Casi pasó desapercibido en un encuentro donde lo que dominó públicamente fueron las bromas. Pero en la reciente cumbre de Cancún, el presidente George W. Bush expresó que deseaba en México una democracia cada vez más consolidada. Las mentes se fueron rápidamente al referente de las próximas elecciones presidenciales, donde a unos preocupa mucho el aval de la Casa Blanca para el perredista Andrés Manuel López Obrador, mientras que al resto lo único que interesa es que lo descalifique. Ambas partes están equivocadas. Lo que evocó fue aquella contundente afirmación del zar de inteligencia estadounidense, John D. Negroponte, cuando hace pocos meses declaró que la delincuencia organizada estaba minando al Estado mexicano.

El presidente Vicente Fox reaccionó por algo inadvertido públicamente, pero relacionado con las crecientes presiones de Washington, particularmente de la CIA y el FBI -para detener a capos del narcotráfico y a Los Zetas-, y del Pentágono -para que tropas mexicanas realicen patrullajes conjuntos a lo largo de la frontera común-. Dice que su gobierno no está perdiendo la guerra contra el narcotráfico, y que la violencia en todo el país es consecuencia de la forma como se ha golpeado a los cárteles. Tiene razón en lo segundo, pero no está claro que la batalla se haya decidido en lo primero. El narcotráfico no es sólo un problema de delincuencia organizada o de salud, como normalmente se aborda, sino fundamentalmente económico.

La violencia desatada en territorio mexicano se disparó como consecuencia de la detención de Ricardo García Urquiza, a quien llamaban El Doctor, cerebro financiero del cártel de Juárez, en noviembre pasado en la ciudad de México. El Doctor controlaba alrededor de 14% del mercado de la cocaína en Estados Unidos desde su base de operaciones en la capital mexicana, y tenía una relación muy estrecha con las Fuerzas Armadas Revolucionarias comunistas (FARC), la narcoguerrilla colombiana que está enviando sus cargamentos por mar a Las Truchas, Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y a Chiapas, Guerrero y Quintana Roo en lanchas superrápidas y muy difíciles de detectar y detener llamadas go fast. El cártel de Juárez estaba enviando bajo la supervisión de El Doctor 55 toneladas anuales de cocaína a Estados Unidos. El negocio era redondo. El Doctor pagaba en Colombia 3 mil dólares por cada kilogramo de cocaína, que puesto en México se elevaba a 11 mil dólares por kilo, y que se incrementaba a 25 mil dólares en Estados Unidos y llegaba a 46 mil dólares en España, lo que explica la baja de la oferta en el mercado estadounidense y el aumento en Europa. Al final del día, las ganancias para el cártel de Juárez, según estiman las autoridades mexicanas, se calculan en 655 millones de dólares, una vez que ya se descontaron costos de operación y nóminas.

La detención de El Doctor provocó un descontrol inmediato en los mercados y un desabasto al perder las FARC su principal punto de contacto en México, lo que hizo que los cárteles de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, y del Golfo, que controla desde la cárcel Osiel Cárdenas, actuaran rápidamente para ocupar el vacío. Sin embargo, el arribo súbito a los mercados fue desde plataformas desiguales por cuanto a los inventarios en poder de cada uno de los cárteles, como de la disponibilidad de liquidez. Cárdenas dependía fuertemente de la cocaína del cártel de Juárez que, además, le ayudaba a completar cargamentos en varios puntos del mundo. El Chapo, en cambio, disponía de los inventarios necesarios que le permitieron incursionar en plazas que estaban fuera de sus dominios, como Acapulco, que es el último campo de batalla entre los dos cárteles.

El Chapo , a quien los demás cárteles le han cerrado el paso al mercado más lucrativo nacional, el de la ciudad de México, comenzó a expandirse con velocidad para conquistar las rutas de distribución y comercialización sueltas tras el arresto de El Doctor . Las masacres y los ajustes de cuentas no han cesado, con el cártel de Sinaloa entrando en desafío abierto contra el del Golfo en plazas que eran de su total dominio como en Nuevo Laredo, que es fundamental para la introducción por tierra de cocaína al mercado estadounidense, y que es uno de los cuatro grandes corredores junto con el de El Paso, Texas; Tucson, Arizona; y San Diego, California. Aunque el mercado global de las drogas en Estados Unidos significa utilidades que oscilan entre 13 mil y 48 mil millones de dólares anualmente, hasta este momento sólo el tráfico de cocaína ha generado la disrupción en los mercados y la violencia expandida en México.

Las acusaciones de que el narcotráfico está minando al Estado mexicano tienen tanto fundamento que la propia Presidencia de la República lo admitió recientemente al señalar que fueron policías municipales de Nuevo Laredo quienes participaron en la ejecución de tres elementos de la Agencia Federal de Investigación. En efecto, los cárteles encontraron que es mucho más barato pagar 30 mil pesos mensuales a un jefe de policía local y distribuir un poco más entre sus subalternos por protección y sicarios con placa, que invertir cientos de miles de dólares mensuales en corromper funcionarios de alto nivel para que les den protección o les entreguen plazas determinadas, que no les estaba garantizando ni seguridad ni impunidad. La dinámica de la narcoeconomía representa nuevos desafíos que implican un ataque a los cárteles en el terreno policial y judicial como actualmente se está haciendo, pero también en el financiero y logístico, donde hasta el momento el gobierno mexicano está perdiendo la batalla. Lo grave es que atacar el primero sin romper el segundo, no conduce a una solución duradera y sí a un incremento en la violencia. Ir frontalmente contra el segundo, como lo demostró el arresto de El Doctor, es la solución de largo plazo aunque en el corto, como lo estamos viviendo, haya baños nacionales de sangre.