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LAMENTABLEMENTE EN MÁS de un renglón la economía mexicana se ha rezagado en el concierto mundial, e incluso en Latinoamérica, no sólo por la falta de consensos para las reformas estructurales, sino por la ausencia de una visión estratégica de largo plazo.

Esto se ha reflejado en una pérdida de competitividad que urge detener y remontar con políticas decididas en aspectos como el uso de la tecnología por parte de las empresas.

Países como Brasil, Colombia, España, Israel y no se diga EU, han establecido estrategias de largo alcance para soportar la competitividad en el uso generalizado de las tecnologías de la información (TI).

De ahí que este lunes se tenga programado en el Senado el foro “Una agenda digital para transformar México” que se pretende sea el arranque para coordinar entre IP, Congreso y el ejecutivo la ejecución de políticas públicas en esa dirección.

Por la IP participarán AMITI que preside Fernando Lezama y que dirige Javier Allard, CANIETI de Santiago Gutiérrez con el apoyo de Carlos Allende y AMIPCI comanda por Mauricio Braverman.

Por el legislativo son impulsores de una “Agenda Digital” el senador Jesús Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y el diputado Rodrigo Pérezalonso González de la Comisión Especial de Acceso Digital.

Para la reunión fueron invitados Juan Molinar de SCT, Salvador Vega de la Función Pública, Bruno Ferrari de Economía, Alonso Lujambio de la SEP y los presidentes de las dos cámaras Manlio Fabio Beltrones y Juan Carlos Romero Hicks.

El desafió es darle prioridad a la “Agenda Digital”, nombrar a un organismo responsable de esos esfuerzos e interrelacionar a los actores vinculados en el uso de la TI para caminar en una misma dirección.

Hoy por ejemplo las Pymes del país están a una tercera parte del nivel que muestran en ese terreno la mayoría de los países de la OCDE.

El rezago más notable está en las micro, unas 3 millones 300 mil compañías con 4 a 30 empleados y que carecen de toda herramienta tecnológica, determinando su competitividad y alta mortandad.

Una política más congruente en pro de la TI generaría empleos mejor remunerados, más recaudación y hasta la posibilidad de exportar esos servicios.

México ha desperdiciado la gran oportunidad de convertirse en un proveedor de software de EU, pese a la estrecha interrelación y empatía en materia de negocios, más que países como la India.

En lo que hace al Internet, es conocido el precario nivel del ancho de banda. Telmex que dirige Héctor Slim Seade acaba de anunciar la introducción en tres ciudades de 10 megabits por segundo, cuando en EU ya hay un programa para estar en 100 megabits en todo el país en tres años. Nafin que dirige Héctor Rangel implementó en 2004 un esfuerzo para equipar tecnológicamente a las Pymes. Pese a los buenos logros, el programa fue flor de un día.

Los propios esfuerzos del SAT de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la firma y ahora la factura electrónica, han ayudado, pero no es suficiente para que el país se monte de forma estelar en ese tema, en el que igual será obligado involucrar a la educación, para aprovechar el talento disponible, hoy subutilizado, mal pagado y que incluso ha optado por emigrar fuera del país.

Así que en lo que es la “Agenda Digital” hay todo por ganar, falta que los actores se pongan de acuerdo para realmente empujar las acciones necesarias de corto, mediano y largo plazo. ¿Seremos capaces? Habrá que ver.

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EN LOS ÚLTIMOS días las arrendadoras de aviones vinculadas a Mexicana se han acercado a SCT, Trabajo de Javier Lozano, al Senado y a la Tenedora K que coordina Advent que llevan Juan Carlos Torres y Alfredo Alfaro para recuperar unos 80 aviones, parte de la flota con la que operó esa aerolínea y que permanecen en tierra en el AICM y Guadalajara. Cada unidad significa unos 20 millones de dólares, o sea que la parálisis de ese equipo implica unos mil 600 millones de dólares. Agregue los “gastos de preservación” relacionados con el mantenimiento diario que requieren las aeronaves para no deteriorarse. Entre las más activas están la subsidiaria de GE, en este caso GE Commercial Aviation Services (GECAS) que preside Norman CT Liu y la irlandesa Celestial Aviation Trading vinculadas a unos 45 aviones. El obstáculo son los sendos emplazamientos a huelga que presentaron ASPA de Fernando Perfecto para el 9 de septiembre y ASSA a cargo de Lizette Clavel. Los sindicatos no tenían muchas opciones y la medida tiene un efecto depositario de esos activos, más allá del concurso. La presión de las arrendadoras va a crecer, ya que esta semana estaría aquí el titular del Transporte de EU, Ray LaHood o algún representante, para tratar de destrabar los equipos.

De antemano se habla de un deterioro adicional de la imagen del país de no resolverse rápido el expediente. Otras aerolíneas pagarán mayores costos para arrendar en las próximas semanas los equipos necesarios para aprovechar los huecos que dejó Mexicana.

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LE ADELANTABA DEL acuerdo en principio que se logró para reestructurar el pasivo de IUSA de Carlos Peralta, líder en la fabricación de equipos eléctricos y medidores. El contrato definitivo estaría listo este mes, con lo que la deuda se reprogramará a 8 años con intereses más accesibles y vencimientos que crecerán en el último tramo del periodo. No hubo quitas y se autorizaron líneas de crédito para capital de trabajo. Por lo que se conoce fue determinante un juicio que IUSA ganó al RZB y que ahora es parte de los que aceptaron subirse a la reprogramación. El banco austriaco fue de los más beligerantes de los ligados a un sindicado con Gerdal Metals. Las gestiones en nombre de la empresa estuvieron a cargo del abogado Gerardo Ramírez Ornelas. Otros bancos que son parte del convenio son Barclays, West LB e Inbursa de Marco Antonio Slim.

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ES DE ANTICIPAR que la iniciativa que Felipe Calderón envió al Congreso para mitigar el lavado de dinero, sufrirá más de una modificación. Y es que han surgido temas controvertidos, entre ellos una obligación que se confiere a los distribuidores de autos encajados en AMDA de Luis Gómez Sánchez como corresponsables en verificar la legítima procedencia de los recursos vinculados a la compra de cualquier unidad. La red ya no podrá recibir efectivo, pero aparte quedaron obligados a esa tarea que aparece más allá de sus atribuciones. De ahí la necesidad de un ajuste que ya se cabildea.