El comportamiento de las 300 juntas distritales puede explicar los misterios que encierra esta elección presidencial

E ste miércoles, la ciudad de México deberá ser tomada, en teoría, por centenares de miles de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Si materializa su cálculo ideal de que cada una de las 280 mil personas que se dijo acudieron este sábado al zócalo a expresarle su respaldo para enfrentar lo que considera un fraude electoral, lleve a la capital mexicana a otras 10, casi 3 millones de ciudadanos se plantarán en esta capital en el inicio de movilizaciones nacionales para revertir el resultado que da la victoria a Felipe Calderón. Hay mucho ruido y mucha presión política de López Obrador; aún se ve poco en el campo legal, donde se encuentran sus opciones verdaderas para impugnar los resultados sin conducir a muchos al desastre civil.

López Obrador, un gran comunicador de masas, está buscando un impasse sobre el resultado electoral, ganando tiempo en el campo político mientras amasa pruebas legales para presentar un caso sólido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta lógica se enmarcan las virulentas acusaciones de "traidor" al presidente Vicente Fox, de "pelele" a Calderón, y su malestar en contra de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y España por haber felicitado -inapropiado, técnicamente hablando- al panista como vencedor de la elección. En esta misma estrategia se encuentra el cúmulo de desinformación que disemina: se queja de un fraude cibernético, pero oficialmente lo único que cuenta por ley son los votos contabilizados el domingo de la elección y vueltos a contar, entre el miércoles y el jueves; acusa de manipulación de voto mediante la compra de voluntades, pero esa línea que llevaría al recurso de la anulación abstracta dicen que no la utilizarán; cuestiona que el conteo rápido del Instituto Federal Electoral y el PREP tengan la misma variación a lo largo del día, desconociendo el informe de los científicos que lo realizaron, y que coincide con la variación de 12 conteos rápidos realizados por empresas independientes contratadas por los medios el 2 de julio.

Son retórica y política para la confusión y la creación de condiciones para ejercer presión sobre los magistrados del Tribunal Electoral, que en el curso de los cuatro próximos días deberán recibir la sustancia de la protesta. Cortinas de humo y confusión, vieja estrategia para ampliar los espacios en los cuales moverse, parece estar empleando López Obrador para darle oportunidad a su equipo jurídico, en el cual está jugando un papel relevante otro tabasqueño ex priísta, Arturo Núñez, quien conoce a detalle la ley electoral, a que integren un paquete sólido para el Tribunal. López Obrador anticipó que quieren que se abran los paquetes de las 300 juntas distritales, lo que significa abrir 130 mil 477 actas. En realidad no necesitan tantas para anular la elección, sino casi 27 mil donde pudieran demostrar que las actas pegadas en la urna no corresponden con las que tienen en las manos. No se puede pedir la apertura indiscriminada de las urnas porque viola la ley electoral. En ambos casos, la lógica se detiene en las actas. Si el PRD tuviera pruebas de fraude en las urnas, lo hubiera denunciado el mismo día de la votación.

No lo hizo, ni entonces ni después. Quiere que se abran todas las urnas. ¿Por qué? Sólo tuvo representantes de casilla en el 74% de las juntas distritales, y carece del 26% restante. Esta es parte de la debilidad jurídica que tiene López Obrador y que está tratando de resolver el equipo legal. Es una falla directa del propio López Obrador, quien mantuvo un control férreo sobre la organización de la representatividad, donde encargó a su incondicional Octavio Romero Oropeza la operación, con dos lugartenientes de la plena confianza del candidato, Alberto Pérez Miranda, que supervisó la promoción del voto, y Francisco Yee, que se encargó de la estructura de representantes. Fueron un fracaso, y su incapacidad tiene metido a López Obrador en un problema de fondo. ¿Cómo poder documentar el fraude en las urnas si no dispone de pruebas?

Tenía razón en la vigilancia en las casillas, pues como anterior operador del PRI en Tabasco, sabe que es ahí donde se puede manipular las urnas cuando no hay representantes de otros partidos o tienen comprados a los funcionarios de las casillas. Desde la semana pasada le están solicitando copias de las actas del PRI, pero este partido tampoco pudo tener representación en el 100% de las casillas. Podrían también pedir copias de las actas al IFE, que en un plazo máximo de dos días se las tendría que entregar.

En todo caso, es altamente improbable que la compulsa de las actas sea lograda en términos satisfactorios para López Obrador. Pero el verdadero camino puede no encontrarse ahí. Una opción jurídica con la que dispone es el comportamiento en sí de las juntas distritales, donde sí se puede argumentar violaciones a la ley y anular, en sus términos, la elección en ellas. Hay casos en el sur del país donde aparecen anomalías que pueden ser presentadas como irregularidades ante un tribunal en la conformación de los funcionarios de casillas, como el hecho de que la mayoría de ellos fueran miembros del padrón del PAN o benefactores del programa Oportunidades, o que hubiera juntas distritales en varias entidades donde a petición de los representantes del Partido de la Revolución Democrática se fueron a receso, violación legal que justifica, también, la anulación de la elección en la misma.

Esta ruta se encuentra quizás detrás de la afirmación de López Obrador de que se compró el voto. Igualmente, la aparentemente inexplicable divulgación durante el mitin de López Obrador del sábado de una conversación telefónica de la maestra Elba Esther Gordillo con el gobernador de Coahuila pidiendo el apoyo a Calderón, perfila que su equipo legal revisará el comportamiento de los maestros como funcionarios de casillas, en particular en las regiones del norte del país donde se esperaban triunfos del PRI. El partido de la maestra, Nueva Alianza, ganó casi 5% de la votación parlamentaria, pero su candidato a la Presidencia no alcanzó el 1%, una inconsistencia que tendrá que ser explorada.

Habría que separar por una parte lo que está diciendo López Obrador, el tono que está empleando y las amenazas que está lanzando, como un ejercicio más de comunicación política que, como lo ha demostrado siempre, le funciona eficazmente. Pero por el otro, hay que ver con detalle la argumentación jurídica que presentarán esta semana ante el órgano correspondiente para ver la solidez de su equipo, la sustancia de su alegato, la fuerza de su impugnación y, una vez probado ello, comenzar a acostumbrarnos a que tendremos otra fase inédita en este inédito proceso electoral, preparándonos todavía para muchas novedades democráticas de aquí al 6 de septiembre, cuando debamos tener, oficialmente, presidente electo.

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