Un comandante del Grupo Antisecuestros de Chihuahua fue ejecutado en Ciudad Juárez, en el entronque de las calles Pedro Rosales y Tecnológico. El comandante viajaba en una camioneta Durango oficial, la cual fue interceptada por asesinos, quienes abatieron al policía estatal con armas de fuego AK-47. Luego le prendieron fuego a la patrulla.

Esta noticia pudo conocerse hace cinco años, dos, uno. Pero el homicidio de Carlos Soltero ocurrió el jueves 4 de febrero de 2010, días después de las masacres en Ciudad Juárez y Torreón del 30 de enero. Se publica esto el viernes 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política redactada en Querétaro y mutilada en la capital; en la primera ciudad operan cientos y cientos de policías federales y locales. Y el Ejército mexicano vigila el mundo rural inmediato. Mientras a un ciudadano llamado José Dolores Arroyo Chavarría —presente en la masacre de estudiantes en Villas de Salvacar— se le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa contra dos sargentos del Ejército y contra dos civiles, uno de ellos mujer. Esto adquiere gran importancia porque Arroyo Chavarría declaró que en el choque armado con esos soldados murió uno de los principales responsables del asesinato de estudiantes: un cabecilla importante de una de las bandas enfrentadas por el control de la región. Es decir; en Ciudad Juárez somos testigos de un galimatías criminal casi indescifrable. Y, mucho más grave, de un estado de sitio virtual impuesto por los grupos criminales.

Ciudad Juárez es hoy la expresión exacta, pura, de lo que el escritor Sergio González Ramírez llama “esquizofrenia institucional”: la ausencia de un real Estado de Derecho, un vacío ocupado por las empresas criminales transnacionales y los grupos de asesinos a su servicio. Lea, por favor, de nuevo el primer párrafo. Y al menos desde septiembre, en Juárez se han ejecutado tres brutales masacres. Pero, un momento, los distintos niveles de gobierno estaban advertidos: “Encaminamos nuestros esfuerzos a defender a toda la comunidad de la violencia terrorista. Advertimos a los congresos de México y Estados Unidos, a la Segob, a la PGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Iniciamos una campaña de denuncias más precisas de los carteles de asesinos y sus grupos de sicarios. Unos a otros esquivaron la responsabilidad. Las policías nos remitieron al Ejército; no era su asunto dijeron. Recibimos en general agresiones verbales y políticas, así como amenazas por parte de autoridades y cárteles”.

El Ejército en las calles; sí, ese es el problema central y lo saben los jefes militares. Los soldados salieron a ocuparlas hace tres años para “recuperar los territorios ya dominados por las mafias”. Ese era el objetivo; pero la táctica principal para alcanzarlo fue la conocida en los medios policíacos como “el topón”. Veamos: por la mañana, frente a una escuela primaria en una ciudad cualquiera, un convoy militar localiza una casa sospechosa. El Ejército despliega a sus hombres y en efecto, comienzan los disparos. Mientras los niños toman clases a unos metros. Pero los milagros ocurren y las partes acceden a una tregua mientras se evacua a maestros, padres y niños. Luego los criminales son sometidos con varias bajas en su bando. Pero no siempre los milagros ocurren; y si una familia o un par de jovencitos se aterran frente a una revisión federal al azar, e imprimen velocidad a su vehículo, les puede suceder lo peor. Se convertirán en “daños colaterales”.

Como una táctica no puede sustituir a la estrategia, la esquizofrenia institucional se extiende como cáncer por toda la nación. Nadie en el gobierno siquiera quiso oír que cuando se pega en Chiapas, los resultados se muestran en la frontera con Texas; y si cierras el mar de Quintana Roo, lo van a resentir en Coahuila y Chihuahua. Pues entonces vas a tener una estrategia para atacar a los cárteles como estructuras complejas. Con toda la fuerza del Estado. Es inútil; no escuchan.

Eduardo Valle se graduó en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Fue dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado federal y asesor del procurador general de la República, Jorge Carpizo.