NO hay duda que es ilegal el espionaje telefónico. Tampoco se duda que es ilegal la difusión pública de lo espiado. Pero cuando la información producto de un espionaje ilegal atañe a la sociedad toda, cuando revela una maquinación de los poderes público y privado contra un ciudadano indefenso, la difusión de esa información no sólo es posible, sino que es una obligación social.

Ese es el papel de los medios de comunicación y esa fue la responsabilidad social que asumió el diario La Jornada al revelar fragmentos de 12 conversaciones telefónicas, producto de espionaje telefónico, entre el gobernador poblano Mario Marín, el empresario textilero Kamel Nacif, y otros personajes que desde el poder político y económico urdieron una venganza contra Lydia Cacho, periodista y escritora que documentó la existencia de una red de pederastas que presuntamente vinculan a Kamel Nacif con Jean Succar Kuri, pederasta detenido en Estados Unidos.

De suyo, la evidencia demuestra no sólo la existencia de una conjura de los poderes político y económico contra los ciudadanos, en este caso contra Lydia Cacho, sino la perversión del poder, la complicidad entre gobierno y dinero, y sobre todo el envilecimiento de la política y el ejercicio del poder público. Mario Marín, el virreyezuelo poblano, no es digno de ser llamado gobernador de Puebla, y menos mandatario estatal, porque no tiene el menor respeto de los mandantes, que son los ciudadanos, y porque pone el poder público que éstos le confirieron, al servicio de los apetitos vengativos del poder económico.

En efecto, gracias a las revelaciones quedó al descubierto el abuso de poder, la complicidad judicial y la influencia extralegal del dinero en el gobierno poblano. En efecto, las escuchas reivindicaron la lucha social y la denuncia de Lydia Cacho; le dieron la razón, además de que reforzaron el valor social de la denuncia de los medios de comunicación. Pero hay más. Existen indicios de que detrás de las revelaciones hay una fuerte carga político-electoral y que el objetivo de fondo no era demostrar la complicidad del gobierno poblano y el empresario textilero contra la periodista Lydia Cacho, sino debilitar una de las más importantes reservas de votos del PRI y dinamitar una buena fuente de financiamiento para la campaña presidencial de ese partido.

La hipótesis se antoja descabellada, pero no lo es tanto. Debemos buscar, como punto de partida, el origen de las grabaciones que -según se dijo- llegaron de forma anónima a La Jornada. No se trata de una o dos grabaciones fortuitas, sino de una selección de 12 escuchas, todas ellas vinculadas con el caso de Lydia Cacho.

Podemos suponer que quienes montaron el espionaje por lo menos tenían intervenidos los teléfonos de Mario Marín y de Kamel Nacif. ¿Desde cuando los espiaban? ¿Es creíble que los espiaron a partir del caso de Lydia Cacho? Parece claro que no, porque si el espionaje se hubiese montado a partir de ese caso, y si el interés era salvar la imagen de la escritora y periodista, las grabaciones se pudieron haber filtrado desde mucho antes. ¿Por qué hasta ahora?

Es muy probable, en la hipótesis que nos ocupa, que una mano interesada tiene muchas horas de conversaciones grabadas ilegalmente, no sólo de Mario Marín o de Kamel Nacif, sino de otros políticos, empresarios y funcionarios públicos de Puebla o de cualquier parte del país. Lo que habría ocurrido, en todo caso, es una selección de conversaciones en donde los dos involucrados hablan del tema. ¿Por qué seleccionar sólo las conversaciones de ese caso? Porque es el más rentable para efectos mediáticos y político-electorales.

Pero regresemos al principio: ¿Quién es capaz de espiar de manera permanente a un gobernador y un poderoso empresario? ¿Acaso un aficionado? ¿Acaso un personaje preocupado por los periodistas? Es posible, pero es más probable que se trate de una agencia especializada, con capacidad técnica y económica. Y de esas no hay muchas. Por eso no se descarta que los espías hayan sido oficiales.

Por otro lado -y a partir de la conseja de los viejos estrategas de la política mexicana, esa que sugiere: "Para saber el origen de un conflicto, hay que buscar al beneficiario del conflicto"-, debemos preguntar: ¿Quién se beneficia de las revelaciones? Está claro que la sociedad al conocer los turbios trasfondos de la represión y la complicidad de los poderes público y empresarial en Puebla.

¿Pero son los únicos beneficiarios? Está claro que no, porque en tiempos electorales el descrédito a un gobierno y a un empresario que ha financiado candidaturas a puestos de elección popular se traduce en la resta de votos del gobierno y su partido desprestigiados, y en la suma de votos a otros partidos y contendientes electorales, además de que se cortan las fuentes de financiamiento. ¿Quién se beneficia electoralmente? Todo apunta a que el desprestigio del PRI y de su gobierno estatal en Puebla beneficia electoralmente al PAN y al PRD poblanos. Ahora bien, la anterior conclusión obliga a una nueva pregunta: ¿Por qué Puebla? Se podría decir, con toda razón, que es Puebla donde se cometió la bajeza contra Lydia Cacho. Pero hay otra explicación posible. Resulta que según el padrón electoral, el estado de Puebla es el que ocupa el quinto lugar en caudal de votantes, después del estado de México, del Distrito Federal, Veracruz y Jalisco.

El DF, con poco más de siete millones de electores, es una entidad dominada mayoritariamente por el PRD. Jalisco, con 4.6 millones de votantes, es un estado dominado y con voto mayoritario del PAN. En el estado de México, en donde el PRI arrolló en la pasada elección para suceder la gubernatura, se produjo un peculiar debilitamiento del PRI, gracias a filtraciones sobre el presunto enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel. Desde entonces la estrategia sigue y el PRI pierde votos aceleradamente allí.

Hasta hace 36 horas quedaban como bastiones priístas intocados, de la quinteta anterior, solamente Veracruz y Puebla. Pero luego de las revelaciones poblanas del caso Lydia Cacho, en el bastión priísta de Puebla, en donde el padrón electoral es de casi 3.5 millones de personas, se empieza a desmoronar la hegemonía del PRI. Está claro que el desprestigio inducido en torno de Arturo Montiel iba en relación directa con el escándalo Bribiesca Sahagún.

Pero por alguna razón se rompió un acuerdo inicial para anular de manera mutua los dos escándalos. Una mano interesada lanzó combustible al desprestigio de Montiel, y como por arte de magia se anunció la reapertura de la comisión de la Cámara de Diputados que investigaría a los hijos de Marta Sahagún.

Pero la misma mano que alimenta el desprestigio del ex gobernador mexiquense, que parece ser la mano del gobierno federal, parece estar detrás del "milagro" que hizo posible que aparecieran en La Jornada las grabaciones que muestran la persecución contra Lydia Cacho, que son el germen del desprestigio del gobierno de Mario Marín, y que le pueden costar, además de muchos votos para el PRI, su permanencia en el gobierno.

Puebla parece, luego de la tregua y una vez iniciadas de manera formal las campañas, la primera batalla. Faltan muchas. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx