En mi nota de la semana pasada, hacía referencia al dilema planteado en la discusión sobre qué priorizar: la reforma política o la fiscal. En esa ocasión argumentaba que, en virtud de que ambas reformas son probablemente las de mayor envergadura y complejidad debido a que afectan al conjunto de la sociedad, el dilema resultaba falso y en realidad su estrecha vinculación sugería realizarlas mejor de manera simultánea. También señalaba que, en la medida que estas reformas definen y afectan con mayor amplitud y profundidad buena parte del marco institucional o conjunto de reglas económicas y políticas (formales y algunas informales) que determinan el conjunto de incentivos que afectan la interacción de los individuos y organizaciones día con día, y en consecuencia la posibilidad de que se generen o no oportunidades productivas que contribuyan a un mayor crecimiento o a prácticas redistributivas y rentistas, mi percepción era que estas reformas se antojaban poco probables en las condiciones actuales, de frente a un “importante proceso electoral” y que en el mejor de los casos estaríamos ante nuevos “parches”.

Como lo sugería en esa nota, proceder de manera simultánea a realizar verdaderas y profundas reformas política y fiscal sería equivalente, en el fondo, a plantear un nuevo pacto nacional. Esto es, un nuevo acuerdo económico y político en nuestro país que permita redefinir nuevas reglas del juego en la medida que las existentes se habrían convertido en un obstáculo crucial para lograr nuevos mecanismos de participación en la vida económica y política que aseguren mayor crecimiento y mejor distribución de sus frutos entre la población.

Obviamente que esto implica la pérdida de privilegios de algunos grupos (probablemente muchos), y es por eso que ellos son los principales obstáculos para cambiar el actual equilibrio altamente ineficiente por uno más eficiente.

Es cierto que ésta no es una idea nueva y desde hace tiempo se ha venido señalando en diversos foros, ya sea por colegas académicos en sus participaciones periodísticas o diversos grupos de la sociedad. Para muchos queda claro que las reglas actuales, políticas y fiscales, sólo favorecen la existencia de grupos de poder rentistas, al proteger sus cotos y garantizarles una sustancial rebanada del pastel, por lo que es éste el principal elemento que se ha constituido en un freno para que logremos mayores tasas de crecimiento y mayor bienestar. Hace ya algunos años que esta idea quedó plasmada en las conclusiones de una de las reuniones del Grupo Huatusco, por mencionar sólo un caso. Pero la evolución dinámica de la sociedad mundial hace cada vez más urgente la necesidad de dar este paso, a riesgo de que el costo de no hacerlo siga aumentando, incluso de manera exponencial. España alcanzó su Pacto de la Moncloa, un acuerdo explícito a finales de los 70.

Otros países han avanzado en acuerdos implícitos, como los chilenos después de la dictadura de Augusto Pinochet. En ambos casos sus economías lograron registrar importantes periodos de alto crecimiento, pero nosotros sólo nos hemos conformado con cambios en el margen y un crecimiento mediocre en las últimas dos décadas.

Estamos hablando de un nuevo contrato que permita definir y comprender el papel de los miembros de la sociedad y del Estado en un nuevo marco de participación democrática y que garantice el verdadero cumplimiento de esos deberes. Este nuevo contrato debe promover y privilegiar también una cohesión social, que como han señalado algunos, destacadamente la Cepal, consagre y privilegie una relación de largo plazo entre las partes y considere que los términos pactados pueden adaptarse periódicamente a eventuales modificaciones coyunturales, mediante mecanismos consensuados de diálogo, negociación y reajuste. Pero en este marco, es necesario establecer procedimientos permanentes de negociación, renegociación y repartición de cargas en la sociedad. En el ámbito fiscal, es fundamental redefinir las formas de participación en la formulación y control de la ejecución del presupuesto.

Como sociedad tenemos que redefinir en qué, cuánto y cómo queremos gastar y luego cómo financiaremos este gasto público, garantizando que todos participamos en este proceso. Pero esto supone establecer nuevos mecanismos de participación y diálogo que involucren realmente a los destinatarios de las políticas públicas, que somos todos nosotros y no sólo unos grupos privilegiados. También debe garantizarse una verdadera fiscalización ciudadana de la administración pública.

Son sólo algunas ideas que en el papel se ven sencillas, pero que su implementación es profundamente compleja. Pero de no hacerlo se estará demostrando que el único objetivo actual es mediático y el único resultado, mantener el statu quo, el cual sólo seguirá produciendo un crecimiento mediocre y crecientes desigualdades.

Doctor en Economía por la Universidad de Washington. Especialista en macroeconomía, política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Profesor investigador de la División de Economía del CIDE, de la cual fue su director del 2000 al 2003. Ha sido consultor y asesor del gobierno mexicano, organismos privados y organismos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.