Todos por la ´chabacana´ gobernabilidad de Televisa

N adie, en su sano juicio, podría decir "que no" a un "Acuerdo Democrático para la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad". En efecto, si México viviera en los tiempos electorales de 1988 o de 1994, un pacto como ese habría sido uno de los más significativos avances alcanzados en aras de la inexistente democracia electoral y para avanzar en la confianza ciudadana en los procesos electorales.

Pero no, el México de 2006, al igual que el de 2000, es un México en el que instituciones como el IFE -por mandato constitucional- son precisamente garantes, entre muchas otras cosas, de "la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad" de los procesos electorales. Según el artículo 41 constitucional, "la organización de las elecciones federales (como las que vivimos y que tendrán su momento estelar, el de la votación, el 2 de julio próximo) es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos".

Es decir, que si el IFE es un organismo cuya integración, aplicación de sus reglas y facultades, están en manos de los partidos políticos y de ciudadanos ajenos al poder público, y que entre esas facultades tiene las de "garantizar democracia electoral, equidad y legalidad en los procesos electorales", la pregunta resulta obligada: ¿para qué diablos se quiere un "Acuerdo Democrático para la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad"? Y no faltará quien diga, con toda razón, que el IFE no es el encargado de la gobernabilidad en tiempos electorales. En efecto, la gobernabilidad es una responsabilidad del gobierno federal, de la administración de Vicente Fox a través de una secretaría encargada exclusivamente para eso, para la gobernabilidad de la vida interna del país, que todos conocemos como Secretaría de Gobernación.

Y también es posible que haya quienes digan que existe el riesgo de que no se respeten los resultados electorales la noche del 2 de julio, o que se den inconformidades callejeras cuando al término del computo se diga quién resultó ganador y quiénes fueron los perdedores. Se nos olvida que para eso existe un Tribunal Electoral del Poder Judicial, que según la Constitución es a quien "corresponde resolver en forma definitiva e inatacable... las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior", además de que "la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma".

Retroceso electoral

Así pues, queda claro que no sólo es inútil y hasta ocioso que en los tiempos de la democracia electoral mexicana, de las reglas claras, de las elecciones confiables, los partidos políticos y sus candidatos presidenciales salgan con el cuento de que les interesa un "Acuerdo Democrático para la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad", cuando en el fondo lo que se discute es que uno o todos los participantes en la contienda electoral no están dispuestos a respetar las reglas del juego.

Es una vergüenza para dirigentes partidistas, para líderes políticos, para candidatos presidenciales -y al mismo tiempo una ofensa para los ciudadanos, que son el origen y el destino de la democracia electoral-, que sea necesaria la firma de ese acuerdo, y sobre todo que uno de los participantes, el PRD y su candidato presidencial, pretendan legislar a su antojo y reclamen como parte del citado acuerdo, que se audite el padrón electoral -ya aprobado por partidos y por el Consejo General del IFE-, y que se pretenda impedir que el Presidente sea el encargado de hacer el anuncio oficial del resultado de las elecciones.

En el fondo, más que a un gesto de civilidad política, con el acuerdo que pretenden firmar los partidos políticos y sus candidatos presidenciales, asistimos al más severo golpe que esos líderes y aspirantes presidenciales pretenden asestarle a la institucionalidad electoral mexicana. Suponer que las reglas del juego, que el resultado de la elección y la civilidad política se respetarán por la firma de un acuerdo de esa naturaleza, es reconocer, por lo menos, que no sirven para nada el IFE, el tribunal y ese poder que es la opinión pública, además del resto de las instituciones electorales.

¿A qué le tienen miedo los partidos y los candidatos que se apresuraron a la firma de ese acuerdo? En el fondo le tienen miedo a la democracia, a las reglas de la democracia electoral. Le tienen desconfianza hasta a su propia sombra, que es la sombra de la cultura antidemocrática, de la cultura de la concertacesión, de las elecciones arregladas mediante la presión política. Le tienen miedo al resultado adverso, porque en todos ellos, en mayor o menor medida, no anida la cultura democrática, sino la cultura del viejo PRI antidemocrático, ese que pasaba por sobre las reglas del juego para imponer, mediante la presión callejera, el chantaje al electorado, la polarización social, su interés personalísimo de poder.

Y resulta aún más vergonzoso el papel que han asumido la dirigencia del PRD y de su candidato Andrés Manuel López Obrador. A la presión mediática por la firma de un acuerdo ridículo que sólo sirve y servirá para el espectáculo de la política, AMLO se apresuró a decir que sí, que firmaba el acuerdo. Pero luego lo condicionó a realizar una auditoría al padrón electoral y a que el Presidente no hiciera el anuncio del resultado electoral. ¿Por qué? Otra vez por su incultura democrática, el profundo desprecio a las reglas y a las instituciones. Otra vez el caprichoso infantilismo político de reconocerse como víctima de un complot.

En realidad AMLO y el PRD le apuestan a la "no firma" del acuerdo, no porque estén convencidos de que las reglas existentes sean suficientes, sino porque su estrategia va encaminada no a una elección democrática, sino a la imposición del más popular. López Obrador le apuesta a que su popularidad, como en una monarquía bananera, sea la que decida quién será el presidente, y no una elección democrática e institucional. Es de risa que pretendan auditar el padrón electoral, y que intenten que el Presidente no haga el anuncio oficial del resultado. Y vale una pregunta elemental: ¿qué no fue una señal política y de tranquilidad para todos, que en julio de 2000 el presidente Zedillo hiciera el anuncio del resultado electoral?

En efecto, el IFE es el encargado de realizar el proceso electoral, de ofrecer las garantías para que sea una contienda transparente y equitativa, de contar los votos. En efecto, el tribunal electoral es el encargado de validar dicho proceso electoral y de declarar ganador. Pero la señal política y, precisamente de gobernabilidad, le corresponde al Presidente, cuyo mensaje "po-lí-ti-co" es eso, el mensaje del jefe del Estado y del gobierno sobre el resultado electoral. ¿Por qué insisten el PRD y AMLO en que el Presidente no haga ese mensaje? Por los rencores aldeanos del candidato de la coalición Por el Bien de Todos.

Gobernabilidad

Pero el problema de fondo, por más brincos y sombrerazos que le den los candidatos presidenciales, parece ser el de la concepción que tiene cada uno de ellos respecto a un asunto fundamental en toda democracia, el de la gobernabilidad. Desde el segundo debate todos los participantes, en mayor o menor medida, dieron muestras de que no entienden o no quieren aceptar las concepciones básicas de la gobernabilidad. Y por si fuera poco, esa percepción fue ratificada por la forma y el fondo de eso que llaman eufemísticamente "Acuerdo Democrático para la Equidad, la Legalidad y la Gobernabilidad".

Pero vamos por partes. Según los clásicos de la ciencia política, la gobernabilidad de una democracia depende de la relación equilibrada entre tres factores: el consenso social, el respeto institucional y la eficacia de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que sólo habrá gobernabilidad democrática en un régimen en el que se alcancen consensos con todos los actores políticos y sociales, en el marco del respeto a las instituciones, y de la eficacia del gobierno. Los consensos son los acuerdos, negociaciones y pactos entre fuerzas políticas antagónicas, con sectores sociales confrontados, a partir de las reglas del juego institucionales. Un consenso no significa derrota de ideales y menos de identidades programáticas y doctrinarias.

En el fondo, la gobernabilidad es o debe ser el triunfo de la política, de la capacidad de acercar -en el caudal de las causas comunes- a los contrarios y a los adversarios, sin que éstos pierdan su identidad ni sus diferencias. Asimismo, la eficacia de un gobierno se fortalece precisamente en la medida que sea capaz de alcanzar esos consensos. Pero su eficacia se pierde, y se avanza hacia la ingobernabilidad, cuando un gobierno es incapaz de alcanzar consensos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el gobierno de Vicente Fox? ¿Por qué se habla de ingobernabilidad, de un gobierno fracasado? Porque ese gobierno fue incapaz de los consensos sobre sus reformas estructurales, y ahora parece incapaz de hacer respetar las reglas electorales del juego.

Ahora bien, en el debate, al referirse precisamente al tema de la gobernabilidad, Felipe Calderón propuso, de ganar la elección, la creación de un gobierno de coalición. Hasta ahí el camino parecía el correcto, pero luego salió con la tontería de sugerir que impulsaría una gran alianza de "reconciliación nacional". ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir? Se trata, por decir lo menos, de un trasnochado regreso al pasado -por lo menos a los tiempos de Ruiz Cortines-, porque más allá del mensaje conciliador en realidad es un gesto de un profundo sentido autoritario. ¿Por qué? Porque supone que todas las fuerzas políticas, como una gran familia, se reencontrarán para avanzar juntos, convencidos, sobre un mismo objetivo.

Y es un gesto, además, de una profunda concepción antidemocrática. La democracia supone, en efecto, el acuerdo y la negociación, el dame y te doy, el me apoyas y te apoyo, pero preservando en el fondo las diferencias, los intereses y, sobre todo, los ideales y la doctrina. Un gobierno de coalición es eso, un intercambio de intereses, en donde se preservan las diferencias. Y Calderón no puede salir con su propuesta de la "reconciliación nacional" porque entre la derecha, la izquierda y el PRI no hay conciliación posible. Y tan no la hay, que más allá de oportunismos y "trapecismos" políticos, entre las corrientes del otrora hegemónico y monolítico PRI, los grupos emparentados con la derecha y la izquierda institucionales empiezan a encontrar sus cauces naturales de expresión. Eso explica por qué unos priístas se aliaron a AMLO y otros a Calderón. En realidad la pretendida reconciliación nacional va en contra de la gobernabilidad, porque supone la cancelación del que piensa, cree y sueña distinto.

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador tampoco entiende nada respecto al concepto de gobernabilidad, ya que si bien propuso acuerdos amplios con todos los sectores, con empresarios, clases medias, grupos religiosos, lo cierto es que su apuesta es sólo al recambio del grupo en el poder. Antes y ahora estaban en el poder "los riquillos"; mañana, si gana las elecciones, estarán en el poder "los pobres, los de abajo". ¿Y la gobernabilidad? No aparece por ningún lado, y menos en la polarización entre pobres y ricos que impulsa. Un ejemplo que ilustra más que mil discursos. AMLO propuso un amplio pacto con empresarios, pero en el mismo debate dijo que ellos, los empresarios, los de arriba, no pagan impuestos. Además de que en su campaña se ha negado a entrevistarse con grupos empresariales. ¿Ese es su sentido de gobernabilidad? Más bien mostró su cultura antidemocrática.

Y el caso de Roberto Madrazo resulta aún más preocupante, ya que si bien dijo que impulsaría un gobierno incluyente, con militantes de todos los partidos, todos saben que esos "militantes" no serán parte de las estructuras de los partidos. En realidad intentará el fenómeno contrario a la "diáspora priísta", es decir, vaciar de cuadros inconformes de todos los partidos, lo que no significará, por donde se le quiera ver, un verdadero gobierno de coalición, y menos garantía alguna de gobernabilidad. Madrazo, por si aún existen dudas, fue el responsable de la balcanización del PRI, y para apoderarse del PRI y de la candidatura presidencial aplicó, al interior de su partido, las reglas clásicas de la ingobernabilidad. Tampoco entiende nada sobre el tema o, de plano, nos quiere tomar el pelo.

Gobernabilidad mediática

Pero lo más cuestionable es que todos, la izquierda, la derecha y el centro priísta, parecieran convencidos de que la única gobernabilidad posible es la gobernabilidad mediática. Y es que es una vergüenza para la democracia mexicana, para los partidos, para los candidatos, para las instituciones electorales, que sean los grandes medios de comunicación, como la televisión, los que pretendan imponer su "chabacana" concepción de gobernabilidad. Mañana el gobierno será el de la televisión. Al tiempo.

aleman2@prodigy.com.mx