cargo de magistrado? ¿Por qué una decisión de la relevancia de la designación del nuevo presidente se tomó de manera apresurada, literalmente como un albazo y ¡sorpresa!, salió por unanimidad? ¿Por qué nombrar presidenta del TEPJF a una consejera que en el proceso de selección realizado en el Senado fue duramente cuestionada por su poco escrupuloso paso por el IFE y sus vínculos con la familia presidencial?

Ninguna de las anteriores interrogantes ha sido respondida por los señores magistrados del TEPJF, quienes en los hechos dieron la impresión de querer esconder sus decisiones, al realizarlas al alba, como para anular el impacto mediático. Pero las anteriores interrogantes no son el único problema que enfrenta el Tribunal Electoral. Resulta que también llama a duda que el presidente saliente del TEPJF haya sido el responsable de impulsar el resolutivo con el que esa instancia electoral le regresó la candidatura al gobierno de Baja California a Jorge Hank Rhon, y que horas después de que terminó la votación de ese proceso electoral se haya cambiado al presidente del TEPJF, al tiempo que el PRI y el propio Hank Rhon parecen desistirse de un juicio postelectoral. ¿Existe alguna relación entre el “recule” del PRI y el relevo en el Tribunal Electoral?

Tampoco ahí terminan las dudas. Todos saben que la señora Alanís Figueroa se desempeñó como secretaria ejecutiva del IFE, que preside Luis Carlos Ugalde, hasta que renunció al cargo como resultado de una rabieta porque no fue promovida. Todos sabían de la existencia de presuntos conflictos de interés —como aquí se documentó en su momento—, ya que era parte del grupo político que creó el Partido Alternativa, además de que desde hace muchos años mantiene una estrecha relación con la hoy familia presidencial, a través de la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala.

Más aún, para sectores vinculados con el Poder Judicial resultó poco claro el proceso mediante el cual la señora Alanís llegó al cargo de magistrada del TEPJF, ya que fueron evidentes “apoyos de poder”. En el Itinerario Político del 24 de octubre de 2006 dijimos aquí lo siguiente: “Luego de un proceso que puede ser calificado como legal, pero que resulta sospechoso para amplios sectores vinculados con todas las ramas del Poder Judicial —porque en la Corte nadie fue capaz de aclarar los criterios que sirvieron de base para ‘palomear y para tachar a otros’—, los 18 precandidatos a magistrados electorales federales propuestos al Senado, en un total de seis ternas, surgieron precisamente a partir de concepciones arbitrarias, harto cuestionables como el reparto de cuotas, compromisos políticos, amiguismo, pago de facturas y hasta el parentesco”.

Cuando los senadores le preguntaron a la señora Alanís sobre su cercanía con la familia presidencial, confirmó la especie, aunque aseguró que su trabajo era independiente a sus amistades. Lo cierto es que llegó al cargo de magistrada del TEPJF, a pesar de que eran muchos los aspirantes con mejor carta de servicios. Hoy es presidenta, a pesar de que entre los magistrados abundan los que cuentan con más cartas académicas. En política no hay casualidades, y los albazos, las interrogantes sin responder, son causalidades. Al tiempo.