EN Chiapas se renovará el gobierno estatal el 20 de agosto, 48 días después de la elección presidencial. Esa peculiar diferencia entre el calendario electoral estatal y federal tiene atrapados en medio de una severa crisis ideológica y de poder a los operadores políticos locales y federales, que intentan procesar con un mismo rasero dos elecciones totalmente distintas.

Pero el problema no es nuevo. En realidad se gestó desde la llegada de Salazar Mendiguchía al gobierno estatal, luego que desertó del PRI y que se alió con toda la oposición para competir contra su ex partido -lo que le dio un sonado triunfo en una de las otrora más sólidas reservas de votos priístas-, lo que convirtió a Salazar Mendiguchía en un mandatario estatal que se mueve y se movió durante casi todo el sexenio en el "limbo" de la política partidista.

Desde que asumió la gubernatura, prácticamente rompió con las dirigencias nacionales del PAN y del PRD -ya lo había hecho con la del PRI, gracias a lo cual resultó ganancioso-, y consolidó una alianza harto benéfica para sus propósitos de gobierno. Se alió al presidente Fox, con quien cultivó no sólo una fluida relación institucional, sino una amistad a toda prueba. Tenía "derecho de picaporte" en la casa presidencial y consiguió, por ello, apoyos económicos extraordinarios.

Pero en el otro extremo, se convirtió en uno de los más claros enemigos políticos de López Obrador, quien no sólo impuso su candidatura presidencial al PRD, sino que se convirtió en el virtual dueño de ese partido.

A la vuelta de los años, y una vez que llegaron los tiempos de la sucesión en el gobierno de Chiapas, Salazar se encuentra frente a la disyuntiva nada agradable de no tener candidato ni partido para dar continuidad a su sexenio y para cubrir su retirada, por un lado, o de negociar, por el otro, con adversarios que intentan imponerle un candidato, en el peor de los escenarios, de extracción priísta. El peor de los mundos, pues. En Chiapas todos saben que Salazar Mendiguchía tiene el control de las estructuras locales del PRI, PAN y PRD -como manda el librito, ya que es la fuente de poder económico-, y también saben que desde el inicio de la segunda mitad de su administración impulsó de manera abierta, como su eventual sucesor, a su compadre, amigo y secretario de Gobierno, Rubén Velásquez. Sin embargo "el engrudo se le hizo bolas", cuando a pesar de todos sus esfuerzos su candidato nunca creció. Velásquez se quedó chiquito, en tanto que en el Revolucionario Institucional reaparecieron viejos tiburones locales, como Roberto Albores Guillén y José Antonio Aguilar Bodegas, quienes reclamaron su "derecho de piso" en el PRI y en la sucesión al gobierno estatal.

Pero en ese partido apareció un prospecto joven, alcalde de Tuxtla, y con un apellido de reconocida prosapia. Se trata de Juan Sabines, hijo del ex gobernador del mismo nombre y sobrino del poeta Jaime Sabines. Con apenas cuatro años en el estado, el joven Juan Sabines encabeza las encuestas en el PRI, pero los operadores de AMLO en Chiapas intentan llevarlo al PRD para proponerlo como candidato al gobierno estatal por ese partido. Los coqueteos han llegado a tal grado, que el joven Sabines renunció recientemente a ser candidato al senado por el PRI.

Existe, sin embargo, un conjunto de problemas que parecen insuperables. En primer lugar, que en el PRD local hay más de un aspirante con derechos y posibilidades. En las encuestas que ha realizado ese partido para buscar a su aspirante a gobernador, aparecen, con preferencias cercanas y en ese orden, Emilio Zebadúa, Rutilio Escandón y Plácido González.

Es sabido por todos que Salazar Mendiguchía no tiene ninguna relación con AMLO. Pero en Chiapas ha metido la mano nada menos que Manuel Camacho Solís a través de su sobrino Manuel Velazco -de filiación PVEM-, quien trató de interceder y hasta propuso un pacto. Es decir, que PRD, PT y Convergencia apoyen la candidatura de Juan Sabines, que el gobernador Pablo Salazar se sume a esa candidatura, y que el resto de los aspirantes se conformen con premios de consolación en el Congreso federal. Brillante idea, la de quitarle al PRI al más aventajado de sus precandidatos al gobierno estatal.

Pero resulta que el gobernador saliente de Chiapas, el amigo del presidente Fox, el enemigo de AMLO, si bien estaría dispuesto a apoyar a Juan Sabines como candidato por la alianza perredista, también apoyará al PAN en la elección presidencial. ¿Cómo está eso? Bastante claro, que en Chiapas no es lo mismo la elección federal del 2 de julio que la elección para gobernador, del 20 de agosto. En la primera, Salazar comprometió su apoyo a Calderón -es decir, en contra del PRD y de López Obrador-, pero en la elección local, que se llevará a cabo 48 días después de la primera -según el pacto con AMLO-, el gobernador debía apoyar a un ex priísta, vestido con las ropas del PRD. Una suerte de esquizofrenia política, digna de los tiempos y las formas de la delirante política actual.

En el priísmo local, en tanto, no parecen dispuestos a permitir lo que llaman "una nueva traición". Hay que recordar que Salazar salió del PRI y se alió con la oposición para llegar al gobierno, lo que fue visto como "una traición". Y en prevención de un nuevo lance opositor para arrebatarle al PRI su candidato al gobierno estatal, el Congreso local se apresta para impedir que Juan Sabines consiga la licencia al cargo de alcalde de Tuxtla, en caso de ser postulado por el PRD. En pocas palabras, venderán cara su derrota.

Pero tampoco en el PRD parecen dispuestos a permitir la imposición y menos el regreso del PRI al gobierno estatal, con la piel del PRD. Por lo pronto, Emilio Zebadúa, el precandidato perredista relegado por AMLO, insistirá en alcanzar la candidatura al gobierno estatal, sea por las vías políticas, sea por las vías legales. Por lo pronto, el perredismo de Chiapas parece destinado a padecer la misma imposición que muchas otras entidades, el regreso del PRI, todo por el poder. La ley de "la tamalera", pues. Y luego se quejan de que van en bajada en las encuestas. Al tiempo.

En el camino

Una nueva vergüenza para el gobierno "izquierdista" del DF. Ahora resulta que la valiente señora María Isabel Miranda de Wallace, quien a riesgo de su vida ha investigado y detenido a los secuestradores y presuntos asesinos de su hijo -responsabilidad de la que ha sido omisa la autoridad capitalina-, fue demandada por la familia de los secuestradores -y la demanda fue aceptada por la PGJDF- por el presunto delito de "difamación y daño moral". La razón fue que la señora pagó espectaculares con la fotografía de los delincuentes, lo que según los abogados daña su imagen y buen nombre. Y así como van, mañana los ciudadanos que harán el trabajo que no hacen las autoridades serán llevados a prisión. El mundo al revés en el gobierno de Alejandro Encinas, el que fuera militante de la izquierda, y que se comporta peor que el peor gobierno del viejo PRI.

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