Calderón da un mensaje de respeto a la autonomía sindical y deslinde de las prácticas del gobierno de Vicente Fox

Si no ocurre otro vergonzoso robo de documentos oficiales -que muestran los escandalosos niveles de corrupción en la PGR-, el día de hoy la autoridad respectiva deberá restituir en sus funciones al comité ejecutivo nacional del sindicato minero, que preside Napoleón Gómez Urrutia.

Un colegiado federal del Poder Judicial encontró, como todos saben, que la dirigencia de Napito -como motejan a Gómez Urrutia en su gremio-, fue depuesta de manera arbitraria e ilegal -para imponer en los mismos términos a Elías Morales-, como resultado de una maquinación política en la que participaron el entonces presidente Fox y sus secretarios de Gobernación y del Trabajo, Carlos Abascal Carranza y Francisco Javier Salazar, entre otros.

La disputa entre el sindicato minero y el gobierno foxista inició a mediados de la gestión del guanajuatense, cuando Napoleón Gómez Urrutia disputó la presidencia del Congreso del Trabajo, a contrapelo de los controles ordenados desde la casa presidencial, y se confirmó cuando el líder minero se negó a aceptar los topes salariales impuestos por esa misma administración.

A mediados de 2005, con el proceso electoral federal de julio de 2006 encima, y frente al obligado recambio de colaboradores -Santiago Creel se lanzó como presidenciable del PAN, Carlos Abascal pasó de la secretaría del Trabajo a la de Gobernación, y Francisco Javier Salazar fue promovido a secretario del Trabajo-, el líder de los mineros del país se transformó de aliado a enemigo del presidente Fox -a quien incluso se atrevió a retar personalmente-, y desde la casa presidencial se decidió su destitución. Claro, mediante toda clase de artimañas legales, entre ellas la falsificación de firmas en documentos oficiales, que hoy han salido a la luz.

Frente al nuevo escenario, que de golpe y porrazo convirtió a Gómez Urrutia de perseguido en perseguidor del gobierno foxista, no faltaron las voces que alardearon sobre las bondades de la justicia mexicana; ésa que convierte al nada democrático y de cuestionable fortuna personal, Napito, en una suerte de "héroe favorito", capaz de derrotar con todos sus méritos de batalla las perversidades del "villano favorito", Vicente Fox. Qué bien por la justicia mexicana.

Pero a muchos se les olvida que en todo gobierno, sea de derecha, izquierda o centro, PAN, PRD o PRI, no se mueve una hoja del árbol institucional sin el aval del jefe supremo, del Presidente, en el caso mexicano. Y el de Gómez Urrutia y el sindicato minero no son la excepción.

Y es que en el fondo -más allá de que en efecto, en este caso la justicia laboral parece que se impuso- asistimos a una cuidadosa y callada operación política salida de Los Pinos y operada en la casona de Cobián, que tiene muchos mensajes y rebota en muchas bandas. El gobierno de Calderón, como todos saben, está urgido de legitimidad. Y una de las fuentes reales de legitimidad, más importantes incluso que los partidos políticos, es con los grandes gremios sindicales, sean de instituciones públicas o de empresas privadas. Una buena parte de las reformas que vienen pasan, de manera inevitable, por los sindicatos.

Con su alianza temporal con el magisterio de la profesora Elba Esther Gordillo, el gobierno de Calderón ofreció pruebas claras de que buscará aliados no tanto en los partidos, sino en los gremios laborales, con los que debía congraciarse. Al presidente Calderón no le importa -por lo menos de manera temporal- impulsar la democracia y la transparencia sindicales, sino tener aliados que empujen sus reformas. Por eso era urgente desmontar el engaño urdido contra Napoleón Gómez Urrutia. ¿Era importante Napoleón? No, se trata de un mensaje, de un gesto de fuerza institucional, porque incluso es probable que Napito no regrese como líder.

Pero lo que sí era importante -al tiempo que se mandó el mensaje de respeto a la autonomía sindical- era y es el deslinde con las prácticas del gobierno de Vicente Fox. Es decir, que el señor Calderón apareciera como un presidente de la "legalidad", confiable, respetuoso de los sindicatos, al tiempo que exhibe a su sucesor como un mal presidente, capaz de cualquier perversidad política.

Pero como en política las ingenuidades son pecados capitales, que se pagan muy caro, los verdaderos damnificados con la restitución judicial, definitiva e inatacable, del comité ejecutivo de Gómez Urrutia en el sindicato minero, son los señores Carlos Abascal Carranza y Francisco Javier Salazar; los dos secretarios del Trabajo durante el foxiato, el primero secretario de Gobernación en la misma administración, y los dos capitanes de altos vuelos en el CEN del PAN.

¿Y eso qué? Se podría preguntar. Que junto con Manuel Espino, los señores Abascal y Salazar quedaron exhibidos como parte de la ultraderecha tramposa, maniobrera, y que gusta del engaño y la conjura. Y ese golpe y su mensaje respectivo, pegarán directo a los futuros consejeros nacionales del PAN. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx