En el Registro Federal de Electores hay un club de representantes de partidos que ha hecho del abuso y el cinismo un estilo de vida

La partida 7518 es algo desconocido para más de 100 millones de mexicanos que, sin embargo, se sostiene con los impuestos que pagan los contribuyentes. Manejada con secretos y complicidades, es uno de los cajones presupuestales más infames que existen en México. Se encuentra resguardada en el casillero de Órganos Autónomos del Registro Federal de Electores (RFE), y se refiere a los apoyos económicos que se dan a los partidos políticos que integran sus órganos de vigilancia y supervisión. Son 38 millones de pesos los que se les destinarán este año que, en el contexto del presupuesto general del IFE, no pintan de manera significativa. Su relevancia, empero, no radica en su peso total sobre el presupuesto, sino porque es el botón de muestra de uno de los abusos más flagrantes que realizan los partidos políticos con el dinero de los mexicanos.

La partida 7518 es el reino de los representantes de los partidos en el RFE, un indigno territorio presupuestal que ha sido ilegalmente protegido por los recovecos de la política para beneficio de un reducido grupo de personas que integran el club público, pero en hechos secreto y exclusivo, con más privilegios del país. Esta partida, por ley, está en obligación de dar a conocer el destino y aplicación específica de los recursos erogados, por lo cual tendría que ser del conocimiento de todos. Pero no lo es. Lejos de ser transparente, su manejo es hermético por las presiones de los representantes de los partidos y por la complicidad de las autoridades del RFE, que no han podido darle la vuelta a las presiones de los enviados de los partidos.

El RFE está a su merced, doblegado prácticamente en cada exigencia que les hagan los representantes de los partidos. Los virreyes del gasto presupuestal en material electoral gozan de los privilegios de la discrecionalidad para peculio personal. Sería injusto generalizar que todos aquellos que trabajan dentro de la partida 7518, destinada a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Comité Nacional de Supervisión y Evaluación del RFE, que ven cosas fundamentales como el padrón electoral o el funcionamiento de los módulos en las elecciones, son campeones del abuso. Pero lo que no es una generalización es que prácticamente todos los representantes de los partidos que son enviados ahí por sus dirigencias nacionales han incurrido en los últimos años en cínicos abusos extremos que reclaman urgentemente un fin.

Existen, por ejemplo, dos representantes de partido que nunca se presentan a las sesiones de trabajo, pero que no dejan pasar ningún viaje oficial al exterior. Hay otros, como el de otro representante que descubrió la forma para que el RFE le pagara anualmente un curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid. Actualizarse no está mal, salvo que este representante no sólo pedía viáticos para la semana del curso, sino para un mes, llegándose a indignar cuando en una de esas ocasiones raras que el RFE dice que no a las arbitrariedades, le negaron el reembolso de 50 mil pesos porque no pudo presentar ningún documento que avalara tal erogación.

Este mismo representante tuvo otra de esas puntadas que son, en realidad, puñaladas al presupuesto, cuando en la semana previa a uno de esos cursos acreditó como representante suplente a una mujer a quien, además, pidió en vísperas de viajar que también le pagaran el curso y los viáticos en la Complutense.

Pero pensar que este representante es la joya de la corona de los abusos sería limitar las posibilidades de otros representantes. Una representante no tuvo empacho en acreditar a su hermana, esposo e hijo como suplentes, por lo cual la familia empezó a gozar de casi 100 mil pesos adicionales en su presupuesto familiar gracias al dinero de quienes pagan impuestos. Esto no es excepción.

Si se dieran a conocer los directorios del personal de los partidos, se vería que la semejanza de apellidos tiene que ver con que cobran los familiares de los representantes: esposas, esposos, hermanos, hermanas, primos, primas e hijos, como sucedió con una representante a la cual el RFE le negó la posibilidad de acreditar a su hijo como suplente por ser menor de edad, lo que no impidió que al día siguiente que cumpliera 18 años, reiniciara el trámite y finalmente lo colocara dentro de la nómina. Una representante que tolera este tipo de iniciativas de sus subalternos, inclusive, está bajo sospecha de cobrar comisiones a quien le pide esos privilegios.

Es absolutamente natural que los representantes de los partidos en el RFE hayan impedido cumplir con los lineamientos -que apenas se logró pasar en 2004- y con la transparencia de este órgano electoral. Se les caería el tinglado, no sólo por el botín que podría generar envidia dentro de sus partidos y convertirse la representación en el RFE en uno de los cargos más preciados, sino porque, probablemente, en el momento de acatar con la transparencia, varios de sus actos podrían comenzar a ser revisados con la lupa legal y podrían estar cometiendo varios delitos, como usurpación de funciones, peculado o malversación de fondos.

Ya no se diga nepotismo, como cuando se dio la redistritación, que significó un presupuesto adicional de 200 mil pesos a cada partido, uno de los representantes pidió que se los asignaran, en partidas de 50 mil pesos equitativas, a cada uno de sus hijos. Si se transparentara la partida 7518, los mexicanos encontraríamos enormes sorpresas, como que en las suplencias o supervisiones de tareas específicas, aparecen la esposa o el chofer de un representante, o coinciden con viajes en los que los acompañantes también son familiares. Hay otros viajes que no tienen fines personales, sino que coinciden con elecciones en los estados, con lo cual se puede argumentar también que son subsidios disfrazados para tareas de partidos.

Los representantes de los partidos en el RFE, torciendo la ley, se han negado sistemáticamente a hacer públicos sus gastos en la partida 7518, aduciendo que al no ser prerrogativas, deben mantenerse con carácter privado. Es una trampa. Además de existir una instrucción legal en ese sentido, el hecho de que se trate del dinero de los contribuyentes obliga moral y políticamente a que su destino y aplicación sea del conocimiento público.

El secreto con el que se manejan es insultante. Ni siquiera han permitido que sus sesiones técnicas sean abiertas, lo que es un contrasentido dentro del órgano rector, que es el IFE, cuyas sesiones de Consejo General sí son abiertas y transmitidas por televisión. También es una aberración de la democracia, puesto que la transparencia es un recurso de rendición de cuentas y de freno a los abusos. Este club tiene que ser roto para derribar un peldaño más de las arbitrariedades que, pese a todos los esfuerzos, siguen siendo remanentes de un régimen autoritario.

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