¿Pero de qué viven los partidos políticos, en tanto instituciones del Estado? Del dinero público

S on muchos los que pretenden emparentar las gestas sociales del pasado -en donde sectores sociales, especialmente de jóvenes, se enfrentaban al Estado represor y antidemocrático con las únicas armas de las ideas y los ideales- con las modernas expresiones de la resistencia civil, la protesta callejera contra el supuesto fraude, con las vistosas movilizaciones que combaten las instituciones y hasta con el prolongado y costoso bloqueo al Paseo de la Reforma, al zócalo capitalino y contra el gobierno de Oaxaca.

Se alardea de la capacidad movilizadora del caudillo que convoca al zócalo, según se dice, a uno, dos o tres millones de personas. Se exalta la "rapidez" con que la sociedad "agraviada" reaccionó, y saca, quién sabe de donde, decenas de carpas para instalar los campamentos de protesta. Se reconoce el valor, la congruencia y la tenacidad de aquellos que soportan las inclemencias del tiempo en defensa de sus ideales. Y en Oaxaca se brinda porque la resistencia y el movimiento "popular del pueblo" ya ocupa un lugar en las marcas mundiales de plantones.

Pero pocos se han percatado o muchos se niegan a ver que este moderno activismo nada tiene que ver con las movilizaciones del pasado -no sólo por el origen de sus causas y por el motor de los ideales- porque, en el fondo, buena parte de las movilizaciones postelectorales y el prolongado plantón en Oaxaca tienen su origen en el dinero público. Una perversión del concepto de protesta social contra los gobiernos constituidos o por constituir que, paradojas de los nuevos tiempos, se alimenta con el dinero público, a través de la llamada burocracia. Y los ejemplos sobran.

Es cierto que muchos de los simpatizantes de AMLO que acudieron a las gigantescas concentraciones del Zócalo lo hicieron por voluntad propia, porque creen en su líder y en su causa. Pero también es cierto que otros tantos fueron acarreados. Lo más cuestionable es que con dinero público se organizaron y montaron esas movilizaciones. Más aún, abundaron las denuncias de que existieron presiones para que la burocracia del GDF acudiera a dichos eventos. También hay evidencias de que con dinero público se montaron las carpas de los plantones instalados en el corredor Reforma-Zócalo.

Con dinero público se ofrecen los servicios sanitarios, de agua, de luz y de vigilancia en dichas expresiones de protesta. Abundan testimonios de que muchos de quienes permanecen en los plantones reciben entre 150 y 250 pesos diarios -dinero que sale de la misma caja-, mientras que personal del GDF se encarga de realizar los rondines de vigilancia para que la gente siga en sus puestos. Y por si fuera poco, el actual gobierno del DF ha renunciado a sus responsabilidades frente a los capitalinos, para convertirse en el más activo militante de esa protesta, con todo el peso político y de gobierno que significa. En suma, se trata de una protesta financiada desde el GDF, con el apoyo de otros gobiernos y centros de poder en manos del PRD y del PT y Convergencia. El dinero de los contribuyentes al servicio de una causa partidista.

El choque reciente de policías que repelieron a simpatizantes de AMLO y legisladores del PRD frente al Palacio Legislativo, mostró lo que todos sabían pero negaban: que diputados, senadores, gobernadores, jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa -quienes no han dejado de cobrar sus salarios y dietas- se han olvidado de representar a sus electores, a sus entidades, a sus gobiernos, para trabajar sólo por su causa y la de su candidato presidencial. Es decir, son activistas por una razón política -legítima o no-, pero alimentados con el dinero público. El mejor ejemplo lo dieron diputados y senadores que pretendieron instalarse en las afueras de San Lázaro. Llegaron a ese intento de plantón camiones de carga, microbuses y hasta un tráiler cargando las carpas. ¿Quién financia esa movilización? El dinero de los contribuyentes.

Si bien aún no cobran sus salarios y dietas los futuros diputados, senadores, jefes delegacionales, jefe de gobierno del DF, y diputados a la Asamblea Legislativa -todos del PRD, PT y Convergencia-, lo cierto es que ya se desempeñan como activistas de la protesta de AMLO. En efecto, nada tendría de malo ese activismo. Pero una buena parte de ellos empezarán a cobrar a partir del 1 de septiembre y otros lo harán en los meses por venir, hasta diciembre. Pero todos seguirán en ese activismo, gozando de sus salarios y dietas. Otra vez el dinero público para el activismo partidista. ¿Pero de qué viven los partidos políticos, en tanto instituciones del Estado mexicano? Viven de las prerrogativas, el dinero público. Dinero público que en el caso del PRD, PT y Convergencia se canaliza a esa protesta.

En Oaxaca el asunto no es distinto. La protesta que se inició hace tres meses como legítima reivindicación salarial del magisterio, y que se convirtió en un movimiento político para derribar al gobernador Ulises Ruiz, también es financiado con dinero público. Porque los maestros siguen recibiendo sus salarios. El dinero público para financiar movilizaciones contra las propias instituciones. Democracia esquizofrénica. Activismo de burócratas. ¿O no?

aleman2@prodigy.net.mx