En momentos en que en el salón de sesiones de una Cámara de Diputados blindada por dentro y por fuera se discutía la aprobación, en lo general y en lo particular, del dictamen de la Ley del ISSSTE, en medio de gritos de protesta; toma momentánea de la parte baja de la tribuna por representantes del PRD, PT y Convergencia; coros de "¡debate, sí; ´elbazo´, no!" y "¡Calderón-Gordillo, el ISSSTE a su bolsillo!", el presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, dio a conocer su propuesta para modificar uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa, lo que seguramente obligará que el documento sea devuelto a la colegisladora.

El priísta sonorense propuso que a quien designen director general de Pensionissste, la "afore pública" que manejará los recursos de los trabajadores, jubilados y pensionados de esa institución, sea un funcionario altamente capacitado en materia financiera y administrativa para evitar que "una camarilla, a través de algún recomendado, familiar o persona indeseable o improvisada, se adueñe de ese cargo", lo que parece llevar un claro mensaje.

Los integrantes del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro insistieron hasta el cansancio que el titular de Pensionissste no debe ser el titular de la institución sino alguien que dé certidumbre de que habrá respeto a esos recursos porque, sostuvo el diputado del sol azteca Juan Guerra, "quienes desfalcaron los fondos de los trabajadores fueron las distintas direcciones del ISSSTE", de lo que otros de sus colegas, desde sus curules, acusaron al ahora panista Benjamín González Roaro, ex director general, quien en su intervención en tribuna acusó a una de sus antecesoras, Socorro Díaz, cuando fue titular de aquel siendo priísta, no perredista como lo es hoy.

En lo general, luego de poco más de tres horas de discusión, el dictamen fue aprobado por 313 a 146 -a los votos de PAN, PRI, PVEM, y Nueva Alianza, los de Alternativa, que a última hora sumaron los suyos, después de que junto con PRD, PT y Convergencia estaban en contra- con las abstenciones de los priístas Beatriz Pagés y José Armando Orihuela.

Antes se rechazó una moción suspensiva que solicitó el petista Joaquín Vela y después del mediodía se inicio el debate en lo particular que finalmente recibió también el visto bueno de los diputados que anoche mismo la aprobaron por 281 a favor, 119 en contra y cinco abstenciones, para remitir de inmediato la minuta al Senado, donde seguramente será objeto de una revisión exhaustiva para hacerle modificaciones, como la que propuso Beltrones con los requisitos que deberá cumplir quien sea designado director general de Pensionissste, entre otros, haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, no haber desempeñado en los últimos dos años cargo alguno de elección popular o de cualquier otra índole en partidos o agrupaciones políticas ni en organizaciones de trabajadores o patronales.

De esto y de aquello.

Para que tras el llamado del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, los mexicanos no nos asustemos ante el agravamiento de la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado, ayer se reportaron nuevas ejecuciones con más mensajes amenazadores entre las ropas de las víctimas. A un lado de la carretera Cancún-Mérida aparecieron los cadáveres de dos jóvenes, atados de pies y manos y amordazados con cinta canela y sobre el pecho de uno de ellos, la policía halló este mensaje: "Para todos, nada es mejor. Soplón". Y en el lado opuesto del territorio nacional, en Mexicali, Baja California, se encontraron restos de tres cuerpos dentro de bolsas de plástico negras en la cajuela de un automóvil abandonado en una alejada colonia de esa capital fronteriza. Pero como el valentón ex gobernador de Jalisco que hoy es titular de Gobernación ya anunció que la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico va para largo y costará mucho dinero y vidas humanas, habremos de irnos acostumbrando. Lo que muchos mexicanos se preguntan es si los funcionarios de alto nivel, incluyéndolo a él y, por supuesto, a su jefe, el presidente Calderón, no anduvieran asustados, ¿por qué pues redoblaron tanto su seguridad?... Y es que además de agentes federales, sus escoltas incluyen también un número mucho mayor al habitual de elementos del Ejército. Lo peor es que contra las alegres cifras que Ramírez Acuña dio a conocer en su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados sobre los resultados de los operativos policiaco-militares, cada vez son más, también, los estados en que hay ejecuciones, decapitaciones y secuestros. Además, no es hoy ningún secreto que las amenazas han llegado a los altos niveles del gobierno federal y a gobernadores y ex gobernadores de entidades federativas que en su momento -en el caso de varios de éstos- protegieron o se beneficiaron de sus presuntos o verdaderos vínculos, con el narcotráfico. Lo menos que el cierre de la megabiblioteca José Vasconcelos , por "defectos" de construcción, debe merecer de parte del gobierno federal es una investigación del millonario despilfarro habido en esa obra el sexenio pasado. Si en la Secretaría de la Función Pública sigue el disimulo ante los evidentes casos de corrupción, la impunidad que, precisamente, se institucionalizó en el gobierno foxista, habrá de continuar en el actual para decepción de los mexicanos. Un ejemplo más de ello es el que acaba de ocurrir en Coahuila, en donde el juez Primero de Distrito, Eduardo Loredo Morelón, otorgó la suspensión provisional a los cinco funcionarios de la Industrial Minera México contra los que la Procuraduría de Justicia de esa entidad giró órdenes de aprehensión. El argumento de ese juez fue que, a pesar de que en el estallido en la mina Pasta de Conchos en el que perecieron atrapados 65 mineros, el 19 de febrero del año pasado, "el delito de homicidio culposo no es grave en la legislación de Coahuila". De todas formas, el gobernador priísta de ese estado, Humberto Moreira, insiste en que se deberá hacer justicia por encima de influencias y presiones políticas de quienes tengan una presunta responsabilidad en el homicidio industrial de mineros.