El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, asumió ayer también la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de designar y vigilar a todos los jueces y magistrados federales. Lo hizo en medio de una fuerte expectativa de que en breve se concrete la renuncia de sus hijos, Guadalupe y Guillermo, quienes laboran en puestos clave de esta institución. De permanecer, se nos asegura, violarían la ley y el Código de Ética, que impulsaron tanto el propio ministro como su hija Guadalupe.

La renuncia que ya se concretó en la Corte fue la de Arelí Gómez, a quien Mariano Azuela dotó de gran poder desde los puestos de oficial mayor y secretaria particular de la presidencia. No funcionó el cabildeo que buscaba proyectarla como consejera de la Judicatura, pero se prevé que reaparezca en la Procuraduría General de la República, cuyo titular, Eduardo Medina Mora, guarda estrechísimos nexos con la familia Gómez, uno de cuyos integrantes es un importante ejecutivo televisivo.

El embajador John Dimitri Negroponte, actual director de Inteligencia del gobierno estadounidense, será nuevamente noticia en los próximos días, y el asunto hará que nuestra diplomacia contenga la respiración. Negroponte, ex embajador en México, ha sido duro al deplorar el debilitamiento del Estado mexicano en aquellas regiones que como Nuevo Laredo están bajo control del narcotráfico. Téngalo usted bajo reserva, pero este hombre será designado secretario de Estado adjunto, una posición desde la cual puede provocar serios dolores de cabeza a la administración Calderón.

Ayer le comentábamos en este mismo espacio sobre la incorporación de Francisco Gil Díaz al banco HSBC, que le dará oficinas en Londres, Inglaterra. Hoy la dependencia a cargo de Germán Martínez dará a conocer la “interpretación” oficial de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y no se espera que incomoden en forma alguna a quien fuera considerado el presidente económico durante la administración Fox.

La Federación Internacional de Periodistas otorgó a México el deshonroso primer lugar latinoamericano en violencia contra periodistas, pero esta misma semana David Vega Vera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, presentará su renuncia irrevocable al cargo que desempeña desde febrero de 2006. Los motivos de la dimisión son claros: recorte de personal y de presupuesto al área. Está claro que para las nuevas autoridades de la PGR éste no será un tema de preocupación.

Nadie en los partidos políticos quiere saber nada de recorte en sus presupuestos por parte del IFE. La rebelión es alentada por el PRI. Rafael Ortiz Ruiz, de la Secretaría de Acción Electoral tricolor, planteó que el tema sea pospuesto o incorporado en la discusión de la Reforma Electoral que, adelantó, tendrá lugar en febrero, durante el próximo periodo de sesiones del Congreso.

Y fue en la Comisión Permanente donde ayer se les hizo bolas el engrudo, apenas en su primera sesión. Los legisladores no tenían “amarradas” las tres comisiones que llevan el trabajo en el periodo de receso, por lo que a Héctor Larios, coordinador del PAN en San Lázaro, se le vio muy movido entre curules para llegar a un acuerdo. El colmo fue que ya había llegado la solicitud de permiso del presidente Felipe Calderón para viajar a Europa, y no existía una comisión a cual turnarla.