Como sucede cada vez que se juntan, el PRI y el PAN han cometido nuevos abusos. Ahora se coludieron para quedarse con la tajada más grande del presupuesto federal de 2010, única y exclusivamente en función de sus ambiciones político-electorales, excluyendo a los ciudadanos y sus necesidades de desarrollo.
Primero se hicieron cómplices para evitar que los grupos económicos más poderosos del país perdieran los privilegios fiscales obtenidos durante décadas de gobiernos priístas y ampliados en gestiones panistas. No fuera a ser, según su cálculo político, que al hacerlo incomodaran a quienes los apoyaron abiertamente para acceder al poder.
En ese marco también se juntaron para elevar el IVA de 15 a 16% al consumo generalizado, y la tasa del Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30%, hechos que se reflejarán negativamente en los bolsillos del ciudadano a partir del primer día del año próximo. Es decir, otra vez decidieron cargarle la mano a quienes sí pagan impuestos permanentemente.
Una vez que elevaron las contribuciones a las clases medias y a los más pobres, PRI y PAN se aliaron para acordar un presupuesto de egresos donde se repartieron los recursos públicos como si fueran propiedad de los grupos políticos en el poder.
Además, como ya lo han hecho en años anteriores, de nuevo castigaron a la ciudad de México y a sus habitantes, reduciéndoles el monto de recursos solicitados y manteniéndola al margen de los fondos federales que sí reciben el resto de las entidades federativas. En suma, le negaron los dineros a que tiene derecho en justicia, de acuerdo a las necesidades de sus habitantes.
En contrapartida, estados gobernados por priístas recibirán las mayores aportaciones de su historia. Lo anterior evidencia que en la aprobación de este presupuesto PRI y PAN se repartieron patrimonialmente los recursos públicos en vez de acordar las asignaciones en función de un proyecto de desarrollo nacional. (De hecho, excluyeron de la negociación a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión).
Así, lo acordado en San Lázaro a principios de semana se limitó a satisfacer las necesidades político-electorales de gobernadores y grupos de interés dominantes en los estados gobernados por PRI y PAN, al más puro agandalle.
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