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El gobierno federal atribuye a la desesperación de los cárteles la escalada de violencia que se registra en las últimas semanas. El reporte oficial es que se va ganando la guerra y que por eso se registran expresiones inéditas de inseguridad. En las trincheras de poco o nada ayuda la postura oficial. En Chihuahua, los dueños de restaurantes, bares y discotecas decidieron cerrar a partir de las 19:00 horas del viernes. No les queda de otra. Hombres armados entran en sus negocios, hacen cálculos someros de cuánta clientela imaginan que tienen y les entregan paquetes con droga. Deben venderla, convertir sus negocios en “tienditas”, dejar de ser empresarios para convertirse en narcomenudistas o, de lo contrario, los amenazan con asesinarlos. A los taxistas les va igual. Los detienen y les quitan documentos personales, credenciales de elector y les entregan ciertas cantidades de droga que deben vender, de lo contrario los asesinan. El viernes decidieron realizar un paro: no más salir a la calle por la noche. Las cúpulas empresariales de Chihuahua decidieron ayer guardar silencio, por motivos de seguridad. En el Distrito Federal, la Concanaco lamentó la situación que atraviesan sus asociados en el norte y recordó que es una obligación de las autoridades de los tres órdenes el asegurar que esto no ocurra, pero ocurre.

La investigación sobre la ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas, que tomó en sus manos la PGR, enfrentará un gran obstáculo: las autoridades no tendrán a su principal testigo y único sobreviviente de la masacre, ya que el ecuatoriano rechazó una visa humanitaria que le ofreció el gobierno mexicano para permanecer en el país, pues las amenazas a su familia después de que se dio a conocer su identidad, ponen en evidencia el riesgo que enfrentaría si decidiera permanecer en México. Perder al principal testigo de este crimen masivo no es un buen indicio para el curso de la investigación en la que, por si fuera poco, el Estado mexicano incumplió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convenio de Palermo), que en su artículo 24 deja en claro que el gobierno estaba obligado a tomar medidas para impedir que se difundiera la identidad de una víctima que además es testigo.

Algo pasó en las últimas horas que complica aún más el escenario en la Cámara de Diputados. Finalmente los panistas decidieron reclamar su derecho de ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política, con lo que cancelan el acuerdo que hasta el viernes sostenían “verbalmente” con el PRD. Con este revés, al sol azteca sólo le queda insistir ante los priístas que “les toca” la presidencia de la Mesa Directiva, aunque los enterados aseguran que serán sólo palabras al viento, ya que en el tricolor van con todo para acaparar los órganos de gobierno del Poder Legislativo en el siguiente periodo de sesiones. En septiembre, el PRI asume la presidencia en el Senado, y en San Lázaro se atrincheran con sus aliados del Verde Ecologista para no permitir que los perredistas tomen la Mesa Directiva. Vienen horas de intensos jaloneos.

Apunte final: El presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, citó a los senadores de su partido a un cónclave privado en la llamada Torre Azul de avenida Reforma. Nava cumplirá así con lo que marca el estatuto partidario, de consultar a su bancada en torno a quién debe ser el nuevo coordinador que llene el lugar de Gustavo Madero, quien ya apunta al CEN del blanquiazul. Las cartas están más que echadas y, salvo alguna contingencia, será José González Morfín quien tome las riendas de la bancada.