A la vista el poder de los monopolios, capaces de todo

C uando muchos suponían que los mexicanos salvarían de manera exitosa la "cuarentena" de arranque de gobierno de Felipe Calderón -sobre todo por el buen recibimiento mostrado por los operativos contra el narcotráfico-, sobrevino la "novatada", con altos costos sociales y políticos. Y por supuesto que la crisis financiera de diciembre de 1994 -que todos conocimos como el "error de diciembre"- está muy lejos de la inestabilidad de precios que provocó el alza en la tortilla, pero lo cierto es que asistimos a un costoso inicio de sexenio que coloca al naciente gobierno ante la realidad: la de los monopolios capaces de desestabilizar a un gobierno, sea del color que se quiera.

Y es que el de Calderón es un gobierno que ni siquiera logró cruzar la barrera "sicológica" de la "cuarentena", pues al cumplir el día 39 de su gestión apareció el fantasma de la desestabilización, no por el flanco del crimen organizado y el narcotráfico -que parecían los enemigos que amenazaban al nuevo gobierno y que por ello fueron enfrentados con espectacularidad mediática-, sino que se hizo presente por uno de lo frentes que desde sus tiempos de candidato presumió el hoy Presidente: el de la economía.

Y el golpe pegó donde más le duele a todo gobierno, sobre todo a todo aquel que inicia: en la línea de flotación de la eficacia y la confianza social. Si el gobierno de Calderón fue incapaz de ver y prever lo que venía en materia de abasto y precio de alimentos básicos, pero sobre todo en el precio de la dieta fundamental de millones de mexicanos pobres, como el maíz y su derivado, la tortilla, podemos hablar de un primero y muy grave error, del "error de enero".

Terminó la "luna de miel". El gobierno de Felipe Calderón hizo tierra con la realidad antes de cumplir la cuarentena, y empezará a pagar un elevado costo social y político. Y es que el "error de enero" aleja la confianza inicial de amplios sectores sobre las capacidades del Presidente y de sus colaboradores para hacer frente a las tareas fundamentales de la economía, como el abasto de básicos -Calderón se dice conocedor de los temas económicos-, al tiempo que le ofrece parque suficiente a sus adversarios para el socorrido "se los dije", y para iniciar una guerra política, la "guerra de la tortilla". Pero el golpe más severo es para millones de mexicanos, para quienes la tortilla es la dieta fundamental, que entre el 8 y el 9 de enero amanecieron con alzas significativas en su principal alimento, la tortilla.

El pasmo

Apenas el pasado domingo 7 dijimos en este espacio que 37 días era muy poco tiempo para evaluar el arranque de un gobierno como el de Calderón, que si bien legal e institucionalmente legítimo, carecía de la legitimidad social y política que le acarreó el cuestionado proceso electoral del que fue producto. Dijimos hace apenas siete días: "La legitimidad social y política se conseguirá con un gobierno eficaz y eficiente y... debemos esperar a que el Presidente y sus colaboradores muestren sus capacidades o limitaciones para evaluarlos". Y horas después llegó la primera prueba.

El alimento histórico de los mexicanos, la tortilla, que al mismo tiempo es la comida fundamental de millones de mexicanos, pasó de cinco o seis pesos, a un incremento de 100%. En promedio, en todo el país, el kilo de tortillas se vendió a 10 pesos, con picos de hasta 15 pesos en zonas fronterizas. ¿Qué está pasando?, era la pregunta generalizada. En los primeros 35 días de la gestión de Calderón, el nuevo gobierno había dado muestras de poner como la prioridad el combate al crimen organizado, mediante operativos en regiones de alto impacto del narcotráfico, como Michoacán, que daban muestras de estar fuera de control.

Está claro que el primer mensaje del nuevo gobierno se diseñó para recuperar la imagen de un gobierno como el de Vicente Fox, que había dado muestras de extrema debilidad y desconfianza en las capacidades institucionales para contener al crimen organizado. La idea de ese mensaje no era tanto acabar con un flagelo que requiere de políticas de Estado, de tiempo y del concurso de todas las instituciones, para su contención y combate, sino mostrar a propios y extraños el músculo del nuevo gobierno. El mensaje parecía acertado; que ese poder fáctico que es el narcotráfico entendiera que no podía continuar en total impunidad, y mostrar que el México del nuevo gobierno podía ser visto como un lugar propicio para la inversión.

Además, los operativos en los que participaron no sólo la policía federal, la inteligencia del Estado y las Fuerzas Armadas, pretendieron ser una muestra de que la gobernabilidad y la estabilidad eran prioritarias y la preocupación del nuevo gobierno. Es decir, que el monopolio de la violencia institucional, que es una facultad del Estado, no podía ser el instrumento privilegiado de los poderes fácticos, ilegales, como el crimen organizado y sus brazos operativos, como el narcotráfico. La medida, el arranque del gobierno de Calderón, fue aplaudida por muchos que entendieron que era eso, el primer paso, un paso correcto en lo que parecía el inicio de una política de Estado encaminada a colocar el combate al crimen organizado como la prioridad.

Pero nadie imaginó que los brazos de la desestabilización y su influencia extrema, la ingobernabilidad, pudieran ser empujados desde otro frente, el de la economía, que para el gobierno saliente y para el entrante eran, aparentemente, los puntos de mayor solidez. De esa manera, cuando se disparó el precio de la tortilla -que para las clases medias de todo el país no es un disparo preocupante, pero que para el 40% de los mexicanos es un golpe demoledor a su economía de sobrevivencia-, los miembros del naciente gabinete económico del gobierno de Calderón respondieron con una reacción de pasmo. En términos coloquiales, se quedaron pasmados.

El presidente Calderón viajaba a Nicaragua, a la toma de posesión de su homólogo Daniel Ortega, y centraba su atención en el inevitable encuentro con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declarado enemigo de Calderón. En México, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, escondió la cabeza durante días; el de Economía, Eduardo Sojo, salió al frente con respuestas timoratas e insultantes -son las leyes del mercado, dijo-, mientras que la de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, no aparecía por ningún lado, brilló por su ausencia. La imprevisión, el descuido, sumados a la habilidad de un puñado de especuladores, dieron forma a la "novatada" que muy pronto se convirtió en el "error de enero".

Monopolios

El golpe no fue lanzado desde los poderosos y violentos brazos del crimen organizado -el monopolio de la violencia ilegal-, sino desde los brazos de otros de los monopolios que -hoy se confirmó- enfrentará el nuevo gobierno; desde los monopolios de productos básicos como la tortilla. Para los especialistas está claro que el fenómeno económico que detonó el alza del precio de la tortilla tiene muchas y variadas explicaciones -la distorsión del mercado por la demanda extraordinaria de maíz para la producción de subproductos más rentables, como el etanol, y muchos otros factores-, pero también les queda claro que se trató de una corrida especulativa impulsada deliberadamente, más allá de las estrictas leyes del mercado. El alza del precio de la tortilla no se dio de manera paulatina, diversa y conforme a los rangos de utilidad de cada uno de los centros de producción, sino que fue un efecto concertado por industriales de la masa y la tortilla, los que respondieron, a su vez, a un efecto también deliberado de los poderosos grupos de la industria del maíz y sus derivados. Monopolios como Gruma, Portimex y Cargill, que dominan buena parte del mercado mundial del maíz industrializado, en efecto, detonaron la corrida especulativa por una distorsión del mercado del maíz; es decir, más demanda que oferta.

Pero ese no es el problema de fondo. Nos guste o no, los monopolios son eso, poderosas industrias que ante la falta de regulación crecen hasta donde los estados los dejan crecer. El verdadero problema es que el nuevo gobierno mexicano, el de Felipe Calderón, y su gabinete económico, fueron incapaces de ver y prever lo que venía. Todo el gabinete económico, el propio Calderón, parecían preocupados por evitar que desde el flanco de la inseguridad y el crimen organizado se les sorprendiera, y fueron incapaces de ver y entender que las amenazas venían también de otros frentes, sobre todo el económico. Y el golpe fue de tal magnitud, tomó tan mal parado al nuevo gobierno, que el presidente Calderón y sus colaboradores debieron rendir la plaza a sólo unos días de iniciado el conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Casi nada, que cuando reaccionaron no pudieron más que conformarse con garantizar que el nuevo precio de la tortilla quedaría en ocho pesos -lo que confirmó el éxito de la corrida especulativa-, y que harían todo lo posible por mantener ese precio. A cuatro días de iniciada la crisis, la ola especulativa, el gobierno federal anunció medidas para impedir que se disparara, aún más, el precio del alimento básico de millones de mexicanos, mientras que en algún lado de la cadena productiva se quedaron millones de pesos producto de la especulación.

Y aquí es donde el "error de enero" muestra los mayores puntos de contacto con el "error de diciembre". Resulta que al inicio de 2006, cuando todos los mexicanos venían al proceso electoral, el gobierno saliente, el de Vicente Fox, había detectado las distorsiones del mercado en torno al maíz. Más aún, el gobierno foxista estimuló la exportación de maíz de excedentes de la producción mexicana, incluso con subsidios oficiales. El gobierno entrante, a pesar del largo periodo de preparación que significa la fecha de la elección, su calificación y validación, y hasta la toma de posesión, no fue capaz de detectar la gestación de una severa crisis económica, y su costosa carga de desestabilización, a causa de la distorsión del mercado del grano. En pocas palabras, se descuidaron los delicados equilibrios económicos del abasto de básicos. Y el resultado está a la vista: descrédito en las capacidades y eficacia del nuevo gobierno -frente a las grandes mayorías de mexicanos pobres-, que aleja a la naciente administración de la urgente legitimación política y social. Y por increíble que parezca, y a pesar de que los afectados del "error de enero" son los más pobres, por lo pronto los adversarios del nuevo gobierno festejan la pifia y engordan sus pertrechos para la guerra, que no será de los pasteles, sino de la tortilla.

La tortilla y... el PAN

Y por si hiciera falta, al descrédito que acarreó al nuevo gobierno el "error de enero", al partido de ese gobierno le llueve sobre mojado. El pasado martes señalamos aquí la crisis de identidad y doctrina que vivía el Partido Acción Nacional al iniciar su séptimo año como partido en el poder. A los escándalos que enfrenta en entidades como Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California y el Distrito Federal -por mencionar sólo los más notorios-, se suma el verdadero drama que se vive en el PAN de Guerrero.

El pasado 4 de enero, como todos saben, fue asesinado por un desconocido el diputado local de Guerrero, Jorge Bajos Valverde, quien a pesar de pertenecer al PAN era uno de los hombres de confianza del gobernador de esa entidad, Zeferino Torreblanca. En un principio el crimen fue adjudicado al clima de violencia que prevalece en esa entidad a causa de la guerra entre bandas del crimen organizado, en especial el narcotráfico. Pero a solicitud del gobierno estatal y de las autoridades federales de procuración de justicia, el crimen fue investigado más allá de lo habitual, y muy pronto se supo que la autoría intelectual del crimen no estaba vinculada con el narcotráfico, sino que se trató de un crimen ordenado desde el interior del propio partido. Jorge Bajos Valverde era diputado local, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de Guerrero -desde donde se manejan los recursos públicos-, y su suplente era la diputada Jacqueline Orta Martínez, quien a su vez es esposa de Aldy González Rodríguez, autor intelectual del crimen, quien pagó 50 mil pesos a Nicolás Cardoso Ortega para que asesinara al diputado Bajos Valverde. La conspiración era muy simple: eliminado el diputado Jorge Bajos Valverde, ocupaba su lugar la diputada Jacqueline Orta Martínez, quien se metía de llenó al reparto del dinero público.

El asunto coloca al panismo nacional en su más severa crisis, porque una buena parte de los grupos políticos que mantienen el poder en el PAN en Guerrero -y en todo el país-, son parte de los nuevos grupos que han asaltado ese partido en busca de poder. En pocas palabras, que en tanto partido en el poder, en tanto fuente de poder, el PAN se ha convertido en fuente de "rica miel" a la que todos, sin importar militancia, principios, doctrina o intereses, se quieren acercar. Ahora resulta que todos, o casi todos aquellos que tienen ambiciones políticas, de poder y de dinero, tienen en el PAN una puerta abierta. En lo que terminó el PAN de Gómez Morín.

aleman2@prodigy.net.mx