Sin saberlo directamente, pero como consecuencia de su irresponsabilidad política, la delegada en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, estuvo a punto de convertir el episodio de clausura del hotel Sheraton María Isabel en una catástrofe para la economía nacional y una desgracia en imagen para el candidato de su partido a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Jaramillo, motivada por las pugnas internas dentro del PRD en una vendetta contra López Obrador, iba a conseguir el pase automático al infierno, al que iría acompañada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, quien el martes de la clausura optó por la política del avestruz y se escondió en su oficina al grado de no tomar las llamadas telefónicas que insistentemente le hizo ese mismo día el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza.

La clausura del hotel, pese a que tenía un amparo, se dio con el silencio general de las autoridades del Distrito Federal, que no quisieron hablar con nadie para explicar porqué habían violado el recurso legal que le había otorgado un juez al Sheraton. Todavía el miércoles durante la mañana, los representantes del hotel intentaron alcanzar una solución, pero habían preparado un plan alternativo. Si fracasaban, la empresa Sheraton -propiedad de Starwood, una de las principales multinacionales de turismo- iba a anunciar que se retiraban de México por no existir un régimen de derecho, que la llevaba a concluir, de acuerdo con el esbozo de lo que sería su comunicado mundial, que hacer negocio en tierras mexicanas no era negocio. Es decir, iban a empacar sus cosas, cerrar el María Isabel, cancelar las franquicias en el país y suspender una inversión de 400 millones de dólares que están colocando en un complejo en Punta Mita.

Jaramillo, quien no informó previamente de su acción a Encinas, tuvo el cuidado de realizar la clausura a la misma hora en que a unos kilómetros de ahí, en el Club de Industriales, López Obrador se reunía con un muy importante grupo de empresarios mexicanos con quienes está tratando de hacer las paces y transmitir el mensaje de que no es un peligro para los capitales, que podrá ser un Presidente confiable y, sobre todo, que no es alguien a quien la ley le importa un comino. Perfectamente calculado, se podría pensar. Qué mejor demostración de que el candidato del PRD se engolosina con violar la ley que una delegada del Distrito Federal, el principal bastión perredista, consumó una aberración jurídica ante las narices de todos y pese a las advertencias y señalamientos de muchos sectores. Claro que para entender por qué tuvo cuidado en el momento de clausurar y contradecir a López Obrador con los hechos, habría que entender que la señora Jaramillo no actuó por instrucciones del gobierno del Distrito Federal, sino por indicaciones de sus verdaderos patrones políticos, los distinguidos René Bejarano, uno de los personajes más apestados hoy en día en el equipo lopezobradorista, y su esposa, la diputada Dolores Padierna.

De acuerdo con la información en la cúpula del perredismo, Bejarano y Padierna se encuentran detrás de Jaramillo. Pero que nadie los difame. No fue por un acto nacionalista porque el Sheraton María Isabel expulsó hace casi un mes a una delegación cubana que se encontraba en sus instalaciones para un encuentro con empresarios estadounidenses, sino porque le quisieron pasar la factura a López Obrador por haber desplazado a la corriente bejaranista de puestos de elección popular en la zona metropolitana. La principal agraviada es la señora Padierna, a quien borraron de la lista de candidatos plurinominales al Senado. Los dos, que en la pasada elección, con dineros bien y mal habidos contribuyeron significativamente a la victoria de López Obrador como jefe de Gobierno y del PRD como aplanadora capitalina, se sienten traicionados por su ex jefe político que los usó ampliamente y luego, cuando tuvo que reactivar el eslogan de "honestidad valiente" dentro de su campaña presidencial, tuvo que deshacerse de ellos porque, de otra forma, sería un contrasentido presumir su integridad con personajes cuya percepción es antagónica a ese objetivo.

La acción de la delegada provocó un cisma interno en el PRD, empezando por las autoridades del Distrito Federal. Desde el martes se montó una operación de presión intensa sobre la delegada, a quien el secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz, regañó y hasta la insultó por no haberlos notificado. Ella aguantó y al día siguiente, cuando no veían ninguna señal de conciliación, el propio Encinas habló con ella. La confusión dentro del gobierno capitalino se corrió hasta bien entrada la mañana del miércoles, negándose sistemáticamente a hablar con los representantes del Sheraton. Finalmente, las autoridades locales encontraron una solución y se reunieron al mediodía con ellos, acordando bajar el nivel retórico al máximo posible y buscando salidas mediáticas -aunque no las llamaron así-, para reducir el costo político para el gobierno capitalino.

El daño le queda, no obstante, a López Obrador, cuyas tribus lucen totalmente descontroladas. Una delegada que actúa por sí sola en un asunto que tiene ramificaciones internacionales; un jefe de Gobierno que no sabe qué hacer y se contradice cada vez que habla; una batería de funcionarios locales que prefirieron esconderse, construyendo un vacío de poder por lo que al tema Sheraton respecta; un candidato presidencial sometido a los vaivenes e intereses de sus tribus. El conflicto está sobre las ruedas de la solución, pero todo puede suceder con las tribus perredistas. Los grupos de choque internos demostraron que sí tienen capacidad de fuego y que pueden dañar a su candidato presidencial. En este sentido, Bejarano y Padierna lograron su objetivo.