Los militares, aliados para garantizar la gobernabilidad

E n una suerte de deporte temporal, de inicio de año y sexenio, abundan cábalas, apuestas y videncias sobre las tareas prioritarias del nuevo gobierno y el futuro de la naciente administración federal en el nuevo año. Y si bien coinciden el arranque de 2007 con el inicio de la gestión de Felipe Calderón, lo cierto es que 2007 y 2008 no sólo serán años decisivos para conocer la solidez de los cimientos sobre los que se edificará el sexenio, sino fundamentales para saber quiénes son y de qué están hechos el nuevo Presidente y su gobierno.

¿Qué se propone el nuevo gobierno en el sexenio? ¿Quiénes son Felipe Calderón y los miembros de su gabinete? ¿Serán capaces, Presidente y colaboradores, de cumplir sus promesas de campaña y resolver los grandes problemas nacionales?

En realidad nadie conoce bien a bien el programa sexenal del nuevo gobierno federal -acaso ni el propio Felipe Calderón-, como tampoco los ciudadanos conocen las capacidades ejecutivas de Calderón y menos la eficacia de muchos de sus colaboradores. En efecto, por obra y gracia de la propaganda electoral, muchos electores y ciudadanos conocieron a Felipe Calderón y se enteraron de sus propuestas de gobierno -hasta llevarlo a alcanzar la mayoría del voto a favor de su propuesta-, pero para efectos prácticos son muy pocos los que conocen las reales capacidades del nuevo Presidente y de sus colaboradores, para el ejercicio eficaz del cargo.

Pero además, y contra lo ocurrido en el de Vicente Fox -que arrancó con un impensable bono democrático-, el gobierno de Felipe Calderón inició severamente debilitado por un polémico proceso electoral, quedó atrapado en medio de una cuestionada legitimidad social y política, y por si fuera poco, arrancó cercado por los poderes fácticos, legales e ilegales; como los mediáticos, de comunicación, políticos, sindicales y, por supuesto, por ese formidable poder fáctico que es el crimen organizado. Por eso el de Calderón es un gobierno obligado a probar su eficacia desde el arranque mismo de su gestión y urgido de arquitectos capaces de construir cimientos sólidos para levantar el edificio del sexenio calderonista.

Bienio decisivo

Por eso no es una exageración señalar que el presidente Calderón cuenta sólo con dos años -2007 y 2008- para cimentar su sexenio, levantar pilares y muros de lo que será su gestión y dejar en obra negra la edificación de lo que serán los logros más importantes de su sexenio. Todo esto antes del inicio de 2009, año que meterá a todos los actores políticos, al gobierno federal mismo y a su partido, en las llamadas elecciones intermedias para renovar, como cada trienio, la Cámara de Diputados. Esto sin contar con el natural escarceo electoral que provocará la renovación de una decena de gobiernos estatales. Tan sólo en 2007 estarán en juego los gobiernos de Yucatán, Michoacán y Baja California.

De esa manera, los acabados, el detalle, las correcciones y cambios de última hora de ese edificio sexenal, así como la comprobación de los logros sembrados entre 2007 y 2008, se quedarán para la segunda mitad del gobierno de Calderón, ya que a partir de 2009 arrancará la carrera presidencial de 2012. A partir de ese 2009 y hasta 2012 será poco más que imposible buscar y alcanzar acuerdos políticos, alianzas y negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. Esto sin tomar en cuenta que nadie sabe cuál será la composición de la nueva Cámara de Diputados que será elegida en las elecciones de julio de 2009. A partir de ese año, lo construido por Calderón -poco o mucho, positivo o negativo- será sometido a un riguroso escrutinio por parte de los pretensos a la "silla grande" para julio de 2012.

Por eso, el bienio 2007-2008 resultará decisivo. En esos 24 meses el presidente Calderón deberá ser capaz de ganar, a base de eficacia y capacidad de gobierno, crédito y confianza de ese importante universo de ciudadanos que no votó por su propuesta y que ahora le escatima la legitimidad social y política. Nos guste o no, Calderón es el Presidente legal y legitimado por las instituciones, pero no tiene el crédito ni la confianza de dos tercios del electorado. Esa carente legitimidad social y política con la que arrancó su gobierno no podrá ser revertida más que a golpe de eficacia en lo político, económico y social; de efectivas acciones de gobierno; de capacidad para el acuerdo, la negociación y el pacto político. Y, por supuesto, con talento y sensibilidad. Calderón no puede confundir la eficacia con el circo mediático, si es que en verdad quiere ganar la confianza de esos dos tercios de los votantes que lo cuestionan o que no creen en él.

Los aliados

Acaso por eso en el primero de los 72 meses de su gestión como nuevo Presidente de los mexicanos, el presidente Calderón parece haber diseñado una primera frontera de lo que serán sus alianzas fundamentales -y algunos de sus aliados base-, y con ello dibujó, al mismo tiempo, a quienes serán sus adversarios y enemigos. En la primera categoría, la de los aliados fundamentales, sobresale ese fuerte vínculo que ha establecido Calderón con las Fuerzas Armadas -más allá de su calidad como jefe de gobierno, de Estado y de jefe supremo de el Ejército y la Marina-, que lo ha llevado a mostrar ante propios y extraños que su fortaleza y legitimidad institucionales está garantizada precisamente por las instituciones castrenses.

El mensaje parece claro. En el gobierno de Calderón no habrá más poder que el institucional. Mediante el poder de las instituciones armadas no sólo se arropará al nuevo Presidente -como en pocas ocasiones en los año recientes-, sino que se pretende mover las palancas para restablecer estabilidad y gobernabilidad, en tanto que las Fuerzas Armadas serán el principal instrumento para combatir ese formidable poder fáctico e ilegal que es el crimen organizado y sus brazos operativos: el narcotráfico, el secuestro y las bandas criminales; símbolos de ingobernabilidad.

El tamaño del remedio es del tamaño de la enfermedad, suelen motejar en la jerga médica. Y en el caso del nuevo gobierno, la muy estrecha alianza del presidente Calderón con las Fuerzas Armadas, las demostraciones de fuerza, los operativos emprendidos en diversas entidades contra el crimen organizado y el narcotráfico, son parte de esa primera respuesta. Es decir, que el enemigo a vencer en el arranque del nuevo gobierno es precisamente el crimen organizado, poder fáctico ilegal capaz de desestabilizar al Estado y demoler la gobernabilidad, en tanto que el mensaje parece claro: "Ya hay Presidente". La consigna pareciera la del "restablecimiento del estado de derecho", que no es otra cosa que el Estado sometido al derecho.

Pero los aliados son más. En la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, quedó al frente del Poder Judicial el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, identificado, causalmente, con las causas calderonistas. El ministro presidente de la Corte arrancó su gestión con la misma consigna: recuperar la confianza ciudadana en la Corte. ¿Y eso con qué se come? Básicamente con el aderezo de la eficacia y el respeto a la ley. Otra vez el tema de la gobernabilidad. También se confirma la alianza de Calderón con el grupo de priístas y ex priístas pertenecientes al ex presidente Zedillo, algunos de los cuales ya despachan en diversas áreas del gobierno de Calderón.

Pero una alianza fundamental se lleva a cabo con los gobiernos estatales, sean del PRI, PAN o PRD. Entre los estrategas del nuevo gobierno se teje fino con esos centros reales de poder que son los gobernadores, y de quienes dependen, en buena medida -más allá de las dirigencias partidistas-, diputados federales y senadores. ¿Para qué esa alianza?, se preguntarían algunos. Bueno, se trata de una estrategia destinada a buscar acuerdos y consensos sobre temas fundamentales, como la reforma fiscal que pronto será enviada al Congreso, la reforma político-electoral que también conocerá el Legislativo y, sobre todo, la invitación a que los centros reales de poder estén representados en lo que pronto se conocerá como "el nuevo pacto democrático".

La construcción

¿Y qué es eso? Se trata de la tarea fundamental que se propone el nuevo gobierno. Es decir, un nuevo esfuerzo de consenso entre las fuerzas políticas y poderes reales en torno a una iniciativa para alcanzar un nuevo pacto democrático, una reforma político-electoral -que el gobierno de Calderón ha llamado reformas electorales de tercera generación- para cambiar lo que no sirve del entramado institucional electoral, ajustar lo que ha funcionado bien y caminar en dirección a la demolición del monopolio de la política en manos de los partidos; reelección de diputados locales, alcaldes, diputados federales y senadores; compactación y abaratamiento de los procesos electorales y regulación del uso de medios de comunicación, sobre todo electrónicos, en tiempos electorales, entre muchos otros. Algo parecido a las reformas político-electorales que todos los partidos acordaron en 1996 y que, para bien o para mal, abrieron la puerta al pluralismo en el Congreso, a la alternancia en el poder, a la derrota del PRI y al triunfo del PAN.

En ese esfuerzo, por paradójico que parezca, el gobierno de Calderón está obligado al fortalecimiento de la llamada izquierda mexicana, representada por el PRD y sus aliados -partidos que, hay que insistir, poco o nada tienen de izquierda-, pero que a querer o no son fundamentales para todo cambio encaminado al fortalecimiento de la democracia electoral y el establecimiento de un Estado social y democrático. Y ya se han producido las primeras aproximaciones con un sector del PRD que parece haber entendido que la confrontación con el nuevo gobierno -más allá de la impostura del fraude- y la apuesta al fracaso de la administración de Calderón -o de cualquier otra- no es más que un suicidio político.

Apenas el pasado jueves 4 de enero (EL UNIVERSAL, 5 de enero), el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que su partido se encuentra sumergido en una encrucijada que forman los caminos "de la confrontación permanente o la construcción de acuerdos". Pero dijo más: "Estamos dispuestos a pactar las grandes transformaciones del país, no cacahuates... debemos ir a un gran pacto político, ya que ningún partido político por sí mismo tiene la fuerza para lograrlo". Acosta Naranjo sabe de lo que habla, porque precisamente al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, en 1994, el grupo político de Los Chuchos -hoy convertido en el sector más fuerte dentro del PRD- se propuso impulsar las negociaciones para la reforma político-electoral.

En 1996, paradójicamente, fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien pactó con el gobierno de Zedillo el "aterrizaje planeado" de esas reformas. Eso lo llevó a la Jefatura de Gobierno del DF. Una década después, de nueva cuenta se han producido los encuentros entre ese sector de la izquierda y el nuevo gobierno. Y no sin obstáculos -sobre todo del sector de los lopezobradoristas-, la llamada izquierda institucional parece dispuesta a no quedar fuera del nuevo pacto democrático.

Los obstáculos

Pero acaso el principal problema no se encuentre en los obstáculos que ofrecen los "duros del PRD" y el señor "legítimo". No, la construcción de un nuevo pacto democrático será obstaculizado desde un influyente sector de la derecha extrema incrustada en el PAN -sobre todo por su presidente, Manuel Espino-, en los monopolios mediáticos como las televisoras y poderes fácticos como el sindicato magisterial. Si en los primeros días de su gestión el gobierno de Calderón parece dispuesto a enfrentar y derrotar al poder del crimen organizado, hay quienes en su gobierno aseguran que un segundo paso será el de la regulación de los otros poderes fácticos legales, como el duopolio televisivo y el formidable poder corporativo de los sindicatos, sobre todo el de Elba Esther Gordillo.

De alguna parte del gobierno de Calderón se han enviado las primeras señales de que la señora Gordillo tiene los días contados como lideresa vitalicia del magisterio. Y la profesora sabe que a pesar de la estrecha alianza con el candidato y luego presidente Calderón, todo puede pasar. Por eso, habilidosa como es, tendría listo un "plan B" que consistiría en entregar a los adversarios políticos del gobierno de Calderón lo que algunos llaman "las evidencias del fraude". Hay quienes dicen que en medio de la guerra que se ha desatado al interior del PRI para la renovación de su dirigencia nacional, un sector ya comprometió su apoyo al gobierno de Calderón, y que la moneda de cambio podría ser, precisamente, el combate a los monopolios sindicales, sobre todo el magisterio. Pero no se trata más que de especulaciones. Lo cierto es que el poder de la señora Gordillo no es poca cosa.

Al final de cuentas no queda más que esperar a que el gobierno de Felipe Calderón se muestre en sus capacidades y limitaciones, porque un mes y siete días de gestión no es nada, sobre todo frente al tamaño del edificio que quiere construir. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx