Sonora: siete policías muertos; responde el gobierno y abate a sicarios

N o es para menos. A todos asusta que en lo que va del presente sexenio se hayan contabilizado -EL UNIVERSAL- poco más de mil muertes vinculadas con la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado; que los objetivos sean cada día de mayor relevancia -policías, jefes policiacos, militares, escoltas de gobernadores y secretarios estatales de seguridad pública- y que se produzcan feroces batallas con decenas de muertos, como la ocurrida apenas hace unas horas en el estado de Sonora.

Las informaciones cotidianas revelan que se vive una verdadera guerra entre las propias bandas criminales del narcotráfico -que disputan territorios y mercados- por un lado, y entre los cárteles y las instituciones policiacas y militares del Estado mexicano por el otro. ¿Qué está pasando?, es la pregunta corriente. ¿Por qué se desató esa guerra?, se interroga. ¿Por qué eso no ocurría en gobiernos anteriores como los de Vicente Fox, Zedillo, Salinas, De la Madrid, López Portillo...?

Algunos se preguntan, con sentido común, por las razones que están detrás del repentino incremento de la violencia criminal. ¿Dónde estaban los narcotraficantes durante los sexenios anteriores, que no se percibía el nivel de violencia que hoy existe? Y en las respuestas a esa interrogante -respuestas que, por cierto, no han dado ni los tres órdenes de gobierno ni los tres poderes de la Unión, y menos los profesionales de la política- podría encontrarse la explicación a la criminalidad desatada por las bandas del crimen organizado y el narcotráfico.

De lejos viene...

En realidad lo que estamos viendo no es una novedad, tampoco es un problema que surgió ayer, en los gobiernos de la alternancia panista, y menos en los últimos de la hegemonía del PRI. No, es un fenómeno social, político y económico que viene de lejos. El de la prohibición del cultivo y venta de enervantes -y su consecuencia, la persecución de esos ilícitos- se puede localizar por lo menos desde hace siete u ocho décadas en México. Más aún, los enfrentamientos entre policías y delincuentes y los crímenes de políticos relevantes relacionados con el narcotráfico -como el asesinato del entonces gobernador de Sinaloa, Rodolfo T. Loaiza (febrero de 1944)- no son una novedad en la historia criminal mexicana, como tampoco la estrecha relación de complicidad, negocios e impunidad entre el narcotráfico y la política.

En su libro Mitología del narcotraficante en México, el especialista en la materia Luis Astorga señala: "Por lo menos desde 1878 existía ya una preocupación en México por controlar las denominadas ´sustancias peligrosas´ (morfina, sus sales y el opio, por ejemplo), y en 1883 se agregó la mariguana a esa lista... En 1920, las autoridades sanitarias implantan la prohibición del cultivo y comercialización de la mariguana, considerada como uno de los productos que ´degenera la raza´... El 8 de enero de 1925, el presidente Calles expide un decreto que deroga el del 23 de junio de 1923, donde se fijan las bases para la importación de opio, morfina, cocaína, etc. En 1926, el Código Sanitario prohíbe el cultivo y la comercialización de la mariguana y la adormidera".

Dice Astorga que el historiador sinaloense Herberto Sinagawa Montoya "afirma que los chinos llegaron a Sonora y Sinaloa huyendo de las difíciles condiciones de vida que conocieron en las minas de cobre de Santa Rosalía, en Baja California Sur... y algunos entraron a Sonora vía Guaymas y otros a Sinaloa vía Playa Colorada, municipio de Angostura. Ellos trajeron la semilla de amapola, la sembraron en sus huertos y el producto lo destinaron para su uso personal".

Y sigue más adelante: "En Sinaloa, en la década de los años 20 y principiso de los 30, hubo trágicos encuentros ente las mafias chinas por el control del comercio del opio". Luego relata el asesinato del gobernador de Sinaloa, Rodolfo T. Loaiza, el 21 de febrero de 1944, presuntamente a manos de "un grupo que controlaba la producción de opio, originarios de Badiraguato, quienes se habrían sentido traicionados por el gobernador".

Sobre el crimen del gobernador de Sinaloa, que en ese tiempo provocó todo un escándalo político, el investigador Luis Astorga recupera un artículo periodístico publicado bajo la firma de Luis Spota (Excélsior, 13 de junio de 1944), en el que el periodista y escritor cita una fuente que le reveló el móvil del crimen del mandatario sinaloense.

"El declarante elaboró una versión creíble: Loaiza recibió 80 mil pesos que le ´obsequiaron´ los traficantes de opio de Sinaloa para asegurarse impunidad y poder recoger libremente la cosecha de adormidera a principio de año; el gobernador aceptó el dinero sin comprometerse a nada; luego solicitó los servicios de alguna policía capitalina para que arrasara los plantíos, cosa que se hizo... los traficantes burlados planearon la venganza, que se ejecutó brutalmente una noche de carnaval. Al tiempo que Loaiza caía -y este es un detalle poco conocido-, manos misteriosas saquearon su residencia oficial en Culiacán". Hasta aquí la cita de Spota.

Complicidad e impunidad

Esa y otras historias fantásticas de los vínculos históricos de políticos y gobernantes mexicanos con el narcotráfico se documentan lo mismo en el libro de Luis Astorga que en una serie de relatos periodísticos -historias extraordinarias- que recopila y ordena el escritor Héctor Aguilar Camín (Nexos, mayo de 2007) y que confirman no sólo que viene de lejos la disputa por los territorios y los mercados del tráfico de drogas en México, sino que es una actividad fuertemente vinculada con el poder, la economía y la política.

El ciclo narcotráfico, complicidad e impunidad -que en el naciente gobierno de Felipe Calderón alcanza niveles de escándalo- es un ciclo que en menor o mayor medida existe en México desde hace muchas décadas, y que al parecer fue solapado y estimulado desde el poder público, político y empresarial. En efecto, sus características han sido cambiantes, según los cambios que ha tenido la producción, traslado, distribución y consumo de drogas, pero en todos los casos la constante es la misma.

Es decir, durante los tiempos del partido único en México, los caciques políticos regionales y estatales no sólo mantenían el control político y el poder público, sino que en muchos casos -y de ello abundan las evidencias- solapaban a las bandas criminales a cambio de una cierta estabilidad en los niveles de violencia. Así, al tiempo que crecía el poder y la influencia de las bandas del narcotráfico -y las disputas por territorios de paso, y luego de mercados- se hacía necesario extender las redes de complicidad, del orden municipal al estatal y luego al federal.

Pero esas redes de complicidad e impunidad se dificultaron primero y luego se rompen, cuando la alternancia en el poder -del PRI al PAN y del PRI al PRD- provoca una mudanza radical de los grupos de poder. Un caso emblemático fue, por ejemplo, el del primer gobierno estatal del PAN, en Baja California, donde el panista Ernesto Ruffo desplazó al PRI en el poder. Una versión que muchos amigos del ahora ex gobernador aseguran haber escuchado del propio Ruffo, dice que al llegar al gobierno estatal, el nuevo gobernador habría sido tentado con montañas de dinero.

Habría rechazado los cañonazos en plata, pero no habría podido eludir una negociación política; dejar hacer y dejar pasar, a cambio de tranquilidad en el estado. Tampoco es una novedad para nadie que en estados como Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Durango, entre muchos otros, el narcotráfico mantiene una presencia no sólo en esa actividad del crimen organizado, sino que participa de manera activa en los tiempos político-electorales para financiar candidaturas, sean del PRI, del PAN o del PRD -y en ocasiones para todos-, a cambio de mantener intocados territorios, rutas y mercados.

Pero los problemas se complicaron cuando llegan pluralidad y alternancia; cuando un gobernador es de un partido, el alcalde de la capital de esa entidad está en manos de otro partido, y más aun cuando existe una lucha tripartidista. Y la crisis alcanza niveles geométricos cuando otras bandas criminales disputan territorios, rutas y mercados, empujados por la ley del mercado de las drogas; por la sobreoferta que debe encontrar nuevos puntos de distribución y consumo. Se alteran los equilibrios políticos, económicos y sociales que hicieron posible, por lo menos hasta el año 2000, una convivencia más o menos manejable.

Parece claro que el gobierno de Vicente Fox le habría apostado a una suerte de equilibrio -algunos dicen que intentó estar equidistante respecto de las bandas criminales-, pero según algunos especialistas, el presidente Fox nunca entendió los problemas derivados de los cambios en el mercado y el consumo de drogas, y menos que ante la sobreoferta de drogas como la mariguana y la cocaína -que fueron desplazadas por drogas de diseño-, el mercado mexicano se convirtió en territorio en disputa. Y esa disputa rebasó todos los niveles imaginables. El presidente Calderón habría entendido ese problema, lo habría llevado a nivel de prioridad, y por eso reaccionó con toda la fuerza del Estado, no siempre con los mejores resultados.

Sonora y Veracruz

Pero en días y semanas recientes, los ciudadanos hemos podido comprobar las dos caras de la misma moneda, en cuanto a la forma polar en que actúan dos gobiernos estatales, en este caso del mismo partido, frente al narcotráfico y la violencia. Apenas el pasado 11 de mayo, un comando presuntamente de sicarios del narcotráfico se enfrentó a balazos, en la zona turística de Veracruz, con un grupo de cuatro escoltas del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Los cuatro escoltas mexiquenses habían sido asignados a la seguridad de los hijos del mandatario, y el golpe fue de tal magnitud que todos fueron acribillados, casi sin posibilidades de resistir el ataque.

Minutos después de la múltiple ejecución, sin ofrecer evidencias para ello, la autoridad de Veracruz intentó darle bajo perfil al asunto -de suyo grave- y salió con la versión de que se había tratado de una confusión. Pero lo más sorprendente fue que la policía estatal ni siquiera intentó perseguir a los presuntos responsables. El gobierno de Veracruz, en pocas palabras, se quedó paralizado.

La versión de la supuesta "confusión" -que, por supuesto, no convenció a nadie- fue acompañada de un silencio inexplicable por parte de los gobiernos veracruzano y mexiquense. ¿Qué hacían los hijos del gobernador Peña Nieto en Veracruz? ¿Por qué a altas horas de la noche? ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué no había vigilancia del gobierno de Veracruz? Interrogantes elementales que nadie explicó.

Pero todos en Veracruz saben que la familia de la fallecida esposa de Enrique Peña Nieto, originaria de ese estado, es muy respetada y que, a su vez, es muy estrecha la relación con la familia del gobernador Fidel Herrera. Y precisamente por eso, por esa estrecha relación entre las familias de los gobernadores de Veracruz y México, no son pocos los especialistas en crimen organizado que aventuran que más que una "confusión", el crimen de los escoltas de Peña Nieto fue un mensaje para el gobernador Fidel Herrera. ¿Cuál era el mensaje? Ése, el de su fragilidad. ¿Por qué ninguna autoridad movió un dedo para perseguir a los sicarios? Fidel Herrera se había negado a que llegaran a Veracruz los operativos federales. Pero debieron llegar luego de la ejecución de los escoltas de Peña Nieto. Por cierto, cuando llegó la fuerza federal, apareció una cabeza humana con un mensaje.

En Sonora, donde gobierna el también priísta Eduardo Bours, el miércoles 16 de mayo apareció un comando armado en el municipio de Cananea -alrededor de 40 sicarios a bordo de 12 camionetas de lujo- que "levantó" a nueve policías municipales y ejecutó a siete. La reacción del gobierno estatal fue totalmente distinta. Bajo las órdenes directas del gobernador Bours, policías estatales, en vehículos y un helicóptero, se dieron a la tarea de localizar y perseguir a los sicarios, y luego de un tiroteo de horas abatieron a 17 de ellos.

Es una constante que gobiernos municipales y estatales argumentan que no persiguen a los narcotraficantes -si acaso los repelen sólo en caliente-, porque esa, la de luchar contra los traficantes, es una facultad federal. ¿Por qué el gobierno de Sonora sí reaccionó, tomó la iniciativa, persiguió a los sicarios y les reportó serias bajas? Más aún, el gobernador Bours se quejó de que los pistoleros habrían viajado desde Tamaulipas, pasado por Chihuahua y llegado a Cananea, en una caravana de 12 camionetas de lujo, y ninguna autoridad de caminos los detectó. En respuesta, la autoridad federal despidió a mandos de la Policía de Caminos. ¿Por qué un gobernador no hace nada, difunde la versión de la confusión, y otro reacciona y enfrenta a los criminales? Es la vieja historia, la que viene de lejos.