El acaparamiento de los puestos de elección popular ha convertido a los partidos en poder en manos de unos cuantos

En el camino

P ara muchos está claro que en la democracia electoral mexicana los medios electrónicos de comunicación, la televisión y la radio, son algunos de los monopolios más perniciosos. Pero no son los únicos monopolios que la afectan severamente. Pero son muy pocos los que reconocen la existencia de otra grosera concentración de poder, que tanto o más que los medios golpea severamente a la democracia.

Nos referimos al monopolio de los puestos de elección popular -a diputados locales, federales, senadores, gobernadores y hasta Presidente de la República-, que ha convertido a los partidos políticos no en las instituciones que representan el interés político de los ciudadanos, sino en poder en manos de unos cuantos, capaz de someter y hasta suplir a las instituciones del Estado mexicano. Esa concentración de poder que tienen los partidos políticos mexicanos es conocida como partidocracia, monopolio entendido no como el gobierno de los partidos, sino como el sometimiento total de las instituciones del Estado por los tentáculos de los partidos políticos, fuerzas que ya no viven para la política, sino de la política; que se alimentan del dinero público, pero que son los dueños únicos de los cargos de elección popular.

Como todos saben, los partidos políticos son, según la Constitución, entidades de interés público. Pero también la propia Carta Magna le otorga a los partidos con registro la exclusividad para postular candidatos a puestos de elección popular. Es decir, que el grupo político que alcanza el control político de tal o cual partido se convierte en el dueño único de las candidaturas a diputados locales, federales, alcaldes, gobernadores, senadores, jefes delegacionales, jefe de Gobierno del DF y Presidente de la República.

La partidocracia resulta, acaso por encima del control mediático de la radio y la televisión, en el monopolio más pernicioso para la democracia mexicana. ¿Por qué? Por eso, porque a pesar de que los partidos son entidades de interés público, porque a pesar de que viven del dinero público, se han convertido en poderosas empresas privadas fabricantes de poderes en los tres órdenes de gobierno, en donde sus ejecutivos -o quienes alcanzan una candidatura al puesto de elección popular que se quiera- no responden al interés de los ciudadanos, sino de su patrón, del dueño de la franquicia de un partido.

Los partidos no sólo monopolizan el poder político, sino toda la vida política institucional. Pero al final de la cadena el monopolio de los partidos secuestra a la sociedad misma, a la que dice representar. Los partidos no sólo tienen el monopolio de los puestos de elección popular -candidaturas que venden al mejor postor, que entregan no a los mejores para tal o cual cargo, sino a quienes les declaran lealtad a toda prueba-, sino que tienen bajo su control el monopolio de miles de millones de pesos que salen del dinero público para la supervivencia de los propios partidos y para el financiamiento de sus candidatos.

A pesar de los ofensivos caudales de dinero público que se destinan a partidos y candidatos, los ciudadanos no se ven representados por los políticos profesionales -que lo son no por sus capacidades profesionales sino porque se sirven de la política-, quienes a menudo responden a sus intereses particulares o de grupo. Pero el asunto adquiere una doble ofensa ciudadana cuando los beneficiarios de un cargo de elección popular, como pueden ser diputados o senadores, entran a otro círculo del monopolio de la política que se llama Congreso de la Unión, en donde de nueva cuenta el dinero público paga jugosas dietas a cambio de vergonzosas guerras partidistas como las que vimos el 1 de septiembre y el 1 de diciembre.

Diputados que llegaron a cargo gracias al dinero de todos, cuyos cargos se los deben no a los que financiaron sus campañas, sino al dueño del partido en turno, y que responden a ese interés, antes que al de los ciudadanos. Y si no fuera suficiente, esos diputados se proponen la destrucción de las instituciones, el fracaso del gobierno legalmente instaurado. Y todo gracias al dinero público, al monopolio partidista de la política, a la nefasta partidocracia.

Se ha insistido en la urgencia de que el gobierno de Felipe Calderón proponga el desmantelamiento de los monopolios mediáticos, televisión y radio, para quitar algunos de los más negativos obstáculos para la democracia. Sin embargo, las reformas electorales urgentes deben desmontar, de igual manera, el monopolio de los partidos políticos, la partidocracia, que ya es un lastre para la democracia mexicana.

Y a propósito de chantajes propios de partidos, aparece el PRD como defensor de la APPO. ¿Qué hay en el fondo? Presión para romper la alianza PRI-PAN. Se busca la alianza PRD-PAN. Es el origen.

aleman2@prodigy.net.mx