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Usted debe saber que en México los militares son juzgados y castigados por militares. Eso es lo que llaman fuero militar. Su vigencia, sin duda, da sustento a la disciplina militar. Pero ese fuero sustrae del escrutinio público los procesos contra militares y acaso encubra a quienes, en circunstancias que no son las de una guerra en estricto sentido, violan derechos civiles.

Las posibilidades de incurrir en esas faltas aumentan cuando el Ejército participa en tareas que de origen les son ajenas, como las de perseguir y destruir bandas del narcotráfico. Cierto es que hay resoluciones de la Corte que justifican esa participación, pero el país no tiene una legislación que la avale explícitamente. De ahí que Felipe Calderón insista en modificar la Ley de Seguridad Nacional y disponer de ese sustento jurídico.

Con dicha reforma quedaría facultado para declarar un estado de afectación de la seguridad interior (igual por los embates del narcotráfico que por una rebelión o protesta) y echar mano del Ejército para sofocarla, sin que necesariamente se suspendan las garantías individuales, lo que permite darle la vuelta a la exigencia constitucional de que sea el Congreso el que apruebe un estado de excepción, que es el caso.

Senadores del PRI y el PRD habían accedido a permitir que fuera suficiente un visto bueno, no la aprobación formal por mayoría, a cambio de que Calderón y el Ejército accedieran a flexibilizar el fuero militar, no anulándolo, sino estableciendo que los militares involucrados en funciones policiacas que incurrieran en violaciones a los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles.

La noche del miércoles se perfilaba con los senadores del PAN un acuerdo en ese sentido luego de saberse que Calderón haría llegar al Senado una iniciativa para reformar el fuero militar, pero ayer en la mañana, cuando se esperaba conocer el contenido de la propuesta, lo que llegó al Senado fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para anunciar que tal iniciativa será presentada hasta el próximo periodo ordinario de sesiones (es decir, en septiembre) porque se quería abrir un lapso para que los militares reflexionaran y plantearan “la modernización y democratización” de las instancias de la justicia militar.

Dicho así, queda claro que hasta hoy no hay consenso en el Ejército para permitir que se sustraiga del fuero militar nada de lo que atañe a sus integrantes y, por lo tanto, falta de votos (los del PRI y el PRD) para aprobar la facultad presidencial de decretar sin el Congreso un estado de excepción. El tema, pues, se atoró.

Entre los mandos militares crece la opinión de que sin la legalización de su participación en la lucha contra el narcotráfico quedan expuestos a tener que responder ante la justicia por la muerte de inocentes y si así va a ser, prefieren responder ante el fuero militar. No se les olvida que por su participación en la matanza de Tlatelolco (1968) y en la “guerra sucia” contra grupos guerrilleros (1970-1980) han tenido que enfrentar acusaciones y procesos legales por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Las más recientes muertes de civiles nos indican, por los lugares donde ocurrieron, que altos mandos podrían enfrentar al cabo del tiempo acusaciones y procesos similares. Es el caso del general de división Guillermo Moreno Serrano, comandante de la IV Región Militar que cubre los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; el general de brigada Cuauhtémoc Antúnez Pérez, jefe de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León; y el general de brigada Lucino Carlos Piedra Lezama, jefe de la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, Tamaulipas. Tropas bajo su mando tuvieron que ver con la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey y de dos niños y un matrimonio tamaulipeco.

Instantáneas

1. INFIERNO EN EL PARAÍSO. Acuso recibo de los correos enviados por un buen número de morelenses. Todos coinciden que por la guerra contra el narcotráfico, Cuernavaca se ha convertido en un infierno.

2. COMPLICIDAD. El Frente de Agrupaciones Políticas Nacionales exige al IFE que asuma su responsabilidad en la denunciada venta del padrón electoral. Sólo se explica —dice— por la corrupción interna.