Y A sabemos que el presidente Fox no lee periódicos. También que los candidatos presidenciales, sobre todo los tres más aventajados, sólo leen un resumen que les preparan sus equipos de campaña, en donde sólo incluyen temas político-electorales. Sabemos que legisladores federales, diputados y senadores, lo mismo que ministros de la Corte, se informan a través de síntesis informativas elaboradas por las oficinas de comunicación social, en donde no se incluye la "fastidiosa" nota roja, salvo cuando se convierten en un escándalo.

Y por eso, seguramente los representantes de los poderes de la Unión y los candidatos presidenciales no se enteraron de dos estremecedores desplegados aparecidos en la prensa nacional los pasados 9 de febrero (EL UNIVERSAL, Pág. A-23) y 11 del mismo mes (La Jornada, Pág. 16), en donde médicos y residentes del Instituto Nacional de Perinatología de la Facultad de Medicina de la UNAM denuncian el secuestro y asesinato de los jóvenes doctores Joaquín Fernández Larios y Víctor Duarte Flores. El peculiar "¡Basta de secuestros y asesinatos!" resulta indignante, no sólo por su significado, sino porque la comunidad médica cuestiona lo mismo: la incapacidad oficial y la indiferencia social.

En el primer caso, el del secuestro y asesinato del doctor Joaquín Fernández Larios, los residentes y ex residentes del Instituto Nacional de Perinatología preguntan: "¿Cómo levantar la voz a tan brutal maldad? ¿Qué es lo que más indigna? La brutalidad y salvajismo de quienes atentan contra lo más preciado que es la vida -nuestros amigos, nuestras familias, nuestros seres queridos- o la indiferencia de una sociedad coludida y su silencio a tales hechos. Ambos (la brutalidad y el salvajismo de los delincuentes y la indiferencia social) son la peor manifestación de degradación, ofensa y humillación de nuestra humanidad. Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo; pareciera que nadie será capaz de darnos esa justicia que tanto anhelamos. No digan qué o cómo, sólo diremos ni uno más, ni uno más, ni uno más".

En el segundo caso, que seguramente tampoco fue leído por los representantes de los tres poderes de la Unión y menos por los candidatos, la Facultad de Medicina de la UNAM demanda "justicia, certeza y seguridad", y alzan la voz contra "la violencia desmedida y la inseguridad (que) segaron la vida de los doctores Joaquín Fernández Larios y Víctor Duarte Flores". Luego dice el desplegado: "No es posible que actos de esta naturaleza continúen afectando a nuestra sociedad. No son suficientes las explicaciones de desigualdad social, como no lo son tampoco las explicaciones fáciles de la complejidad del crimen organizado y las constantes lamentaciones sobre la corrupción que priva entre los cuerpos de seguridad".

El doctor Joaquín Fernández Larios, de apenas 30 años de edad, era un brillante residente del Hospital de Perinatología, en el quinto año de residencia, originario de Guadalajara, de recursos económicos limitados, que viajaba en bicicleta, que al mediodía del domingo 22 de enero visitó a un paciente en un hospital privado de la colonia Escandón. Al salir de su consulta nunca más fue visto con vida. La noche de ese domingo debía recibir en el aeropuerto a un colega de Francia, pero nunca llegó. Al día siguiente, sus padres recibieron una llamada anónima. Pedían 6 millones de pesos para liberarlo. En las siguientes dos semanas los padres del médico vendieron todo lo que tenían, pidieron dinero prestado y reunieron la cantidad. Antes de pagar el rescate reclamaron una prueba de que su hijo estaba con vida. Los secuestradores enviaron la evidencia.

El pasado 2 de febrero se pagó el rescate. Pasaron los días y el domingo 5 de febrero los padres del médico fueron llamados por el Semefo para identificar el cuerpo del doctor Joaquín Fernández, quien había sido ahorcado el mismo día en que se pagó el rescate. ¿Por qué lo mataron si se había pagado el rescate? Personas cercanas al médico presumen que conoció a sus secuestradores, porque además el médico logró comunicarse con sus padres y les pidió que no pagaran el rescate. ¿Y qué han hecho las autoridades? Nada, ni la menor indagatoria. Una situación similar ocurrió con el doctor Víctor Duarte Flores, secuestrado y asesinado hace casi un año, después de salir del Hospital de La Raza. No se investigó nada, a nadie le importó el caso, salvo a la comunidad médica que como último recurso reunió dinero para pagar un desplegado de prensa. Sólo eso.

Y como no leen ni los representantes de los tres Poderes de la Unión y menos los candidatos presidenciales, seguramente tampoco se enteraron de la valentía de María, una modesta jefa de familia a la que le secuestraron a su hijo, Hugo Alberto Walach, a quien los secuestradores asesinaron, sin que hasta el momento se conozca el paradero de su cuerpo. En medio de su dolor, María acudió a todas las autoridades posibles, pero al comprobar que a nadie le importó investigar el asunto, dejó su empleo y empezó a indagar por su cuenta, a hacer lo que le corresponde a los procuradores de Justicia, ésos que en lugar de hacer su trabajo "ya se ven" en tal o cual gabinete de tal o cual candidato presidencial.

María localizó al jefe de la banda de secuestradores, el policía César Freyre Morales. Luego indagó que se trata de un policía que trabajó con el ex jefe policiaco Agustín Montiel, preso en La Palma por sus vínculos con el narcotráfico y por su presunta responsabilidad en diversos crímenes. También descubrió que el policía Freyre Morales utilizaba a un grupo de mujeres atractivas para "enganchar" empresarios a los que secuestraban.

No se quedó en eso, sino que llamó a la policía para que detuvieran a los secuestradores, quienes permanecen en arraigo. Más aún, María pagó de sus escasos recursos un espectacular en la esquina de Reforma y Niza, en el que aparece el jefe de los secuestradores, César Freyre Morales, y se le pide a quienes lo identifiquen que lo denuncien.

Resulta ejemplar el valor humano y civil de María, como vergonzoso el papel de las policías y de los encargados de la procuración de justicia, locales y federales. Y es que mientras el crimen organizado, en sus vertientes del secuestro, narcotráfico y robo de automóviles, por citar sólo tres brazos operativos, goza de la más escandalosa impunidad, mientras que los poderes de la Unión hacen como que no ven, mientras que todos los presidenciables recorren el país con su ofensiva demagogia, los ciudadanos están indefensos ante las bandas criminales y tienen que recurrir, como en el caso de la comunidad médica y de María, a recursos extremos, poner su dinero para la protesta pública y convertirse en investigadores.

Está claro que los que se van no pueden, mientras que aquellos que quieren llegar ni ven ni escuchan. Y así quieren el aplauso y el voto. ¿Por qué no se van todos?

En el camino

Penosas revelaciones, la del gobernador Mario Marín, de Puebla, y de Kamel Nacif, en torno de los abusos en materia legal contra Lydia Cacho, y la que presuntamente involucra a Liébano Sáenz en la campaña de AMLO. Y claro, niegan las revelaciones. Ni modo que las acepten. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx