Más de cuatro millones de inmigrantes han salido a las calles de Estados Unidos para protestar contra la "Ley Sensenbrenner" que esta semana continuó su debate en el Capitolio, desafiando a los políticos en Washington, a las policías, a los paramilitares xenofóbicos en el sur del país, y a toda esa legión de vociferantes racistas en los medios de comunicación nacionales que quisieran hervir ilegales como escarmiento. ¿Qué está sucediendo en la vieja olla de nacionalidades? El choque de civilizaciones se convirtió en su propia contradicción, en un ajuste histórico y poético con el todavía imperio.

Las marchas evocan las manifestaciones de los 60 en la vieja lucha por los derechos civiles, y las de los 70 en contra de la guerra de Vietnam. Hoy encuentran su propio eco en el movimiento de los estudiantes franceses por mejores condiciones de trabajo. Nostálgica y apresuradamente se especula sobre otra Primavera del 68, cuando los jóvenes del mundo rompieron con el sistema diseñado en Bretton Woods en la posguerra. Románticamente se aventuran nuevos bríos en las comunidades de inmigrantes, como si el impulso de las marchas fuera definitivo para modificar las leyes migratorias.

Quizá lo que está sucediendo es esa combinación de factores objetivos y subjetivos que a veces cambian los derroteros de la historia cuando al unirse espontáneamente adquieren la fuerza para provocar cambios. Pero, momento. Antes de sumarse a la euforia de la enajenación colectiva y esconder en la vena revanchista la vergüenza de un país que por generaciones ha sido incapaz de evitar refugiados económicos, habrá que reflexionar si políticamente una reforma migratoria en la dicotomía actual de seguridad vis-a-vis migración, con todas sus contradicciones y limitaciones en materia de derechos humanos, es lo más conveniente.

La "Ley Sensebrenner" sintetiza esa díada, y las nuevas reformas migratorias que han alimentado el debate en Washington no le quitan comas en materia de seguridad, sino simplemente le incorporan algunos beneficios laborales y de futuro de vida para un número limitado de indocumentados. La acalorada discusión ha generado que la derecha cuestione el argumento de quienes plantean la necesidad de la reforma como una forma de tener mano de obra para trabajos que los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer. Según el Centro de Estudios de Inmigración de Washington, esto no es cierto. Una reciente investigación demuestra que hay 17 millones de estadounidenses trabajando en las áreas donde se concentran los ilegales, ocupando mayoritariamente los empleos que ha impactado la inmigración (sirvientas, albañiles, lavaplatos, mozos, pintores, taxistas, vigilantes y empacadores de carne). No obstante, el flujo histórico de los cinco últimos años, añade, provocó el desempleo de 10% de la población menos educada, donde se encuentran esos trabajos, depreciando los salarios y colocando a los estadounidenses en una disyuntiva moral, pues la mitad de los niños en ese país dependen de ese segmento de la población.

El Centro de Estudios de Inmigración aporta combustible para quienes están poniendo en marcha estrategias para la nueva realidad migratoria, y más allá de cómo queden las enmiendas en materia laboral y de seguridad social.

Visto objetivamente, si la reforma migratoria empieza a regular de otra forma el mercado laboral de los indocumentados mexicanos, no acarreará muchos beneficios, en su conjunto, para el corto, mediano y largo plazos. Es cierto que serán protegidos por las leyes laborales y el seguro social, pero hasta este día -con un enfoque cínico si se desea-, las leyes no han impedido que los mexicanos encuentren mejoría en sus niveles de vida y el de sus familias, al manejar sus necesidades inmediatas en esos campos a lo largo de las líneas de la informalidad social. La regularización de su estado actual no redundará tampoco en incrementos significativos de sus salarios, de los cuales, sin embargo, tendrán que empezar a pagar impuestos para mantener los servicios con los cuales, otra vez hasta hoy, no contribuían.

La regularización impondrá cuotas al número de plazas laborales, lo cual se venía haciendo con extensiones de programas especiales de visas, particularmente en el sector agrícola. Lo que sí es que será cada vez más difícil para patrones y empleados operar en el mercado informal como ha sido durante años. Este mercado ha sido tan fluido que cuando hay escasez de mano de obra intensiva y barata en varias regiones de Estados Unidos, la patrulla fronteriza cierra los ojos por donde entran ilegalmente trabajadores a fin de mantener una regulación peculiar en el mercado de consumo y servicios en aquel país. La seguridad se antepondrá a cualquier reforma migratoria vista en los términos clásicos laborales y de respeto al individuo. De hecho, la patrulla fronteriza ya no pertenece al Departamento de Justicia, sino de Seguridad Territorial, y sus esfuerzos por control en la frontera rebasaron la lucha contra los polleros para trasladarse al terrorismo, que se vale de ellos y está vinculado con la delincuencia organizada. En este mismo sentido, las remesas, que son la segunda fuente de ingreso en México, o comenzarán a ser gravadas o serán rigurosamente monitoreadas por considerarse que son una forma muy efectiva de lavado de dinero.

El argumento de que una nueva reforma migratoria será benéfica como lo fue la "Ley Simpson-Rodino" hace 20 años, no se sostiene por el contexto actual: en 1986 se vivían los últimos años de la Guerra Fría, y el mundo bipolar, armado con cientos de misiles de destrucción masiva era, paradójicamente, más seguro. Las nuevas reformas migratorias, cualquiera que sea la que se apruebe finalmente, tendrá paliativos para los inmigrantes -que podrían haberlos tenido sin necesidad de nuevas leyes, como durante todo este tiempo-, pero apuntalará toda la estrategia y dispositivos de seguridad para levantar muros, físicos o electrónicos, a lo largo de la frontera con México, en una continuación de la Ley Patriótica en aquel país, que cercenó las garantías individuales de los estadounidenses. ¿De qué nos alegramos? Todos desean la derrota de la "Ley Sensebrenner" y aplaudirán cualquier otra que venga. Lo dramático es lo que no se quiere ver: a cambio de migajas laborales y sociales, el sellamiento de la frontera y la disrupción definitiva de los viejos corredores migratorios, estamos regalando lo peor de todo: la institucionalización de la guerra contra el terrorismo, contra los mexicanos. Ayudamos a romper el statu quo de las dos últimas décadas, pero en lugar de avanzar, saltamos para atrás.rriva@eluniversal.com.mxr_rivapalacio@yahoo.com de las dos últimas décadas, pero en lugar de avanzar, saltamos para atrás.

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