Tierra Caliente se ha convertido en el grave síntoma de la violación a los derechos humanos en el país disfrazada de lucha contra el narcotráfico

Por la vía de la legitimidad pública, en una sociedad democráticamente imberbe, el gobier no de Felipe Calderón ha instaurado de manera temporal estados de sitio en algunas regiones del país, avalando que el Ejército atropelle los derechos humanos, y trapee el piso de la Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero con sus botas. Muchos pensábamos que el Ejército Mexicano, que fue profundamente lastimado por dejarse usar por el poder civil para reprimir y masacrar estudiantes en 1968, y en los 70 arrasar con las guerrillas y con todo lo que se encontraran a su paso, había dejado atrás sus desviaciones ilícitas. Estábamos equivocados. El Ejército mexicano, como en su días más infames del autoritarismo recalcitrante está mancillando el estado de derecho.

La tierra caliente del occidente mexicano es su regreso al gorilato, como se identificó peyorativamente a los dictadores del Cono Sur americano durante los aciagos días en que la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuando reprimieron no sólo a los grupos guerrilleros y sus bases de apoyo que se les oponían, sino a todos aquellos que pensaban distinto a los gobiernos militares o los civiles que utilizaron como títeres. La guerra fría era la causa, y las violaciones a los derechos humanos su síntoma. Hoy es la guerra contra el narcotráfico, una lucha que bien debe librarse, pero que debe mantenerse dentro de los márgenes de la ley, y no escupiendo sobre de ella ante la ovación popular.

Carácuaro, en Michoacán, es el primer síntoma claro del nuevo México. Hace dos semanas cinco soldados murieron en una emboscada de narcotraficantes. El presidente Calderón no se detuvo para llamarlos "héroes", otorgando esa distinción bajo la presunción de que habían muerto en cumplimiento de su deber, mientras los análisis de prensa subrayaban que los cárteles de la droga estaban desafiando al Estado mismo. Pero soslayaron un matiz. Los soldados no portaban uniforme cuando fueron atacados, ni se trasladaban en un vehículo militar. Iban vestidos de civil en un auto civil, pero bien armados. Si fueron o no víctimas de una confusión, no importó. El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, con experiencia de campo en operaciones contra el narcotráfico en Chihuahua, tuvo el respaldo presidencial para hacer las cosas a su manera.

Envió unidades aéreas y terrestres; fueron a 18 municipios de Tierra Caliente para encontrar a los responsables de la afrenta. La región, en efecto abatida por la lucha entre cárteles, fue ahora barrida por los militares que actuaron en la forma que sólo cabe en situaciones de excepción o estados de sitio. Se fueron contra las comunidades de la región a levantar gente sin orden de aprehensión, a meterse en sus viviendas sin ninguna orden de cateo, y a iniciar un sistemático abuso de autoridad y exceso de fuera que tuvo como emblema una refriega que se dio en Apatzingán el 8 de mayo. Un total de 200 miembros de las Fuerzas Armadas atacaron una casa durante dos horas, con tan pocos miramientos que en dos horas la habían incendiado por el fuego de la metralla.

En la casa había cinco personas, vinculadas con el narcotráfico, que respondieron con armas de alto calibre. Las crónicas del enfrentamiento en el centro de la atribulada ciudad michoacana, dan cuenta del empleo de granadas, rifles de asalto AK-47 checos y R-15 estadounidenses, así como el uso de vehículos Hummer artillados con armas MK19, que son ametralladoras pesadas pero muy versátiles, pues también sirven para lanzar morteros y los ejércitos los utilizan para destruir búnkeres o fortificaciones. La casa que atacaron en el centro de Apatzingán no podría clasificarse en esa categoría.

Fue un desastre lo que hizo la tropa en esa región. Por ejemplo, a Julián Mondragón, que lo detuvieron en Las Guacamayas, en el municipio de Carácuaro, lo golpearon y lo quemaron con un encendedor, que son técnicas de investigación extralegales. Como lo tenían por sospechoso de haber participado en la emboscada del 1 de mayo, los soldados fueron a su comunidad y detuvieron a todos los que se apellidaran Mondragón, que resultaron ser más de 70. Los militares tomaron el control de todo, desaparecieron a la autoridad civil y asumieron el control del palacio municipal. "No estamos en contra de las Fuerzas Armadas, pero pedimos respeto", dijo el alcalde de Huetamo, otro de los municipios invadidos por la tropa, Antonio García Cornejo. "Lo que está haciendo aquí el Ejército en su desesperación, es violar totalmente los derechos de los ciudadanos, y eso no lo podemos permitir".

Esa región del país tiene casi tres décadas de estar influida por el narco, y hay varias decenas de municipios que los cárteles controlan en su totalidad. Esta realidad habla de un vacío de autoridad durante mucho tiempo, la cual no ha sido restituida sino vuelta a remplazar por otro grupo que, con la noble misión de luchar contra el narcotráfico, está actuando también al margen de la ley. El Ejército está metido en un problema al haber rebasado el marco de la ley. De las 36 personas que detuvo sin mayor documentación jurídica en la mano, ya fueron puestas todas en libertad. Aterrados, los pobladores en la zona de Tierra Caliente han preferido esconderse, y solamente 22 presentaron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero el descrédito apenas comienza.

Del 1 de enero al 11 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 28 quejas por presunta violación de derechos humanos de alguna autoridad en las 11 entidades donde se ha desarrollado el operativo contra el narcotráfico. Michoacán tiene 11 del total, que es lo que en conjunto suman las cuatro entidades que le siguen. El Ejército es mencionado en todas las quejas, mientras que la PGR en la mitad y la PFP -en quien antes recaía la principal responsabilidad de estas acciones- 2. Cateos ilegales son la principal queja, seguida de ejercicio indebido de la función pública, detenciones arbitrarias y trato cruel o degradante. Es decir, el Ejército metido de lleno a las nuevas tareas que le encargó el Presidente, como policías y ministerio público -ajenas, por cierto, a su definición en la Constitución-, está haciendo regresar las peores memorias de un Ejército que manejaban los gorilas.

Una vez más, están sometidas acríticamente por el Presidente en turno. Por decreto o en forma discrecional, lo que sucedió en Tierra Caliente es la suspensión de garantías individuales, que la Constitución contempla en el artículo 29, donde el jefe del Ejecutivo puede suspenderlas en caso de invasión o perturbación grave a la vida pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave riesgo o conflicto. Sin embargo, requiere de la aprobación del Congreso o, en dado caso que no esté en periodo de sesiones, de la Comisión Permanente. El presidente Calderón no ha cumplido con este trámite, mientras el general Galván ha actuado como si estuviera legalmente autorizada la suspensión de garantías. Hay un doble abuso, civil y militar, y un rebasamiento de las funciones públicas. El apoyo de una población que en lo general no alcanza a ver las implicaciones legales y políticas de este atropello presidencial, se traducen en costo político para el Ejército. Las Fuerzas Armadas mexicanas no se merecen este lugar. Pero tampoco deben seguir violentando la ley, y menos aún, en forma tan flagrante como lo han hecho este año.

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