El obsequio tiene como destinatarios, en específico, a las empresas UPS, Federal Express y DHL, en un horizonte en que de entrada se les permite el transporte de carga y se les abre la puerta a operaciones de cabotaje, es decir, realizar entregas desde y hacia el interior del país.
Y a lo mejor usted piensa que el esquema, a final de cuentas, está alineado a los tiempos que corren, es decir obligaría a las firmas nacionales a ser más competitivas en el rejuego de la propia competencia.
La letra con sangre entra.
El problema, lo adivinó, es que no existe la posibilidad de reciprocidad. Lo que México entrega en bandeja de plata no se puede hacer en el país vecino. En la misma ruta de los gobiernos priístas, el panismo entrega todo sin recibir nada a cambio. Lo grotesco del asunto es que en la puesta en escena del entreguismo más abyecto, se llega al absurdo de pisotear acuerdos internacionales como el celebrado con la Unión Postal Universal.
De acuerdo con éste, el tamaño máximo de los paquetes que puede transportar una empresa de mensajería y paquetería es de 31.5 kilogramos, en congruencia con lo cual la capacidad óptima de los vehículos para el transporte de éstos no puede exceder de cuatro toneladas.
La propuesta original de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hablaba de elevar la capacidad a nueve toneladas. Sin embargo, en un segundo planteamiento realizado a la Comisión de Mejora Regulatoria habla de 11, es decir casi tres veces lo que señala la regla internacional.
El titubeo, aparentemente producto de una reunión bilateral en que la representación de Estados Unidos dio un palmetazo en la mesa, poniendo a temblar a la nuestra, provocó un extrañamiento de la Comisión Federal de Competencia.
El problema es que ésta fue más allá, al plantear de plano que no haya límite, es decir, que se deje en libertad a los permisionarios para utilizar el vehículo “cuyas características se ajusten de mejor manera a las necesidades de negocio”. Ad infinitum, pues.
El caso es que, a las protestas de las empresas nacionales de mensajería y paquetería y de los propios transportistas de carga, la instancia federal respondió que ella no sabe de reciprocidad, y que en tal caso su tarea es promover la competencia. El problema es que se soslaya que el mercado relevante no se constriñe al país, sino a la parte norte del hemisferio.
Lo cierto es que la expedición de un reglamento sin respeto a los principios vinculantes del stand-still o statu quo no es la primera puñalada trapera que reciben las empresas nacionales.
De entrada, México abrió la frontera a las firmas extranjeras de paquetería y mensajería sin exigir lo propio en Estados Unidos, jugando la carta como canje durante la negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, la apertura, realizada en diciembre de 1993, a un mes de la entrada en vigor del acuerdo mercantil, no incluía operaciones de cabotaje en el servicio de autotransporte de carga, lo que reclamaría, en tal caso, la sanción del Senado de la República, puesto que fue la instancia que aprobó la negociación del TLCAN.
De expedirse el reglamento tal cual ya dictaminó favorablemente la Comisión de Mejora Regulatoria, la definición de “paquete” se iría al infinito, es decir, no habría límite para diferenciar entre una empresa de paquetería y mensajería y otra de carga.
La puerta, pues, estaría abierta a la llamada carga “paletizada”, dejándole a las empresas nacionales como única alternativa la de granel, ubicada como el patito feo del negocio.
Naturalmente, el escenario quedaría listo para una catarata de amparos como única alternativa para evitar la extinción de las empresas.
Y aunque las propias compañías de mensajería y paquetería habían pugnado desde 1993 por que se expidiera un reglamento para el ramo, la sorpresa es que éste pretende caminar pisoteando la propia ley.
Y háganle como quieran.
Balance general
De acuerdo con la ruta crítica prevista, la próxima semana las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Economía del Senado iniciarán la discusión sobre la iniciativa planteada por el panista Marko Cortés para abrir al ciento por ciento la telefonía fija al capital extranjero. Se revive, pues, la llamada propuesta Gil Díaz, que había planteado a trasmano el ex secretario de Hacienda y Crédito Público en su carácter de presidente de la Telefónica México, filial de la Telefónica de España.
La ofensiva se lanzó en respuesta a una acusación de Teléfonos de México de que la firma que opera en telefonía móvil bajo la marca Movistar también lo hacía en fija, con una pequeña firma que rebasaba la limitación de 25% al capital externo. La posibilidad representa un nuevo jaque para la firma estelar de Carlos Slim, con la novedad de que en Estados Unidos no existe la posibilidad de hacer lo propio.
Limpio de polvo…
Cancelada por la primera minoría priísta en la Cámara de Diputados la posibilidad de reelección del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, desde las filas privadas se cabildea una alternativa más libre para el relevo.
Estamos hablando de Raúl Sánchez Kobashi, a quien avala su trayectoria de 40 años en órganos de control interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, y las tareas de la propia Secretaría de la Contraloría.
En paralelo, el candidato lleva ocho años en la dirección general en la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta.
Ex funcionario público, pues, con perfil de privado.
Su ventaja, además, es que no tiene despacho de auditoría, lo que se le cuestionaba a González Aragón, ni familiares en el ámbito del sector al que va a fiscalizar.
Ni amiguitos, ni compadres, ni parientes incómodos, pues.
Bomba de tiempo
Veinticinco años después de la tragedia de San Juan Ixhuatepec provocada por una falla en los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), concretamente en la zona llamada “Polígono de Seguridad”, la bomba de tiempo sigue activada. Como recordará usted, la terrible explosión provocó más de 200 muertos.
Lo dramático del asunto es que al estupor por la catástrofe el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado expidió un decreto que obligaba a la reubicación de las empresas gaseras instaladas en la zona, es decir, Gasomático, Unigas, Vela Gas, Bello Gas, Gas Metropolitano y Gas y Servicio de México.
La orden se volvió letra muerta.
La pregunta sigue abierta:
¿Pesan más acaso los intereses de las gaseras que la seguridad de miles de ciudadanos?
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