En estos días, el general en retiro Gonzalo Miguel Adalid Mier, actual secretario de Seguridad Pública en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, buscará registrar ante Derechos de Autor su proyecto para "municipalizar a las policías", en el que desde la llegada de Guillermo Galván a la titularidad de la Sedena, ha planteado todo un esquema de reestructuración y manejo de cuerpos policiacos municipales y estatales a fin de mejorar sustancialmente los niveles de seguridad en varios puntos álgidos del país.
El problema es que en realidad el general Adalid se está viendo forzado a registrar su proyecto -apoyado por una decena de generales activos y en retiro- por varias razones.
La primera tiene que ver con la inminente eliminación de las policías municipales, su unificación en una estructura de control estatal y la nada remota existencia de un cuerpo policiaco nacional que rebasaría en muchos aspectos el monopolio de la fuerza que históricamente han tenido el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
La segunda, no menos importante para los intereses del general Adalid, está relacionada con el cabildeo subterráneo que el hijo de un reconocido y fallecido abogado penalista realiza desde hace varios meses en el norte del país precisamente con ese proyecto, presentándolo casi como suyo y cobrando a gobernadores, alcaldes y funcionarios de áreas de seguridad una cantidad de dinero nada despreciable por las consultorías ofrecidas, algo así como cuatro millones de pesos por sus servicios.
Estas caravanas con sombrero ajeno han causado gran molestia en el grupo de militares que apoyan a Adalid. Por eso le han aconsejado registrar el proyecto y al mismo tiempo impulsar una especie de frente para detener o al menos reducir los impactos que el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pueda causar si su idea de tener un cuerpo policiaco nacional prospera.
El tema no es asunto menor y tiene preocupados a los mandos militares en la Sedena y fuera de ella. Entre los generales afines al DN-1, Guillermo Galván, la inquietud gira en torno a que no se puede permitir que alguien como García Luna o sus colaboradores incondicionales lleguen a comandar y coordinar una fuerza policial de 400 mil efectivos o más.
Esto resulta inaceptable para los mandos castrenses, ya que de inicio duplicaría a los militares y necesariamente los igualaría en armamento ligero y en capacidad de movilización aérea, además de que una fuerza de ese tamaño se comería el presupuesto de otras secretarías.
El tema va a dar de qué hablar en las próximas semanas, mientras la ola de violencia sigue en todo lo alto en el país y la Policía Federal se reestructura a marchas forzadas y en medio de un ambiente de incertidumbre por los cambios que se avecinan con la fusión de los municipales con los estatales.
Tiempos turbulentos y sin respiro.
En estos días, el general en retiro Gonzalo Miguel Adalid Mier, actual secretario de Seguridad Pública en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, buscará registrar ante Derechos de Autor su proyecto para "municipalizar a las policías", en el que desde la llegada de Guillermo Galván a la titularidad de la Sedena, ha planteado todo un esquema de reestructuración y manejo de cuerpos policiacos municipales y estatales a fin de mejorar sustancialmente los niveles de seguridad en varios puntos álgidos del país.
El problema es que en realidad el general Adalid se está viendo forzado a registrar su proyecto -apoyado por una decena de generales activos y en retiro- por varias razones.
La primera tiene que ver con la inminente eliminación de las policías municipales, su unificación en una estructura de control estatal y la nada remota existencia de un cuerpo policiaco nacional que rebasaría en muchos aspectos el monopolio de la fuerza que históricamente han tenido el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
La segunda, no menos importante para los intereses del general Adalid, está relacionada con el cabildeo subterráneo que el hijo de un reconocido y fallecido abogado penalista realiza desde hace varios meses en el norte del país precisamente con ese proyecto, presentándolo casi como suyo y cobrando a gobernadores, alcaldes y funcionarios de áreas de seguridad una cantidad de dinero nada despreciable por las consultorías ofrecidas, algo así como cuatro millones de pesos por sus servicios.
Estas caravanas con sombrero ajeno han causado gran molestia en el grupo de militares que apoyan a Adalid. Por eso le han aconsejado registrar el proyecto y al mismo tiempo impulsar una especie de frente para detener o al menos reducir los impactos que el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pueda causar si su idea de tener un cuerpo policiaco nacional prospera.
El tema no es asunto menor y tiene preocupados a los mandos militares en la Sedena y fuera de ella. Entre los generales afines al DN-1, Guillermo Galván, la inquietud gira en torno a que no se puede permitir que alguien como García Luna o sus colaboradores incondicionales lleguen a comandar y coordinar una fuerza policial de 400 mil efectivos o más.
Esto resulta inaceptable para los mandos castrenses, ya que de inicio duplicaría a los militares y necesariamente los igualaría en armamento ligero y en capacidad de movilización aérea, además de que una fuerza de ese tamaño se comería el presupuesto de otras secretarías.
El tema va a dar de qué hablar en las próximas semanas, mientras la ola de violencia sigue en todo lo alto en el país y la Policía Federal se reestructura a marchas forzadas y en medio de un ambiente de incertidumbre por los cambios que se avecinan con la fusión de los municipales con los estatales.
Tiempos turbulentos y sin respiro.
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