Si la batalla por la educación exige, en la edad de la globalización, una revolución en el área de la investigación, lo mismo acontece, en una sociedad moderna y democrática, en el campo de los derechos humanos y la fiabilidad de las instituciones. Sobremanera, en la cúspide del edificio histórico de la convivencialidad, es decir, en orden a la justicia. Sin la justicia es imposible plantearse ese prodigioso modelo histórico que es la convivencialidad.

Los griegos, a los que deberemos, para siempre, los fundamentos teóricos de la convivencialidad democrática, nos dejaron, como herencia lúcida y apasionante, el arsenal de las definiciones y los conceptos fundamentales de la democracia. Elegiría, en ese aspecto, tres proposiciones: la isonomía. Ese vocablo, que se corresponde a dos voces griegas (igualdad, y ley o norma), conforma la base esencial de todo proyecto de vida colectiva y que los griegos, quede en el balance, asumieron como básico: “Sin la igualdad de todos y cada uno ante la ley”.

El segundo término fue, y sigue siéndolo, “isología”, es decir, “la igualdad de la palabra”. Aristóteles, al vertebrar analíticamente esos dos conceptos, amplió la inmensa magnitud de la isonomía con una precisión liberadora. Señaló que la igualdad ante la ley siendo básica para la convivencia, no podía eliminar lo real: que los hombres y las mujeres son desiguales y desiguales, también, sus recursos económicos y sus poderes reales. Por ello mismo introdujo un concepto que el derecho anglosajón ha aceptado con plenitud: la “equidad”. Para Aristóteles, por tanto, la igualdad ante la ley, dada la diferencia real de los seres humanos, obligaba a los jueces a plantearse, como correctivo ético, el concepto de la equidad para que la ley no fuese burlada por los poderosos.

El informe 2007 sobre “El estado de los derechos humanos en el mundo”, informe realizado por Amnistía Internacional, en el capítulo dedicado a México (página 278 a la página 283) el país sale seriamente reprobado. “Fox concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de los derechos humanos y la impunidad que siguieron siendo generalizadas”. Respecto a Oaxaca, señala “que en el contexto de una dilatada crisis política, se recibieron informes de violaciones graves en los derechos humanos y la violencia contra las mujeres siguió siendo endémica en muchos estados, y continuó la campaña para obtener justicia para las mujeres de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Varios periodistas fueron asesinados…”.

Señala Amnistía Internacional, en el capítulo titulado “Fuerza excesiva-seguridad pública”: “Los altos índices de delincuencia violenta, en muchos casos relacionada con el narcotráfico (el documento se refiere al año 2006), menoscabaron la seguridad pública en muchas zonas del país. Operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de los derechos humanos”. Señala, casos específicos, minuciosamente.

El diagnóstico del informe sobre Atenco no es muy amable: “Durante los dos días fueron detenidas 211 personas, muchas de las cuales, según los informes, fueron repetidamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión del estado. Al terminar el año, 26 continuaban bajo custodia acusadas de secuestro, pese a la existencia de graves motivos de preocupación respecto a la fiabilidad de las pruebas presentadas contra alguna de ellas y la imparcialidad de los procedimientos judiciales”.

Añade: “En mayo, durante la operación policial de San Salvador Atenco, 47 mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel. Al menos 26 de ellas denunciaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habían sido objeto de agresión sexual o violación por parte de agentes de la policía estatal, durante el traslado a la cárcel. Al terminar el año, las investigaciones de las autoridades estatales sólo se habían traducido en cargos menores contra uno de los funcionarios implicados…”.

El informe de Amnistía Internacional es de circulación mundial y denuncias de esa magnitud deben esclarecerse o probarse como infundadas. El capítulo “Detención arbitraria y procedimientos judiciales injustos”, señala, con nombres, casos específicos. Admite que, “con frecuencia, los abogados designados por el Estado no garantizaron el derecho a una defensa efectiva… A los detenidos más pobres y desfavorecidos, como las personas indígenas, se les negó a menudo la aplicación de unas normas mínimas de imparcialidad en los juicios… y que 10 periodistas fueron asesinados y muchos otros recibieron amenazas, según los informes…”.

El informe de Transparency International (Global Corruption Report 2007) está dedicado a la Corrupción en los Sistemas Judiciales (Corruption in Judicial Systems). El capítulo dedicado a México, desde la página 225, comienza así: “La peor consecuencia de la corrupción judicial en México es el alto nivel de impunidad, generado y sostenido por varios actores del sistema judicial: policías, fiscales, jueces y oficiales de prisiones… El 71% de la gente detenida en México no recibe consejo de un abogado mientras está en custodia, y a 60% de los detenidos no se les señaló su derecho a rehusar hacer una declaración. El 80% de los detenidos nunca habló con el juez que los condenó y ningún juez estuvo presente en las declaraciones del detenido en las oficinas judiciales…”. El capítulo siguiente se titula así: “The most Severe Lack of Credibility in its History” o, sin más, “La más severa falta de credibilidad de su historia”. El informe evalúa a 163 países.

Se coloca, a México, en el grupo de los “setenta” y, sin más, en el lugar 75, es decir, entre India y Perú. No tengo espacio para glosar el informe de la ONU sobre Desarrollo Humano ni el World Report de Human Rights Wacht, también reprobatorios. La conviencia ética así es inviable.

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