Vale recordar que la ALDF no sólo tiene el derecho de promover una reforma, sino que tiene la obligación de hacer valer su mayoría

La lucha por la "defensa de la vida" y contra la legalización del aborto es una batalla histórica que han dado en todo el mundo grupos civiles y religiosos, la mayoría de ellos vinculados con la Iglesia católica. En no pocas partes del mundo esos grupos y sus representaciones católicas han llegado a la conclusión de que esa, la del derecho de las mujeres a decidir si continúan o no con un embarazo, es una batalla cultural perdida.

¿Por qué esa derrota? Porque en todos los países donde la sociedad optó por legalizar el aborto -en un margen que va de 12 a 14 semanas de gestación- se concluyó que suspender o no un embarazo no deseado es una decisión íntima, individual, que compete sólo a la conciencia de la potencial madre. Penalizar esa decisión -como ocurre en México- o sujetarla a reglas penales, morales o religiosas significa cancelar el derecho personalísimo de las mujeres de seguir o no con un embarazo, además de que coartan libertades fundamentales como la de credo y la de actuar conforme a la conciencia, más allá de presiones legales, morales o religiosas.

Durante muchos años, antes de que algunas naciones reconocieran esa realidad, miles o millones de mujeres ejercían y ejercen en la clandestinidad el derecho de seguir o no con un embarazo y la libertad de suspenderlo en el periodo en que algunos estudios científicos convienen que no se puede hablar de una vida humana. Reconocer esa realidad -que millones de mujeres recurren al aborto más allá de las presiones legales, morales, culturales y religiosas- significa que desde hace muchas décadas la penalización del aborto fue derrotada por la realidad.

En México se practican -según estimaciones oficiales- un millón de abortos clandestinos -de los cuales también se estima que mueren por lo menos 10% de las mujeres que se lo practican-, todo ello en medio de un mercado negro de abortos que se realizan en condiciones de salubridad confiable sólo para las familias pudientes -capaces de desembolsar cifras millonarias-, mientras que las familias de escasos recursos son víctimas de verdaderos mercenarios. Es decir, en la práctica se penaliza la pobreza. Ahora bien, según encuestas recientes (Milenio y Reforma, 20 de marzo de 2007), 62% y 72% -respectivamente- de los capitalinos están de acuerdo en que compete sólo a las mujeres, en su fuero íntimo, decidir sobre el aborto.

¿Qué significa que, por lo menos, se registren un millón de abortos clandestinos al año? ¿Qué entender cuando seis o siete de cada 10 mujeres capitalinas estén de acuerdo con el derecho que tienen de decidir sobre un embarazo y la libertad de interrumpirlo? La realidad del aborto en México, las cifras que lo soportan como problema de salud pública y de injusticia social y la percepción mayoritaria de que recurrir al aborto -como medida extrema en todos los casos- es una decisión exclusiva de las mujeres no muestran otra cosa que el fracaso cultural de la batalla de grupos conservadores y de la Iglesia católica contra la legalización del aborto.

Y no se trata de cancelar la libertad de expresión de aquellos que de manera legítima -y también en conciencia- se oponen a la legalización del aborto. Los argumentos que exponen, más allá de fanatismos conservadores, son atendibles, porque la ciencia no es clara en cuanto al inicio de la vida humana y porque, en cualquier caso, también ejercen sus libertades al promover el "no al aborto".

En todo caso, unos y otros -los que promueven el aborto y los que lo condenan- debieran recordar que el mexicano es un Estado laico -entendido el laicismo como el método de convivencia de todas las filosofías e ideologías posibles, bajo la regla de "no pretender poseer más verdad de la que cualquier otro puede pretender poseer". (Filosofía del diálogo. Guido Calogero)-, y que la mexicana es una democracia representativa. Es decir, una organización política y social en la que los ciudadanos depositan su representación en el Congreso, federal o local.

En el caso concreto, vale recordar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) -cuyos diputados lo son por el voto popular y, al mismo tiempo, representan la voluntad de los capitalinos- no sólo tiene el derecho de promover una reforma como la que pretende sumar una quinta causal a la legislación sobre al aborto, sino que tiene la obligación de hacer valer su mayoría -que es el fundamento de la democracia- para analizar, discutir y, en su caso, aprobar una iniciativa como esa.

El de la legalización del aborto es un tema polémico y de profundas controversias sociales y políticas, pero sus elevados niveles de ocurrencia y la percepción mayoritaria de capitalinos que comparten la idea de despenalizarlo son el verdadero "voto duro" que se traducirá en el voto de una mayoría de diputados, en la Asamblea Legislativa, para su despenalización. Esas son las reglas del juego, nos gusten o no. Y si quienes se escandalizan por esa reforma no están de acuerdo con esas reglas del juego, entonces deberán trabajar para lograr una mayoría legislativa capaz de cambiarlas, o recurrir a los tribunales mexicanos y mundiales, porque México ha firmado acuerdos internacionales contra el aborto.

aleman2@prodigy.net.mx