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México D.F., a 11 de febrero de 2010 | 11:45 PM

Alberto Barranco
Empresa
10 de febrero de 2010
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Terrorismo fiscal

Alineadas, finalmente, las cifras de ingresos y egresos públicos del año pasado, existe plena evidencia de que el ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, mintió, o al menos exageró, la magnitud del boquete fiscal en curso, en afán de exigir al Congreso un presupuesto recaudatorio



Digamos que a base de gritos destemplados, a veces desgarradores, el hoy gobernador del Banco de México llevó a la ratonera a los legisladores priístas y panistas, quienes cayeron sin más problema.

¿Se acuerda usted que el escándalo hablaba de 480 mil 100 millones de pesos de déficit entre recaudación y gasto? Bien, pues al final del día el faltante fue de 294 mil 500 millones.

El error (¿de dedo?), pues, fue 205 mil 600 millones, es decir algo así como el presupuesto total del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el desglose, los ingresos tributados brutos bajaron 11.6%, en tanto el gasto se incrementó en 2.2% en términos reales, es decir descontada la inflación.

La paradoja del caso es que aún cuando los ingresos presupuestarios, cuyo nivel fue de 2 billones 816.3 millones de pesos, resultaron inferiores en 94 mil 600 millones de pesos a los obtenidos en 2008, superaron en 24 mil 300 millones a lo presupuestado en la Ley de Ingresos.

El problema, decíamos, es que la falla en la calculadora del ex titular de la Secretaría de Hacienda justificó, o quizá sería mejor decir presionó, la catarata de aumentos de impuestos para este año, a contrapelo de la estrategia más ortodoxa para empujar la recuperación económica del país.

Más aún, le dio pie a los corifeos del poder para aplaudir hasta sangrarse las manos los incrementos en los precios y tarifas públicas, léase energía eléctrica, gasolinas, diesel, gas para uso doméstico…

Peor aún, más allá del incremento en el Impuesto sobre la Renta, en el Impuesto al Valor Agregado, en la gama de derechos, el escenario le abrió la puerta a una serie de disposiciones para apretar a los causantes, cuyo abanico integra un expediente más de terrorismo fiscal.

De entrada, por ejemplo, de cara a las reformas al Código Fiscal aprobadas por priístas y panistas en alianza por alcanzar el repudio de los votantes, si un banco no acatara una disposición del servicio de Administración Tributaria para inmovilizar una cuenta de algún contribuyente moroso, la multa será de 250 mil pesos.

Qué importa si el expediente no está debidamente integrado o la intermediaria recibió en forma extemporánea la solicitud de congelación.

Ahora que si, recibida ésta, el banco omite comunicarle al SAT que ya cumplió con la instrucción, el detallito le costará 225 mil pesos.

Y si le seguimos, si a algún contribuyente se le pasara reportarle al SAT información sobre comprobantes fiscales menores a 2 mil pesos, el castigo será de 15 mil.

En paralelo, si algún causante cautivo omitiera la destrucción de dispositivos de seguridad no utilizados, el error le costará entre 8 mil y 14 mil pesos por cada uno de ellos. Digamos que si el faltante llegara a 10, el castigo podría alcanzar 140 mil pesos.

Duro, pues, contra los que pagan impuestos, en contraste con la pasividad para quienes navegan en la economía subterránea; para los contrabandistas; para quienes falsifican certificados de origen; para los que aprovechan los beneficios de los programas de importación temporal para exportación… y colocan la mercancía en el mercado interno.

A quién le importa si para los expertos la imposición de colosales sanciones no hace más eficiente el fisco.

El caso es que en muchas ocasiones los errores que ahora se penalizan con paredones de fusilamiento en que los obuses sustituyen a las balas, son responsabilidad de los contadores, no de las empresas.

¿O qué, ahora hay que pagar a contadores que fiscalicen a los contadores?

Se diría que a la angustia en que vive la población por una delincuencia desbordada, hay que agregar ahora el levante las manos de la Secretaría de Hacienda.

Terrorismo fiscal.

Balance General

A partir del viernes de la semana pasada empezó a correr el plazo de 15 días hábiles, es decir tres semanas, que tiene por ley la Comisión Federal de Competencia para negar o aceptar la compra de un paquete de acciones de la firma estadounidense de telefonía inalámbrica Nextel, equivalente al 30% de su capital social, por parte de Televisa.

La opción colocaría de lleno a la firma de Emilio Azcárraga Jean en línea de competencia con Teléfonos de México en todos los terrenos, por más que a ésta aún no le dan licencia para operar en video.

Como usted sabe, Televisa tiene el camino allanado, de acuerdo a las bases de licitación, para quedarse con la mayor rebanada del pastel en las nuevas concesiones para el espectro radioeléctrico.

Las apuestas están mil a uno a que la CFC le de el visto bueno a su alianza con Nextel, quien por cierto es otra de las que saldrá largamente beneficiada en el reparto de nueva cobertura.

Casi el paraíso

En un capítulo más de la batalla que libra contra quienes lo ubican como el blanco mayor en el combate contra los monopolios, Teléfonos de México exhibe un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachussetts, en el que se sostiene que la firma opera una de las tarifas más bajas a nivel mundial.

El razonamiento, en las entrelíneas, habla de que si la firma encabezada por Héctor Slim ofrece costos reducidos a los usuarios no reúne la principal característica de las compañías hegemónicas, es decir abusar de su posición.

Digamos que sí existe competencia.

De acuerdo al documento que analiza el escenario en cuatro continentes, Telmex ocupa la tercera posición a nivel mundial en materia de tarifas reducidas en las canastas residenciales de consumo bajo y medio, y la cuarta para consumo alto.

Ahora que el documento no toma en cuanta los tipos de cambio, “dado que distorsionan las diferencias sistemáticas entre los distintos países en el comportamiento del cliente”.

Relevo en TMM

Dos años después de su sorpresivo salto a las filas privadas, el ex subsecretario de Ingresos de Hacienda, Fernando Sánchez Ugarte, presentó su renuncia como director general de Transportación Marítima Mexicana.

El relevo se dio en un ambiente de cordialidad.

El cargo será ocupado por el presidente de la firma, José Serrano Segovia, a petición expresa de los accionistas de la empresa naviera.

La principal tarea de éste será concluir la reestructura financiera de la compañía iniciada en diciembre pasado para solidificar su viabilidad.

 

 

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  Acerca del autor

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo, tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la prensa los difíciles problemas financieros del país y del mundo, con una autoridad otorgada por su larga trayectoria. Su trabajo se distingue por manejar la palabra coloquial con destreza y amenidad, dando al lector la oportunidad de comprender de modo sencillo el universo empresarial.

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