Nada les haría más feliz, pajarracos, que mirar a las tropas de infantes de Marina y a los batallones de la USA Army, cruzando la frontera con México para “apaciguar” esas tierras violentas del norte mexicano y tomar el control de la llamada guerra contra el narco. Eso es lo que en el fondo quieren y desean muchos sectores en Washington. Y no lo quieren de ahorita, por la muerte de tres ciudadanos estadounidenses que laboraban en su consulado en Ciudad Juárez, la quieren de siempre, desde aquel fallido intento de invasión de 1847.

Aunque ya es un hecho casi común que agentes policiacos de Estados Unidos y hasta algunos agentes militares encubiertos participen en los operativos contra el narcotráfico que realizan en México las dependencias federales y militares, la realidad es que hasta ahora, pajaritos, salvo los acuerdos secretos que realice el gobierno sin enterar con claridad al Congreso y al resto de los mexicanos, la Constitución y las leyes de nuestro país prohíben de manera terminante que fuerzas de seguridad de otros países, sean policías, agentes investigadores o militares, participen en labores de seguridad en territorio nacional.

La violación a la soberanía es algo que, aunque haya quienes lo consideran un tema “del pasado” o inoperante en la globalidad, sigue latente cuando lo que se involucra es la participación de fuerzas armadas de otras naciones. Es sabido ya que desde hace décadas, agentes de la DEA realizan labores de investigación y seguimiento de los temas del narcotráfico en México; lo hacen con consentimiento del gobierno mexicano y con base en tratados y acuerdos de cooperación existentes.

Pero lo que se plantea ahora, y por lo que presionan desde hace tiempo del otro lado del río Bravo, es que ya no sólo de la DEA sino de otras agencias y dependencias de seguridad de EU puedan participar en la planeación y ejecución de operativos policiacos y militares contra los grupos de la droga. Y por supuesto que es difícil creer que un marín o un agente de inteligencia militar estadounidense, asignado en los acuerdos de la iniciativa Mérida, aceptará venir a México sin armas, aunque nuestras leyes lo prohíban de manera expresa.

La muerte de los tres empleados del Consulado estadounidense en Juárez, ocurrida el fin de semana, ha revivido las presiones y los apetitos de muchos sectores militares y políticos de Washington que reclaman que su gobierno haga algo para garantizar la seguridad no sólo de su personal diplomático en México, sino que intervenga para dar garantías y tranquilidad a toda la población de EU que habita en la franja fronteriza y que tiene que interactuar, por negocios y comercio, con el lado mexicano.

Ayer, por lo pronto, pajarracos, se anunciaba el envío de agentes especiales del FBI que llegarán a Ciudad Juárez para investigar la muerte de sus conciudadanos. ¿Es el reconocimiento tácito de que el gobierno y el Estado mexicanos ya no pueden esclarecer esos crímenes ni garantizar la justicia para sus ciudadanos o para los extranjeros que por distintas causas viven en México?

No sé como lo vean ustedes, pajaritos, pero a mí se me hace que detrás de los lamentables asesinatos de Juárez, que dicho sea de paso, fueron sólo una parte de la estadística de sangre que ese mismo día le costó la vida a mexicanos inocentes que se vieron atrapados en los fuegos cruzados de los narcos, puede venir una escalada de presiones y forcejeos para aumentar la presencia y la participación de agencias estadounidenses en el combate a las drogas en México.

Tampoco sería la primera vez que eso ocurre y en todo caso se reeditaría una de las cíclicas oleadas de presión sobre México desde la Casa Blanca. La pregunta que les hago y que me hago, pajarracos, la verdad con algo de angustia, es: ¿estamos en condiciones de fuerza y solidez —y cuando digo esto me refiero a la sociedad, al país y a nuestro gobierno— de resistir en estos momentos uno más de los embates desde Washington?